El desalojo de trabajadores que viven en la Unidad Turística Chapadmalal volvió a poner en el centro del debate el futuro del turismo social en Argentina. La intimación, con plazo de 10 días, se produce en uno de los complejos estatales más grandes del país, en pleno avance del plan oficial para concesionarlo por 30 años.
Jaque al turismo social: Milei acelera el desalojo en Chapadmalal y escala el conflicto
El gobierno de Javier Milei intimó a trabajadores a dejar el complejo en 10 días. La medida tensiona el modelo de turismo social y acelera su reconversión.
Chapadmalal, eje de la disputa por el turismo social.
La medida fue impulsada por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) y alcanza a familias que residen desde hace años dentro del predio. El conflicto escala en un contexto en el que el gobierno de Javier Milei busca reordenar los activos turísticos públicos y reducir la intervención estatal en la gestión hotelera.
Desalojo en Chapadmalal: el conflicto escala y llega a la Justicia
Las notificaciones alcanzaron a más de 30 familias de empleados que cumplen tareas de mantenimiento y servicios dentro del complejo y que, según sostienen, habitan esas unidades como parte de sus condiciones laborales.
Los trabajadores rechazan la medida y advierten que no se trata de ocupaciones irregulares. Con respaldo sindical, iniciaron acciones legales para frenar los desalojos y reclaman una mesa de diálogo con el Gobierno. En paralelo, la disputa ya ingresó en el plano judicial, lo que agrega incertidumbre sobre los tiempos y el desenlace del proceso.
El plan de fondo: concesión y cambio de modelo en turismo social
El conflicto se inscribe en una estrategia más amplia. Desde La Libertad Avanza confirmaron su intención de concesionar la Unidad Turística Chapadmalal por un plazo de hasta 30 años, con el objetivo de atraer inversión privada, poner en valor la infraestructura y reducir costos operativos.
Para avanzar en ese esquema, el predio fue transferido a la órbita de la AABE, organismo que administra los bienes del Estado. En ese marco, el reordenamiento del complejo -incluyendo la situación habitacional del personal- aparece como un paso previo a su futura licitación.
La definición marca un giro en la política turística: el Estado se retira de la operación directa de este tipo de complejos y abre la puerta a modelos de gestión privados o mixtos. (Mar del Plata: inminente cierre de hoteles deja 180 empleos en riesgo)
Turismo social en tensión: qué cambia para el sector
Más allá del conflicto puntual, el caso Chapadmalal expone un cambio estructural. Durante décadas, el turismo social funcionó como una herramienta para garantizar el acceso a vacaciones a sectores de menores ingresos, con tarifas subsidiadas y gestión estatal.
El nuevo enfoque plantea interrogantes sobre ese modelo. La eventual concesión podría mejorar la infraestructura y diversificar la oferta, pero también implica el riesgo de encarecer el acceso y reducir el alcance social del complejo.
Para el sector, el movimiento abre un doble escenario: por un lado, oportunidades de inversión y desarrollo en un activo estratégico; por otro, la pérdida de un instrumento histórico de política pública orientado a democratizar el turismo.
En ese equilibrio -entre eficiencia, negocio y acceso- se juega el futuro de Chapadmalal y, en un plano más amplio, el rol del turismo social en Argentina.
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