Turismo social: proyecto de ley reabre la disputa por Chapadmalal y Embalse

La iniciativa propone modificar la Ley Nacional de Turismo 25.997 para devolverle al Estado herramientas concretas de planificación, financiamiento y articulación con el sector privado, con el objetivo de garantizar el acceso al turismo a los sectores de menores ingresos.

El trasfondo es claro: la caída de los programas de incentivo al turismo interno y el encarecimiento de los viajes generaron un escenario en el que el acceso a la actividad quedó cada vez más concentrado.

Qué propone el proyecto para el turismo social

El proyecto restituye el Plan de Turismo Social como eje de la política turística nacional. En concreto, establece que la autoridad de aplicación deberá diseñarlo e implementarlo con foco en el acceso igualitario al ocio, el descanso y la recreación. (Fin del turismo social: confirman el rumbo de Chapadmalal y se avanza hacia un modelo turístico privado)

Además, incorpora objetivos específicos: ampliar la participación de sectores vulnerables, diversificar la oferta de doméstica, fortalecer economías regionales y promover prácticas sustentables e inclusivas.

Uno de los puntos centrales es el financiamiento. La iniciativa fija que el plan deberá contar con partidas específicas dentro del Presupuesto Nacional, complementadas con recursos de organismos internacionales, para asegurar continuidad y escala.

A su vez, habilita acuerdos con prestadores turísticos, organizaciones sociales y empresas privadas para generar tarifas y condiciones accesibles, una herramienta clave para su implementación efectiva.

Chapadmalal y Embalse, en el centro de la discusión

El proyecto también reabre un frente sensible: el futuro de las unidades turísticas de Chapadmalal y Embalse.

Según la autora, el deterioro operativo, la reducción de su uso y las decisiones recientes sobre estos complejos ponen en riesgo su rol histórico como instrumentos de inclusión. En particular, cuestiona medidas que afectan la integridad de estos espacios y que, según advierte, implican un cambio de enfoque en el uso de bienes públicos estratégicos.

En ese marco, la iniciativa busca reforzar el rol del Estado no solo como regulador, sino como garante del acceso al turismo, en línea con la concepción del turismo como derecho social. (Turismo interno al límite: más ocupación, menos consumo y empresarios que se endeudan para pagar sueldos)

Una discusión de fondo: derecho al turismo vs. retracción del Estado

Más allá del recorrido legislativo, el proyecto vuelve a instalar una discusión estructural: qué lugar ocupa el turismo dentro de las políticas públicas.

La propuesta sostiene que el turismo social no debe ser entendido como gasto, sino como una inversión con impacto económico, social y territorial. En esa línea, plantea que su fortalecimiento contribuye al desarrollo federal, dinamiza economías regionales y amplía el acceso a experiencias turísticas.

El punto de tensión es evidente. Por un lado, un modelo que busca reducir la intervención estatal y redefinir el uso de activos turísticos. Por otro, una iniciativa que apunta a reconstruir herramientas de inclusión en un contexto donde viajar se volvió cada vez más restrictivo para amplios sectores.

Con este proyecto, el turismo social vuelve al debate. Y con él, una pregunta de fondo para el sector: si el acceso al turismo es un derecho, o una posibilidad cada vez más limitada.