Flybondi: el Senado exige respuestas a la ANAC por las cancelaciones masivas de vuelos

La iniciativa dirige el reclamo al Poder Ejecutivo para que responda a través de la Administración Nacional de Aviación Civil. Aunque no determina responsabilidades ni establece penalidades, abre un nuevo frente institucional para la low cost y coloca bajo análisis la actuación del organismo encargado de controlar el transporte aerocomercial.

El eje no pasa solamente por establecer cuántos servicios canceló Flybondi. El proyecto busca conocer si la programación que la empresa mantuvo a la venta era compatible con su capacidad operativa real, qué fiscalización ejerció la ANAC y qué soluciones recibieron los pasajeros perjudicados.

Flybondi: los nueve puntos que deberá explicar la ANAC

La lectura del documento original permite precisar que el pedido contiene nueve requerimientos. Los primeros puntos reclaman las actas de infracción y los sumarios administrativos iniciados durante 2025 y 2026 por cancelaciones o incumplimientos horarios de Flybondi.

Juri también solicitó la cantidad de reclamos individuales recibidos por la ANAC, los antecedentes de sanciones contra la empresa y las medidas implementadas para garantizar respuestas efectivas frente a la suspensión de vuelos.

Uno de los capítulos más sensibles se refiere a la reducción de la flota. La senadora reclama conocer qué información presentó Flybondi -o qué documentación le requirió la autoridad- sobre sus aviones disponibles y su capacidad para cumplir las rutas comerciales concedidas. (Vacaciones de invierno: solo 6 de cada 10 vuelos llegaron a horario)

El documento pregunta, además, qué hizo la ANAC para supervisar las obligaciones de asistencia y reubicación. También solicita estadísticas de vuelos programados, realizados, cancelados, demorados y reprogramados por cada aerolínea que opera en el país, discriminadas por mes, aeropuerto, ruta, destino y causa informada.

El noveno punto profundiza sobre las respuestas concretas ofrecidas a los usuarios de Flybondi. Juri pidió identificar cuántos pasajeros fueron reubicados en vuelos propios o de otras compañías, cuántos recibieron reintegros y cuáles accedieron a alojamiento, alimentación, traslados u otras medidas de asistencia.

La presentación también exige que se informen los plazos de respuesta y resolución. En el caso de Mendoza, reclama un detalle específico de los pasajeros afectados en servicios con origen o destino en la provincia.

El planteo de Juri: pasajeros, conectividad y turismo

El argumento que sostiene la iniciativa excede el desempeño comercial de una empresa. Juri encuadró el pedido en la necesidad de proteger a los pasajeros, preservar la conectividad federal y evitar que las fallas del transporte aéreo terminen perjudicando al conjunto de la actividad turística.

“Esta exigencia de información es el primer paso para contribuir a la protección de los pasajeros”, afirmó la legisladora, quien también solicitó audiencias con autoridades de la ANAC y de Defensa del Consumidor.

La senadora sostuvo que la conectividad aérea es imprescindible para Argentina, y vinculó la situación de Flybondi con el impacto sobre una industria que genera inversiones y puestos de trabajo. “El turismo es una industria que genera inversión y empleos que tenemos que defender”, planteó.

Desde esa perspectiva, recalcó que la cancelación de un vuelo no afecta únicamente al usuario que no puede viajar. La contingencia se traslada a agencias de viajes, operadores, hoteles, transportistas, prestadores de excursiones y destinos que habían organizado sus servicios sobre una programación aérea previamente confirmada.

En este sentido, enfatizó que el pedido intenta establecer, en definitiva, si Flybondi continuó comercializando vuelos sin contar con respaldo operativo suficiente para realizarlos y si la ANAC adoptó medidas oportunas para impedir que esa eventual brecha entre oferta y capacidad siguiera ampliándose. (Flybondi profundiza su crisis ante el silencio gubernamental)

La crisis de Flybondi, reflejada en los vuelos cancelados

Los datos difundidos por Juri describen un deterioro sostenido durante 2026. Desde el comienzo del año, Flybondi habría cancelado 2.081 de los 10.204 servicios programados, una proporción superior al 20%. Desde el 1° de abril, la tasa de cancelación habría escalado al 36%.

El escenario se agravó en junio, cuando la compañía habría realizado 803 de los 2.626 vuelos previstos, equivalente al 30,6% de la programación. Durante las primeras dos semanas de julio, el relevamiento citado por la legisladora contabilizó 23 vuelos concretados sobre 427 programados.

Otro corte estadístico difundido por Juri registró durante julio: 290 cancelaciones frente a 102 vuelos que sí despegaron. Las cifras no necesariamente representan el mismo período ni utilizan idéntica fecha de cierre, por lo que deben interpretarse como fotografías sucesivas del deterioro operativo y no como universos directamente comparables.

La caída ya era visible en mayo. Según el índice de confiabilidad elaborado por Adventus, Flybondi presentó ese mes una puntualidad del 26,64% y canceló el 46,93% de sus vuelos programados. Entre junio de 2025 y mayo de 2026 acumuló más de 2.500 cancelaciones, que habrían afectado a más de 350 mil pasajeros.

La reducción operativa también se reflejó en el mercado doméstico. En mayo de 2026, la low cost transportó poco más de 70 mil pasajeros, frente a los 205.536 registrados durante el mismo mes de 2025, y redujo su participación en el cabotaje al 6%.

Una flota reducida frente a una programación difícil de sostener

El deterioro tiene como telón de fondo la pérdida de capacidad operativa. De acuerdo con los datos recogidos por Juri, la compañía comenzó enero con un promedio cercano a 19 aeronaves disponibles por día, pero durante los meses siguientes llegó a operar con aproximadamente tres aviones diarios.

La reducción dejó a la aerolínea con un margen limitado para responder ante mantenimientos, desperfectos o contingencias. Con una flota mínima, la salida de servicio de una sola aeronave puede obligar a reorganizar varias rutas, consolidar pasajeros o cancelar sucesivamente vuelos previstos para esa jornada.

Precisamente por eso, el pedido no se limita a preguntar cuántos aviones tiene la compañía. Busca establecer qué programación informó Flybondi a la autoridad, qué capacidad consideró disponible y si la ANAC detectó inconsistencias entre los vuelos ofrecidos y los recursos existentes para realizarlos.

El interrogante tiene un antecedente directo. En diciembre de 2024, la Secretaría de Transporte intimó a Flybondi a presentar un plan correctivo después de que cancelara 384 de los 1.991 vuelos operados durante noviembre. El Gobierno exigió entonces que la compañía ajustara sus solicitudes a su “capacidad operativa real”, y evitara ofrecer servicios que no pudiera garantizar. (Flybondi concentró el 74% de las cancelaciones de vuelos en Argentina durante el primer semestre)

Qué ocurrió con las actas de infracción contra Flybondi

La ANAC también informó el 15 de enero de 2026 que había labrado actas de infracción contra Flybondi por cancelaciones de vuelos comerciales sin aviso previo. El organismo señaló, además, que había recibido quejas de pasajeros que podían originar nuevas sanciones.

El procedimiento puede derivar en multas y, ante incumplimientos graves, en la suspensión temporal o cancelación de la autorización para prestar servicios aerocomerciales. Sin embargo, el comunicado oficial no detalló el resultado final de los sumarios ni precisó si se aplicaron penalidades.

Allí aparece una de las preguntas centrales de Juri: qué ocurrió después de las actas. El proyecto solicita conocer cuántos expedientes avanzaron, cuáles fueron archivados, si hubo sanciones efectivas y qué medidas se adoptaron para comprobar que la empresa corrigiera las conductas observadas.

La respuesta permitirá evaluar no solo las responsabilidades de Flybondi, sino también la eficacia de la fiscalización estatal. Labrar un acta deja constancia de un posible incumplimiento; el punto pendiente es determinar si ese procedimiento produjo correcciones concretas o si las cancelaciones continuaron profundizándose.

La crisis de Flybondi ya había llegado a Diputados

La presentación de Juri se suma a otros cuestionamientos legislativos. El 13 de julio, la diputada nacional Roxana Monzón presentó el expediente 3356-D-2026, que reclama al Poder Ejecutivo información sobre la situación operativa de Flybondi y otras cuestiones relacionadas con la empresa.

La iniciativa de Diputados comprende aspectos operativos, financieros y laborales, además de controles de la ANAC, venta de pasajes, vuelos cancelados y reclamos de usuarios.

La coincidencia de planteos en ambas cámaras muestra que el conflicto dejó de ser exclusivamente comercial para convertirse también en un asunto regulatorio y político. (Flybondi: Paz Lovisolo deja el cargo de CEO en medio de una crisis operativa)

Un problema particular dentro de un mercado aerocomercial récord

La crisis de Flybondi contrasta con el desempeño general del transporte aéreo. Entre enero y junio de 2026, los aeropuertos argentinos contabilizaron 24.565.836 pasajeros, el mayor registro histórico para un primer semestre y un 1% por encima del récord de 2025.

Durante ese período se registraron 193.900 movimientos aéreos, un 10% más que en 2024 y un 7% por encima de 2023. El contraste sugiere que la retracción de Flybondi no responde a una caída generalizada de la actividad, sino principalmente a las dificultades particulares de la compañía para sostener su operación.

Para el mercado turístico, esa diferencia resulta relevante. En un sistema que incrementa pasajeros y suma conexiones, la pérdida de capacidad de uno de sus principales operadores domésticos puede redistribuir la demanda, reducir la competencia en determinadas rutas y elevar la dependencia de las compañías que mantienen mayor regularidad.

El impacto sobre agencias de viajes y destinos

Las cancelaciones generan un costo que rara vez queda circunscripto al boleto aéreo. Para las agencias de viajes implican horas de gestión, cambios de reservas, reemisiones, reclamos, reubicaciones y atención de pasajeros que, en muchos casos, responsabilizan al intermediario por una contingencia ajena. (Flybondi suma un nuevo conflicto: reclaman una deuda por más de $ 600 millones)

Cuando la interrupción ocurre en plena temporada, también pueden perderse noches de alojamiento, excursiones, traslados y conexiones. En los destinos con menor oferta aérea, la suspensión de una frecuencia puede dejar al pasajero sin una alternativa inmediata o exigirle adquirir otro boleto a una tarifa considerablemente superior.

El pedido de informes abre así una discusión de fondo: qué grado de respaldo operativo debe acreditar una aerolínea antes de comercializar su programación y hasta dónde debe intervenir el regulador cuando el incumplimiento deja de ser excepcional y se vuelve sostenido.

La respuesta de la ANAC será decisiva para conocer si los controles y sumarios iniciados contra Flybondi produjeron resultados, qué protección recibieron los pasajeros y si el organismo actuó antes de que la crisis comprometiera todavía más la confiabilidad de la conectividad aérea argentina.