Turismo social: Provincia avanza para recuperar Chapadmalal y frenar la concesión por 30 años

La iniciativa, presentada por la senadora Fernanda Raverta, va bastante más allá de una declaración política contra el cambio de modelo. El expediente E-120/2026-2027 propone preservar la Unidad Turística Chapadmalal para el turismo social, habilitar una ofensiva judicial para reclamar su restitución y cuestionar futuras concesiones que no respeten esa finalidad.

El avance legislativo suma así un nuevo capítulo a una discusión que excede la administración de nueve hoteles: quién financiará la recuperación de Chapadmalal, quién podrá explotarlo y qué lugar tendrá el turismo social en el nuevo esquema turístico argentino.

Turismo social: qué propone hacer Buenos Aires con Chapadmalal

El artículo primero declara la voluntad de la Provincia de Buenos Aires de “recuperar la titularidad de dominio y asumir la administración” de los inmuebles que integran la Unidad Turística Chapadmalal, argumentando una desnaturalización de la finalidad social para la cual fueron afectados.

El texto establece además que la totalidad de los predios y edificios deberán quedar afectados exclusivamente al turismo social, y busca impedir modalidades de explotación comercial privada que excluyan esa finalidad.

No significa, sin embargo, que una eventual sanción provincial transfiera automáticamente la propiedad del complejo.

El propio proyecto contempla que la recuperación requerirá una instancia posterior: instruye al Fiscal de Estado bonaerense a promover acciones judiciales y solicitar las medidas cautelares necesarias para intentar obtener la “reivindicación, restitución o retrocesión” de los inmuebles.

Es allí donde la iniciativa adquiere otra dimensión. De prosperar en la Legislatura, Buenos Aires no sólo expresaría formalmente su intención de quedarse con Chapadmalal, sino que dispondría avanzar en una disputa jurídica con el Estado nacional por el futuro del complejo turístico. (Presentan una alternativa para recuperar Chapadmalal sin concesiones privadas)

Chapadmalal: una cláusula apunta a la concesión privada

Uno de los artículos de mayor impacto para el negocio turístico es el quinto.

El documento declara la inoponibilidad frente a la Provincia de Buenos Aires de contratos de concesión, usufructo, disposición o transferencia de derechos celebrados por Nación con terceros que, según el criterio establecido en la ley, no garanticen el fin de utilidad pública social originario y la protección patrimonial del complejo.

El proyecto pretende incluso que la existencia del reclamo sea registrada para advertir a eventuales terceros interesados sobre la controversia en torno al inmueble y el cuestionamiento provincial a actos de disposición o concesión que no respeten aquella finalidad.

El punto puede resultar relevante para cualquier operador que evalúe participar de un futuro proceso nacional: una judicialización agregaría incertidumbre sobre un activo que, además de necesitar inversiones importantes, está alcanzado por protección patrimonial.

La ofensiva bonaerense responde a la decisión del Gobierno nacional de avanzar con un esquema de concesión a privados por 30 años, presentado como una alternativa para incorporar capital destinado a recuperar la infraestructura y reducir el costo estatal de operación del complejo.

Sin embargo, al 20 de agosto de 2026, Chapadmalal no aparece entre las convocatorias vigentes publicadas en el portal de concesiones inmobiliarias de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), donde actualmente se exhiben los procesos abiertos a participación.

Por lo tanto, existe una diferencia relevante entre la decisión política de concesionar el complejo y la apertura efectiva del procedimiento competitivo: todavía no están publicados allí los pliegos que permitirían conocer las condiciones económicas, inversiones requeridas, canon, unidades involucradas o modalidades de explotación. (La crisis de Chapadmalal reactiva el debate sobre los hoteles)

¿Puede la Provincia recuperar las tierras de Chapadmalal?

Este es probablemente el punto más sensible del proyecto.

En sus fundamentos, la iniciativa sostiene que Chapadmalal fue construido sobre un conjunto de terrenos que incluyó tierras fiscales pertenecientes a la Provincia de Buenos Aires, y utiliza ese origen para respaldar el reclamo de restitución y la defensa de su finalidad social.

El antecedente histórico tiene respaldo documental nacional. El Decreto 784/2013, por el cual la Unidad Turística Chapadmalal fue declarada Monumento Histórico Nacional, señala expresamente que el complejo se construyó sobre tierras fiscales bonaerenses y otras expropiadas a la Estancia Chapadmalal, perteneciente a la familia Martínez de Hoz.

El dato fortalece el argumento histórico de la Provincia, pero no demuestra por sí mismo que todo el predio deba regresar automáticamente al dominio bonaerense.

Ahí podría concentrarse una eventual discusión judicial: determinar cómo se instrumentaron las cesiones, transferencias y expropiaciones que dieron origen al complejo, qué títulos corresponden actualmente a cada parcela y, fundamentalmente, si existió un cargo jurídico de uso social cuyo incumplimiento pueda habilitar una retrocesión.

El proyecto bonaerense invoca precisamente un “cargo de uso social originario”, aunque el texto presentado no incorpora escrituras ni documentación dominial suficiente para determinar por sí sola el alcance jurídico de esa obligación.

Por eso, más que resolver la propiedad de Chapadmalal, una eventual sanción parece destinada a abrir formalmente el camino para que Buenos Aires reclame esa definición ante la Justicia. (Jaque al turismo social: Milei acelera el desalojo en Chapadmalal y escala el conflicto)

Turismo social: dos modelos enfrentados

La disputa ocurre, además, después de un profundo cambio en la política nacional de turismo social.

El Decreto 216/2025 derogó los artículos 39 y 40 de la Ley Nacional de Turismo. Hasta entonces, la normativa obligaba a la autoridad turística nacional a elaborar un Plan de Turismo Social, y promover prestaciones accesibles, privilegiando a los sectores vulnerables mediante, entre otros instrumentos, la operación de las unidades turísticas estatales. También permitía celebrar acuerdos con prestadores, organizaciones y empresas para sostener esos objetivos.

La definición legal de turismo social, sin embargo, continúa vigente en el artículo 38 de la Ley 25.997: comprende los instrumentos destinados a facilitar que todos los sectores de la sociedad accedan al ocio turístico en condiciones adecuadas de economía, seguridad y comodidad.

El proceso de reestructuración avanzó durante 2026. En mayo, una resolución de Jefatura de Gabinete dispuso el pase a disponibilidad de personal a raíz de la supresión de las unidades organizativas Chapadmalal y Embalse dentro de la estructura turística nacional.

Buenos Aires propone ahora un camino opuesto: si logra recuperar el complejo, pretende reintegrarlo a programas públicos de turismo social.

El proyecto establece prioridad para jubilados, delegaciones escolares, municipales y provinciales, y dispone que el Ejecutivo designe una autoridad encargada de la administración, mantenimiento y gestión integral una vez obtenida la restitución o toma de posesión.

Nueve hoteles y 19 bungalows: qué está en juego en Chapadmalal

La magnitud del activo explica también la relevancia económica de la discusión. (Turismo social: buscan en los sindicatos una salida a la baja demanda)

La Unidad Turística Chapadmalal está emplazada sobre la Ruta Provincial 11, a unos 30 kilómetros de Mar del Plata y 15 kilómetros de Miramar, y está conformada por nueve hoteles y 19 bungalows, además de edificios administrativos, instalaciones asistenciales, recreativas y otros espacios de servicios.

Inaugurado en 1950, el complejo se convirtió en uno de los principales símbolos históricos de la política de turismo social argentina.

En 2013 fue declarado Monumento Histórico Nacional, una condición que no impide necesariamente una explotación privada, pero sí introduce obligaciones patrimoniales sobre las obras, modificaciones e intervenciones que se realicen en los edificios.

Por eso, una eventual licitación nacional deberá responder varias preguntas todavía abiertas: cuánto capital será necesario para recuperar las unidades, qué hoteles se incorporarán al negocio, cuál será el plazo de puesta en valor, qué usos podrán desarrollar los privados y qué condicionamientos impondrá el carácter histórico del conjunto.

A esas variables ahora podría sumarse otra: el reclamo bonaerense sobre la propiedad y el destino del complejo.