El Senado debate la Ley de Tierras: la alerta del turismo por inversiones, empleo y accesos

Buenos Aires, Misiones, Neuquén, Mendoza, Santiago del Estero y La Rioja analizaron la iniciativa con distintos niveles de intensidad. El debate no quedó limitado a la nacionalidad de los compradores: también abarca el destino de las tierras, la concentración de la propiedad, el empleo generado, la participación provincial y el acceso a costas, montañas, ríos, lagos y otros atractivos.

La discusión plantea un interrogante central para la industria: ¿la flexibilización podría captar inversiones turísticas o terminaría facilitando operaciones inmobiliarias sin beneficios comprobables para los destinos y sus comunidades?

El Senado debate sin la reforma de la Ley de Tierras

La Cámara alta había dispuesto el 16 de julio un cuarto intermedio hasta el 6 de agosto para tratar el proyecto. La sesión está prevista para este jueves desde las 14, aunque el texto llegará al recinto sin el capítulo referido a la propiedad extranjera de tierras rurales.

El proyecto original proponía eliminar los límites vigentes. Frente a la resistencia de gobernadores y legisladores aliados, el oficialismo intentó reemplazar la apertura total por un tope del 25%, superior al 15% actual. La falta de votos terminó obligándolo a retirar todo el apartado para sostener el tratamiento del resto de la iniciativa.

El Poder Ejecutivo había defendido la flexibilización como una vía para destrabar capitales. El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, sostuvo que el régimen actual obstaculiza inversiones extranjeras en actividades como el agro, la industria forestal y los puertos, y estimó que una apertura podría captar alrededor de US$ 15 mil millones.

Las autoridades provinciales consultadas por Ladevi, en cambio, pusieron en duda que la compra de suelo se traduzca automáticamente en hoteles, infraestructura, empleo local o integración con los prestadores turísticos. ( Con foco en inversión y tecnología, el CFI y las provincias avanzan en una hoja de ruta federal)

Qué límites mantiene la Ley de Tierras vigente

La Ley 26.737 se aplica expresamente a tierras rurales destinadas a usos agropecuarios, forestales, turísticos y otras actividades. Aunque el DNU 70/2023 dispuso su derogación, una medida cautelar restituyó su vigencia y continúa activa, según informa el Registro Nacional de Tierras Rurales.

La norma fija en 15% el límite de tierras rurales bajo titularidad o posesión extranjera, tanto a escala nacional como provincial y municipal. También establece que un mismo titular extranjero no puede superar las 1.000 hectáreas en la zona núcleo -o la superficie equivalente en otras regiones-.

Además, restringe la titularidad extranjera sobre inmuebles que contengan o sean ribereños de cuerpos de agua permanentes de envergadura y sobre predios situados en zonas de seguridad fronteriza. Son disposiciones especialmente sensibles para provincias cuyos principales atractivos dependen de lagos, ríos, bosques, montañas, costas o territorios limítrofes.

Buenos Aires alerta por especulación y cierre de accesos

La posición más categórica fue planteada por Soledad Martínez, subsecretaria de Turismo de la provincia de Buenos Aires. Para la funcionaria, modificar o derogar la Ley de Tierras no generaría “inversión productiva de calidad”, sino que podría profundizar la especulación inmobiliaria, el extractivismo territorial y la concentración de la propiedad. (Inversiones hoteleras: apuestan US$ 1.410 millones al turismo argentino pese a la crisis del consumo)

Martínez diferenció la compra de grandes extensiones de una inversión capaz de fortalecer el turismo. Según explicó, el desarrollo de la actividad requiere infraestructura pública, conectividad, servicios, previsibilidad y proyectos que contraten trabajadores e integren a pymes, cooperativas y proveedores de cada destino.

“Si vos desregulás la compra de tierras, lo que lográs no es que venga un inversor a construir un hotel que contrate gente local, sino que venga un fondo de inversión extranjero a comprar miles de hectáreas a precio de remate”, afirmó.

La Provincia identificó cuatro territorios especialmente sensibles: el Delta del Paraná y sus humedales; la Costa Atlántica y los entornos dunares; los sistemas serranos de Tandilia y Ventania; y las islas y zonas ribereñas.

En esos espacios, advirtió, la concentración privada puede encarecer el suelo, fragmentar corredores turísticos, degradar ecosistemas y restringir el ingreso a playas, ríos, lagunas, sierras y caminos utilizados por residentes y visitantes.

Martínez reclamó conservar los límites a la extranjerización, garantizar el acceso público, exigir evaluaciones ambientales y vincular los proyectos con las comunidades. También anticipó que Buenos Aires podría profundizar sus herramientas normativas e impulsar leyes provinciales si la desregulación vuelve a la agenda nacional.

Neuquén busca blindar sus tierras fiscales

Neuquén aportó una respuesta legislativa concreta. El gobernador Rolando Figueroa anunció que impulsará un proyecto para impedir que las tierras fiscales provinciales sean vendidas a extranjeros.

Figueroa también confirmó que la senadora Julieta Corroza, representante de La Neuquinidad, rechazaría el capítulo sobre tierras rurales. Su posición contribuyó a reducir los apoyos con los que contaba el oficialismo y precedió a la decisión de retirar el apartado.

El planteo neuquino diferencia la recepción de inversiones privadas del desprendimiento del patrimonio provincial. La discusión pasa por preservar la capacidad del Estado para decidir quién accede a las tierras fiscales, cuál será su destino, qué obligaciones asumirá el adjudicatario y qué beneficios dejará el proyecto en el territorio. (Chubut impulsa 16 inversiones turísticas)

Desde la perspectiva turística, la cuestión adquiere particular relevancia en los destinos cordilleranos. Allí conviven lagos, bosques, montañas, áreas protegidas, comunidades locales, emprendimientos y caminos de acceso, por lo que las decisiones sobre el uso del suelo pueden condicionar tanto el crecimiento de una localidad como la relación entre visitantes, prestadores y atractivos.

Misiones pone el foco en las fronteras y los recursos estratégicos

En Misiones, el principal argumento se vincula con la configuración geográfica de una provincia rodeada por Paraguay y Brasil.

José María Arrúa, ministro de Turismo provincial, descartó que la flexibilización ofreciera ventajas para la actividad. “Beneficios, ninguno”, respondió ante la consulta.

El funcionario explicó que el gobernador Hugo Passalacqua y los intendentes misioneros solicitaron a los senadores nacionales que no acompañaran la iniciativa. Según Arrúa, el 90% del territorio provincial está vinculado con fronteras internacionales y Misiones se encuentra cerca del límite de extranjerización previsto por la legislación vigente.

“Desregular eso sería abrir una puerta que no vamos a poder cerrar”, enfatizó. (Iguazú: infraestructura para eventos y naturaleza en estado puro)

En este orden, indicó que la preocupación alcanza directamente al turismo: la selva, los cursos de agua, los saltos, las áreas protegidas y los corredores naturales constituyen activos centrales de la oferta provincial y, según el gobierno misionero, requieren controles especiales sobre su propiedad y utilización.

La Rioja: inversiones sí, pero con controles y mirada federal

La Rioja presentó una posición más equilibrada. José Rosa, secretario de Turismo provincial, sostuvo que toda inversión capaz de generar empleo, desarrollo y nuevas oportunidades puede ser positiva, pero reclamó seguridad jurídica tanto para los capitales como para las provincias y sus comunidades.

El funcionario señaló que la administración riojana impulsa una Ley de Promoción a las Inversiones Turísticas para captar capitales nacionales y extranjeros. Sin embargo, remarcó que ese objetivo debe compatibilizarse con la protección del paisaje, el agua y los recursos naturales, a los que definió como la materia prima del turismo y de diversas economías regionales.

El funcionario citó como antecedente el caso de Valle Hermoso, un pueblo riojano incluido en la venta de alrededor de 200 mil hectáreas a un empresario extranjero. A su entender, el episodio demuestra que la discusión no es hipotética y que cualquier reforma necesita participación provincial y una perspectiva federal.

Como modelo alternativo, destacó a la cooperativa turística de Los Colorados, en el departamento Independencia, donde los pobladores desarrollan la actividad mediante la conservación y puesta en valor de su patrimonio natural y cultural.

“La Rioja defiende la propiedad privada y promueve las inversiones que generan empleo y desarrollo ”, señaló Rosa, aunque aclaró que ese crecimiento no puede darse a costa de resignar herramientas para proteger los recursos estratégicos, el ambiente y la soberanía territorial. (Provincias impulsan el invierno con inversiones récord en infraestructura)

Santiago del Estero: inversión extranjera sí, pero con reglas claras

Nelson Bravo, subsecretario de Turismo de Santiago del Estero, consideró que el origen nacional o extranjero del capital no debería ser, por sí solo, un impedimento para desarrollar un emprendimiento turístico. No obstante, aclaró que cualquier proyecto debe cumplir un marco regulatorio que proteja el ambiente, los recursos naturales y los derechos de las comunidades.

Desde esa perspectiva, sostuvo que la discusión no debería limitarse a quién compra la tierra, sino también contemplar qué actividad pretende desarrollar, qué controles deberá cumplir y qué beneficios dejará en el territorio.

“Extranjerización más desregulación me parece un cóctel explosivo ”, advirtió Bravo. A su entender, permitir la adquisición de grandes extensiones sin controles suficientes puede generar riesgos sobre los recursos naturales y reducir la capacidad estatal para ordenar el desarrollo.

El subsecretario explicó que Santiago del Estero acompaña proyectos turísticos privados, ya sean impulsados por capitales provinciales, nacionales o extranjeros, siempre que se adecuen a las normas vigentes. “Las reglas claras pueden favorecer las inversiones y garantizar que no haya únicamente un desarrollo económico extractivo, sino también un desarrollo para la comunidad y para el país”, señaló.

Mendoza promueve inversiones en territorios estratégicos

Mendoza incorporó al debate una experiencia propia para impulsar proyectos privados en zonas sensibles. Desde el Ente Mendoza Turismo destacaron el programa Pioneros, herramienta operativa de la Ley Provincial Nº 9584, que creó un régimen de promoción de inversiones para el desarrollo sostenible en áreas de alta montaña, piedemonte y otros relieves estratégicos de baja densidad poblacional.

"El programa contempla el financiamiento de hasta el 50% de proyectos turísticos, logísticos y ambientales mediante una combinación de créditos blandos y aportes no reembolsables. El esquema busca facilitar inversiones en territorios donde las condiciones geográficas, la falta de infraestructura y la distancia respecto de los principales centros urbanos suelen elevar los costos de desarrollo", recordaron desde el organismo que conduce Gabriela Testa.

La experiencia mendocina incorpora otro enfoque a la discusión nacional: en lugar de reducir el debate a la liberación de la compra de tierras, plantea que el Estado puede atraer capitales mediante incentivos, financiamiento y reglas específicas vinculadas con la sostenibilidad y el ordenamiento territorial.

Los guías de turismo advierten por el acceso a montañas, ríos y valles

Las advertencias también llegaron desde las asociaciones de guías profesionales y trabajadores de montaña de distintos puntos del país. (Guías de todo el país cruzan a Sturzenegger y advierten: "Desregular es un retroceso")

En un comunicado, antes del retiro del capítulo, las organizaciones rechazaron la eliminación de los límites a la concentración de tierras y alertaron por la eventual imposición de barreras físicas o legales para acceder a valles, ríos, montañas y áreas naturales.

El documento plantea que esos territorios no son meros inmuebles negociables: representan lugares de trabajo, corredores ecológicos, atractivos turísticos y componentes de la identidad cultural de las comunidades.

Los guías de turismo reclamaron un ordenamiento territorial que garantice el acceso público regulado, la preservación de los ecosistemas y la continuidad del trabajo profesional en ambientes naturales.

No obstante, el apartado sobre tierras extranjeras quedó fuera del proyecto, el pronunciamiento expone un conflicto que precede al debate legislativo: la existencia de caminos, senderos y riberas cuyo ingreso puede quedar condicionado por decisiones privadas.

Comprar tierras no equivale a invertir en turismo

Las posiciones provinciales no son idénticas. Buenos Aires advierte por la especulación inmobiliaria y el cierre de accesos; Neuquén busca impedir la venta de tierras fiscales a extranjeros; Misiones prioriza la soberanía fronteriza; y La Rioja acepta la llegada de capitales, pero exige controles, seguridad jurídica y participación federal.

Sin embargo, las cuatro miradas convergen en un punto: adquirir suelo no garantiza una inversión turística.

La propia Ley 26.737 establece que, a los efectos de los tratados bilaterales de inversión, la adquisición de tierras rurales no será considerada una inversión, debido a que se trata de un recurso natural no renovable aportado por el país receptor.

Para contribuir al desarrollo de un destino, un proyecto debe traducirse en infraestructura, empleo local, integración con proveedores, conservación ambiental y acceso a los atractivos. La seguridad jurídica reclamada por quienes invierten también debe alcanzar a las comunidades y a los prestadores cuya actividad depende del territorio.

El capítulo fue retirado y no integrará el debate previsto desde las 14. Pero la controversia que dejó instalada continuará pendiente: cómo atraer capitales sin convertir los recursos que sostienen al turismo en espacios concentrados, cerrados o desconectados de las comunidades que les dan valor.