Tensión en el CFT: La Pampa y San Juan chocaron por la política, las rutas, el agua y la minería

Lo que había comenzado como una exposición sobre la caída del consumo, la situación de la temporada de invierno y las dificultades de conectividad terrestre escaló hasta convertirse en una discusión sobre la política nacional, el manejo del agua, la Ley de Glaciares y el desarrollo minero.

Los protagonistas fueron Saúl Echeveste, secretario de Turismo de La Pampa, y Guido Romero, ministro de Turismo, Cultura y Deporte de San Juan, dos provincias con intereses diferentes frente a la administración de los recursos naturales y las políticas impulsadas por el Gobierno nacional.

San Juan acusó a La Pampa de llevar “temas políticos disfrazados” al CFT

La respuesta más contundente llegó de parte de Romero, quien consideró que Echeveste había excedido la problemática turística al incorporar cuestionamientos a la política nacional y a la reforma de la Ley de Glaciares.

“Claramente lo de Saúl fue un tema político”, planteó el ministro sanjuanino durante su intervención.

Romero sostuvo que prácticamente todas las decisiones públicas tienen algún impacto directo o indirecto sobre el turismo. Sin embargo, advirtió que, si ese criterio se aplicara sin límites, "el Consejo podría terminar convertido en un ámbito de deliberación sobre cada una de las políticas nacionales".

Según el funcionario, el CFT cometería un error si las provincias llevaran al organismo “temas políticos disfrazados” de problemáticas turísticas. Aunque aclaró que mantenía una buena relación con su colega pampeano, remarcó que las diferencias partidarias e institucionales deben ser discutidas en los ámbitos correspondientes. (El CFT define la agenda turística: rutas, turismo internacional y un invierno desigual)

El ministro, quien luego de su alocución recibió las "felicitaciones" desde el riñón de Daniel Scioli, también defendió la institucionalidad de las decisiones adoptadas por el Congreso.

A su entender, las distintas posiciones provinciales deben canalizarse a través de los legisladores y de los espacios políticos previstos por el sistema democrático, independientemente de la opinión que cada gobierno tenga sobre el presidente Javier Milei.

Las rutas nacionales encendieron el cruce en el CFT

El punto de partida había sido el estado de las rutas nacionales. Echeveste describió una temporada difícil, atravesada por la pérdida de ingresos y la caída del consumo, y volvió a reclamar respuestas por el deterioro de los corredores que atraviesan La Pampa.

El diagnóstico no era nuevo. Desde la provincia vienen advirtiendo que el deterioro de la red vial ya afecta la accesibilidad, desalienta viajes y golpea la competitividad de los destinos. La problemática incluye desde reclamos de turistas y empresarios hasta cancelaciones de grupos en algunas provincias.

De hecho, un informe elaborado por la Secretaría de Turismo y la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica provincial había advertido sobre un escenario de “colapso inminente”. El relevamiento sostuvo que el 57,26% de las rutas nacionales analizadas presentaba deterioro y señaló especialmente la situación de corredores estratégicos como las rutas 5 y 35.

Echeveste vinculó ese escenario con la recaudación de impuestos nacionales y cuestionó que las provincias deban afrontar los efectos del deterioro de una infraestructura cuya responsabilidad corresponde a Nación.

Romero, por su parte, coincidió en que San Juan también enfrenta dificultades en distintos corredores, entre ellos sectores de la Ruta 40. No obstante, consideró que el deterioro debía analizarse dentro de un proceso de más largo plazo y no ser presentado solamente como resultado de las políticas del actual Gobierno nacional. (Rutas nacionales en crisis: el deterioro ya provoca cancelaciones y golpea al turismo)

La Pampa vinculó el turismo con el agua y la Ley de Glaciares

La intervención de Echeveste no se limitó a las rutas. El secretario incorporó al debate la preocupación de La Pampa por las decisiones que adoptan las provincias ubicadas aguas arriba de las cuencas hídricas.

El funcionario hizo referencia a los antecedentes de conflicto con Mendoza por el manejo de los ríos y advirtió sobre los riesgos que podría representar para La Pampa una mayor autonomía provincial en la delimitación, y administración de los ambientes glaciares y periglaciares.

Su principal preocupación estuvo puesta en el río Colorado. Según explicó ante el CFT, se trata de una fuente determinante para el suministro de agua potable de la población pampeana y cualquier decisión adoptada en las provincias cordilleranas puede tener consecuencias aguas abajo.

Vale recordar que, en abril de 2026, el Congreso aprobó la Ley 27.804, que modificó la Ley de Glaciares. La reforma mantuvo la protección de los glaciares y de las geoformas periglaciares que cumplen funciones hídricas, pero reforzó el papel de las autoridades provinciales en su identificación y evaluación mediante estudios técnico-científicos.

San Juan defendió la minería como motor de desarrollo provincial

La posición de Romero respondió a la realidad productiva de San Juan. El ministro recordó que más del 90% del territorio provincial está compuesto por montañas y que la provincia depende casi exclusivamente del agua proveniente del deshielo.

En ese contexto, defendió la capacidad de San Juan para administrar sus recursos y evaluar los proyectos que puedan desarrollarse dentro de su territorio. “Nuestra herramienta más fuerte para poder desarrollarnos es la minería”, enfatizó.

Para el funcionario, la modificación de la Ley de Glaciares constituye una pieza importante para generar inversiones, empleo y actividad económica en una provincia que busca consolidar la minería como uno de los pilares de su matriz productiva. (Ley de Glaciares: inversión minera, reputación ambiental y el riesgo para el turismo receptivo)

La postura del ministro no consistió en negar la importancia del agua. Por el contrario, sostuvo que San Juan también depende directamente de los recursos hídricos cordilleranos, pero consideró que las provincias deben conservar facultades para determinar, con respaldo técnico, qué áreas cumplen efectivamente una función hídrica y cuáles podrían destinarse al desarrollo económico.

Echeveste respondió y defendió la pertinencia de su planteo

Una vez finalizada la intervención de Romero, Echeveste pidió nuevamente la palabra. El funcionario pampeano rechazó que hubiera intentado disfrazar una posición partidaria y sostuvo que había llevado al CFT temas directamente relacionados con la actividad turística.

En primer lugar, reiteró que el estado de las rutas nacionales condiciona la llegada de visitantes y el desarrollo de los destinos, por lo que su tratamiento corresponde plenamente al organismo federal.

En segundo término, remarcó que los recursos hídricos son interjurisdiccionales. Desde esa perspectiva, sostuvo que las provincias deben alcanzar acuerdos antes de adoptar decisiones capaces de modificar la cantidad o la calidad del agua disponible en otros territorios.

Echeveste insistió en que su planteo no apuntaba a discutir la política partidaria de San Juan, sino a reclamar mecanismos de consenso cuando las decisiones de una jurisdicción pueden proyectarse sobre las demás.

La respuesta cerró el intercambio, aunque no resolvió la diferencia entre ambos funcionarios. (La Pampa reclama a Milei por el abandono de las rutas nacionales: "Colapso inminente")

El debate sobre los límites políticos del CFT

El cruce dejó planteado un dilema que excede a La Pampa y San Juan: hasta qué punto puede el Consejo Federal de Turismo concentrarse exclusivamente en la promoción y el desarrollo de productos cuando la competitividad de los destinos depende de decisiones tomadas en otras áreas del Estado.

Las rutas, la conectividad aérea, la presión tributaria, las políticas ambientales, la administración del agua, la seguridad y la infraestructura condicionan la llegada de turistas y la posibilidad de sostener inversiones privadas.

Desde esa perspectiva, aislar al turismo de las decisiones económicas, productivas y ambientales resulta prácticamente imposible.

Al mismo tiempo, convertir cada reunión del CFT en un debate sobre las diferencias políticas entre Nación y las provincias podría desplazar su función técnica y dificultar la construcción de acuerdos sectoriales.