Exfuncionarios de Turismo, procesados por corrupción

Por Claudio López

Exfuncionarios del Ministerio de Turismo (MinTur) y el Consejo Federal de Turismo (CFT) durante los tiempos en que Gustavo Santos encabezó la cartera nacional, fueron procesados por la contratación irregular de publicidad.

Infobae, a través de un artículo firmado por el periodista Omar Lavieri, informó que la jueza María Servini resolvió el procesamiento de Mariano Ovejero, Claudio Massetti, Fernando García Soria y Ana Gradin por los delitos de incumplimiento de los deberes funcionario público y negociaciones incompatibles con la función pública.

Asimismo, Servini procesó a los empresarios que intervinieron en la maniobra: Marcelo Barrientos y Mauricio Jörgensen.

Ladevi expuso el delito

La causa hoy prospera gracias a una nota periodística publicada bajo el título "Otra escandalosa contratación en torno al MinTur" en el semanario La Agencia de Viajes Argentina en su edición 1.416 del 23 de mayo de 2016 y luego presentada ante la Oficina Anticorrupción y firmada por Gonzalo Yrurtia, editor de LADEVI Medios y Soluciones.

La presentación se hizo cuando el organismo era comandado por Laura Alonso, en 2018. La funcionaria ya había dejado entrever que "una causa contra un ministro de la Nación era algo muy serio", como un evidente eufemismo del cajoneo que seguiría el caso.

Recién en 2022, bajo la dirección de Félix Crous, se le dio curso.

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Asimismo, las portadas de nuestros medios especializados denunciaron ésta y otras maniobras fraudulentas sucedidas durante el mandato de Santos primero en el Ministerio de Turismo y luego en la degradada Secretaría de Turismo.

Breve racconto del fraude

De cara a Semana Santa de 2016, en una acción cooperada entre el Ministerio de Turismo y el Consejo Federal de Turismo, se pergeñó una campaña publicitaria donde se compraron espacios radiales en todas las provincias con el fin de difundir los atractivos nacionales.

El costo de la campaña fue de $ 10 millones, que al tipo de cambio de ese momento, equivalía nada menos que a US$ 675 mil.

De esta manera el organismo público –a instancias de Mariano Ovejero, por entonces presidente del CFT y ministro de Turismo de Salta– invitó a cotizar la campaña a tres empresas proveedoras que, para nada casualmente, estaban vinculadas entre sí.

Ellas fueron Team Media, Publicidad 10 –ambas incluso del mismo empresario, Marcelo Barrientos– y 80/20 Marketing & Publicidad, de Mauricio Jörgensen, también relacionada con las primeras. Es decir, no existió una verdadera compulsa de precios, sino que las tres presentaciones solo sirvieron para disimular la maniobra fraudulenta.

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Mariano Ovejero, por entonces presidente del CFT y ministro de Turismo de Salta, es uno de los acusados del fraude.

Ladevi

La nota de Infobae detalla la situación procesal

El portal de noticias Infobae publicó esta semana el informe de la Oficina Anticorrupción ante la Justicia, que dejó sentado lo siguiente: “Pese a que la contratación se habría instrumentado conforme lo previsto por el reglamento interno del CFT, art. 10 inc. “c”, sobre contratación directa por razones de urgencia o emergencia, a lo largo del trámite del expediente no se hace referencia alguna a dicha normativa. No surge del mismo por qué Ovejero eligió a las tres empresas implicadas y no a otras, ni tampoco surge el medio por el cual se les solicitó que informaran presupuesto. Ninguno de los tres presupuestos presentados por las empresas exhibe diferencias significativas, solo se diferenciaban en el monto final presupuestado, con claras similitudes en la redacción de las planillas y que, aunque no surge que se haya requerido específicamente que se empleen pautas radiales, los presupuestos se centraron en ese medio. Entre las similitudes resaltadas, destaca en las planillas de ‘Team Media’ y ‘Publicidad 10’ mismas fechas y error de escritura respecto del cliente, que figura como ‘Cosnejo Federal de Turismo’”.

Es decir que en ambas presentaciones figuraba el mismo error de tipeo.

La investigación del fiscal Delgado

La investigación del caso fue desarrollada por el fiscal Federico Delgado, quien en mayo y septiembre de 2022 llevó a indagatoria, en calidad de imputados, a funcionarios y empresarios.

De acuerdo a la información de Infobae, los exfuncionarios negaron los cargos en su contra. Algunos señalaron que el que manejaba el CFT era el coordinador y que el ministerio de Turismo no tenía injerencia en cuestiones como las investigadas. Incluso varios dijeron que el gasto en publicidad se había aprobado en la asamblea del CFT realizada aquel año en Puerto Madryn, al tiempo que negaron conocer a los empresarios.

Sin embargo, según el procesamiento al que accedió ese medio, en las actas de aquella asamblea del CFT no quedó asentada la decisión de hacer la campaña publicitaria en Semana Santa.

En tanto, el empresario Barrientos desconoció a los funcionarios públicos y explicó que las dos firmas bajo su control que se presentaron a la compulsa de precios eran sociedades diferentes y se dedicaban a distintas actividades: una era una “central de medios” y otra era una “agencia de publicidad integral”.

En este punto vale indicar que más allá de lo escandaloso de presentarse con dos empresas a una misma compulsa, el propio reglamento de contrataciones del CFT estipulaba claramente la imposibilidad de participar con más de una oferta en un mismo proceso de adquisición de servicios “ya sea por sí o como integrante de un grupo o consorcio. Se rechazarán por inadmisibles todas las que participe quien transgreda esta prohibición”.

Por su parte, Jörgensen, de la empresa 80/20, dijo conocer a dos de los exfuncionarios por haberlos visto en alguna feria de turismo y señaló que tenía relación comercial con las otras empresas.

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Gustavo Santos era el ministro de Turismo cuando tuvo lugar la campaña publicitaria que otorgó $ 10 millones a una empresa de manera fraudulenta.

Ladevi

La resolución de la jueza María Servini

Para Servini los delitos son evidentes, y por ello fueron procesados –sin prisión preventiva– tanto funcionarios como empresarios.

“Omitieron cumplir con sus obligaciones legales, cuando no actuaron en contra de las mismas, con el único fin de que se celebre y se concrete el contratar por parte del Consejo Federal de Turismo a la empresa “Team Media S.A.” en la persona de Marcelo Rafael Barrientos para realizar una campaña publicitaria en miras al período “Semana Santa 2016″ por la suma de $ 10.072.983,80, suma esta que fue abonada con fondos de la Secretaría de Turismo de la Nación (SIC)”, indicó la jueza en su resolución.

De esta manera se procesó por incumplimiento de los deberes funcionario público y negociaciones incompatibles con la función pública a:

Claudio Massetti, por entonces coordinador del Ministerio de Turismo ante el CFT.
Mariano Ovejero, por entonces presidente del CFT y ministro de Turismo de Salta.
Fernando García Soria, por entonces subsecretario de Promoción Turística de la Nación (actualmente es secretario de Turismo de la ciudad de Salta).
Ana Gradin, directora de asuntos jurídicos del ministerio de Turismo.

A ello se suman los empresarios Barrientos y Jörgensen.

Además, cada uno fue embargado por poco más de $ 50 millones.

Cabe indicar que el procesamiento dictado por Servini fue apelado por los imputados. En una siguiente instancia será la Sala II de la Cámara Federal porteña la que resolverá si confirma o revoca lo decidido por la jueza.

Texto de la nota publicada en 2016: "Otra escandalosa contratación en torno al MinTur"

Mientras los ecos de la polémica por la promoción de Argentina en Estados Unidos ni amagan con apagarse, estalló otro escándalo en torno a una irregular contratación de publicidad en la semana previa a la última Semana Santa y gestionada por el Consejo Federal de Turismo (CFT). Y como suele pasar cuando la historia se repite dos veces, la segunda lo hace como farsa.

Compulsa fraguada de precios

La campaña publicitaria de Semana Santa fue una acción cooperada entre el Ministerio de Turismo de la Nación (MinTur) y el Consejo Federal de Turismo (CFT), donde se compraron espacios radiales en todas las provincias para difundir un par de docenas de diferentes spots de 20 segundos sobre atractivos y calendarios de los destinos nacionales durante ese fin de semana largo.

El costo de la misma fue de $ 10 millones. Y el Reglamento de Contrataciones del CFT obliga a que cuando el monto de la erogación supere los $ 300 mil, el prestador del servicio sea decidido mediante un concurso privado.

Para lo cual, como indica el artículo 13, se procedió a invitar a cotizar la campaña a tres proveedores del mercado. Efectivamente, así lo confirmó el coordinador del Ministerio de Turismo ante el Consejo, Claudio Massetti: "Hicimos una compulsa de precios entre tres empresas. Y todo resultó en una campaña muy exitosa". El funcionario informó además los nombres de las tres que "compitieron" por el contrato.

He ahí donde se repite la historia del Inprotur. La agencia de publicidad y marketing ganadora (a la cual llamaremos la agencia A) es la misma que se benefició con el contrato de la campaña en Estados Unidos, al cual hubo que calzar con fórceps y sumar una ignota S.A uruguaya para que no superara los US$ 1,5 millones que hubieran obligado a llamar a una licitación.

En el caso de la campaña de Semana Santa, el modus operandi para que la agencia A se quedara con el contrato de $ 10 millones fue directamente fraguar el concurso privado de precios. La farsa se orquestó haciendo que las empresas B y C, que se necesitaban para cumplir con el reglamento, fueran uña y carne de la que a la postre resultó la ganadora. Y, en solidaridad con la primera, presentaran presupuestos más onerosos.

La operación es burda y está tan a la vista que cuesta mucho creer que no fue digitada desde el organismo. Por ejemplo, la agencia B comparte el mismo edificio y piso de domicilio fiscal y comercial que la A. Y, por si fuera poco, el director de la empresa ganadora declara ser el fundador, principal accionista y actual presidente de la agencia B.

En el caso de la empresa C, su principal socio mantiene "relaciones comerciales" con la agencia A. Sin ir más lejos, actúa como intermediario de la compañía de publicidad que se quedó con los contratos del CFT y el Inprotur. Al punto que están documentadas gestiones a su nombre por la compañía A.

Más allá de lo evidentemente escandaloso que resulta per se la maniobra, vale aclarar que el artículo 19 del Reglamento de Contrataciones del CFT es explícito al referirse a la imposibilidad de participar en más de una oferta en el mismo proceso de adquisición de servicios "ya sea por sí o como integrante de un grupo o consorcio. Se rechazarán por inadmisibles todas las propuesta en las que participe quien transgreda esta prohibición".

Ovejero ratifica la legalidad en la licitación del CFT

Desde este medio consultamos al actual presidente del CFT y ministro de Turismo de Salta, Mariano Ovejero, quien negó a priori la evidente falta de transparencia en la puja de precios.

"Desde el punto de vista de la formalidad, la contratación es perfecta. Y, además, hay un informe técnico de la Coordinación que depende del Ministerio de Turismo que así lo avala", explicó Ovejero, quien añadió: "Yo no conozco a las empresas, ni me consta que estén relacionadas entre sí. Además, el coordinador del CFT me confirmó que los presupuestos de las empresas agregados en el expediente tienen domicilios distintos".

De acuerdo al titular de la cartera salteña, desde el Consejo se dieron administrativamente todos los pasos necesarios (pedido al MinTur de autorización de fondos con oportuna rendición de cuentas) y en ningún momento se violó el reglamento de contrataciones del CFT. "Estaría bueno que lo que denuncian se convierta en una presentación formal, para así luego yo mismo puedo pedir las explicaciones del caso. Pero hoy el expediente está perfecto y la oferta es la más conveniente. Y así lo dicen el plantel administrativo y jurídico que en su informe plantean que todo está ajustado a la legalidad", concluyó Ovejero.

Si bien tanto el CFT como el Inprotur son los dos organismos responsables de las polémicas contrataciones reveladas por este medio, lo inquietante es que en ambas investigaciones se señala con el dedo hacia Suipacha 1111 como maestro de orquesta de ambas.

La farsa en números:

$ 300 mil es el tope para contrataciones directas del CFT.
$ 10 millones los que se invirtieron en una semana de spots radiales.
3 las ofertas compulsadas en el concurso privado.
2 de las empresas que se presentaron tienen el mismo domicilio y comparten director y presidente. La tercera es dirigida por alguien que también ha operado para la ganadora.