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La Pampa: piden investigar el uso oficial y la adjudicación de seis cabañas de Parque Luro

Piden a la Justicia de La Pampa que revise el uso, habilitaciones y adjudicación de cabañas financiadas por 50 Destinos en la Reserva Provincial Parque Luro.

En pocas palabras

  • Irregularidades denunciadas: piden revisar uso y concesión de cabañas financiadas por Nación en Parque Luro.
  • Uso previo y cierre: seis cabañas nuevas, financiadas por Plan 50 Destinos, permanecieron cerradas más de dos años.
  • Investigación solicitada: se pide a la Justicia determinar si hubo irregularidades en habilitaciones y adjudicaciones.
Resumen generado por Thinkindot AI

En un mismo sector de la Reserva Provincial Parque Luro, en La Pampa, convivieron durante más de dos años dos realidades. Mientras cuatro cabañas, el restaurante, la proveeduría y otros servicios eran explotados por la firma Churrinche, otras seis unidades construidas con fondos nacionales permanecían cerradas. (La Pampa vivió un fin de semana largo con moderado movimiento)

Las nuevas instalaciones, cerrados al turismo particular pero utilizadas para alojar contingentes de programas oficiales, habían sido proyectadas para sumar 18 plazas a uno de los principales atractivos naturales de la provincia. Las obras habían sido financiadas mediante el Plan 50 Destinos y finalizadas a fines de 2023.

El Gobierno pampeano atribuyó la demora en su apertura comercial a problemas de accesibilidad y seguridad edilicia, fallas en las redes eléctricas y los sistemas solares térmicos, además de tareas pendientes de equipamiento.

La controversia se profundizó cuando, después de dos procesos sin adjudicación y una negociación frustrada con Churrinche, la Provincia entregó las seis unidades a Silvana Ros, una empresaria turística pampeana. La decisión dejó a Parque Luro con dos concesionarios de alojamiento ubicados prácticamente uno al lado del otro.

El conflicto llegó finalmente a un organismo de control. El 29 de julio de 2026, Juan José Regalado, titular de Churrinche, pidió a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas de La Pampa (FIA) que revise bajo qué habilitaciones, seguros y autorizaciones fueron alojados los contingentes oficiales y cómo se desarrolló el posterior procedimiento de adjudicación.

La Provincia defendió el proceso y aseguró que respetó los requisitos legales y contó con la intervención del Tribunal de Cuentas.

Qué deberá revisar la FIA sobre las cabañas de Parque Luro

La presentación solicita investigar las actuaciones desarrolladas dentro de la Secretaría de Turismo de La Pampa y, particularmente, la intervención que pudo haber correspondido a su titular, Saúl Echeveste, en la utilización de las unidades construidas mediante el Plan 50 Destinos. (La Pampa: exitosa primera edición de "Castillo Vivo" en la Reserva Provincial Parque Luro)

El escrito no formula una denuncia penal ni atribuye responsabilidades personales de manera anticipada. Su objetivo declarado es que la Fiscalía reconstruya los expedientes y determine si las decisiones adoptadas se ajustaron al destino comprometido para la infraestructura, a la normativa provincial y a los principios de legalidad, transparencia y razonabilidad administrativa.

Particularmente no tenemos nada contra la gente que recibió las cabañas. Lo que cuestionamos es cómo se gestionó todo esto”, afirmó Regalado en diálogo con Ladevi. El empresario también considera que la incorporación de un competidor directo modifica la ecuación económica sobre la cual había proyectado la concesión original.

Entre otros puntos, Regalado pidió determinar quién autorizó cada alojamiento; si existieron actos administrativos expresos; qué organismo tenía la guarda y responsabilidad sobre las unidades; si se realizaron inspecciones previas; y si los contingentes contaron con habilitaciones, pólizas de seguro y cobertura de responsabilidad civil.

La presentación también reclama la copia completa del convenio de 50 Destinos y sus anexos, los informes técnicos y de seguridad, los dictámenes jurídicos que respaldaron la utilización y la identificación de los funcionarios que intervinieron en cada autorización.

El planteo individualiza contingentes del programa Cumelén procedentes de 21 localidades: Telén; Quetrequén; Catriló; Relmo; Quehué; La Adela; Colonia Santa María; Algarrobo del Águila; Mauricio Mayer; Speluzzi; Toay; Eduardo Castex; Quemú Quemú; Caleufú; Colonia Santa Teresa; Monte Nievas; Carro Quemado; Uriburu; Anguil; La Reforma y General Pico.

Además, incorpora a un grupo de Posta Mariana acompañado por la Municipalidad de Toay. Para cada contingente solicita conocer la fecha exacta del alojamiento, la autoridad que lo autorizó, la póliza utilizada y la habilitación vigente de las instalaciones.

La amplitud de la nómina indica que no se habría tratado de un uso aislado. Sin embargo, la documentación aportada no permite establecer la cantidad total de personas alojadas ni el número de noches utilizadas, datos que deberán surgir de los registros provinciales.

La copia a la que accedió Ladevi lleva el sello de ingreso de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, fechado el 29 de julio de 2026 a las 10.25. Esa constancia acredita la recepción del escrito, pero no significa que las irregularidades estén comprobadas ni confirma, por sí sola, que la FIA haya abierto formalmente una investigación. (Parques Nacionales se abre al turismo para impulsar las economías regionales)

Regalado y José Maranzana, responsables de Churrinche, también hicieron pública la presentación. Ambos sostienen que buscan que un organismo independiente revise tanto el uso previo de la infraestructura como el procedimiento mediante el cual las nuevas cabañas quedaron en manos de otro operador.

La contradicción por el uso de las cabañas para turismo social

El núcleo más consistente del planteo no está, por ahora, en la adjudicación final, sino en las condiciones bajo las cuales las unidades fueron ocupadas antes de estar disponibles comercialmente.

En marzo de 2025, y aunque las unidades no estaban disponibles para el turismo comercial, Echeveste anunció que las seis cabañas habían sido puestas en condiciones y amobladas para recibir gratuitamente a integrantes del programa Cumelén durante la temporada de brama.

El funcionario informó que las personas mayores podrían ingresar a Parque Luro, visitar el Castillo, realizar actividades guiadas, cenar y pasar la noche en las nuevas instalaciones. También destacó el trabajo de los empleados de la reserva para acondicionar las unidades y precisó que las visitas se desarrollarían tres veces por semana.

Las primeras delegaciones procedentes de Telén, Quetrequén, Catriló y Relmo llegaron a comienzos de abril. La comunicación difundida entonces por el Gobierno indicó que los grupos se alojaban en cabañas “recientemente acondicionadas” y destacó la comodidad de las instalaciones.

Nancy Crivelli, coordinadora del Cumelén de Uriburu, declaró a un medio local, después de una de las visitas: “Las instalaciones están bellísimas. Descubrimos cabañas con todas las comodidades que estamos estrenando”.

Churrinche,por su parte, conoció directamente parte de esos alojamientos porque, según Regalado, prestó el servicio gastronómico contratado por los municipios.

“Tenemos pruebas porque nosotros les dimos de comer a esos grupos. Lo que pedimos es que se determine si las cabañas estaban legal y técnicamente en condiciones para recibir a esa gente”, explicó el empresario.

El uso de la infraestructura para una política de turismo social no constituye por sí mismo una irregularidad. El Plan 50 Destinos fue diseñado para ampliar y fortalecer la infraestructura turística en destinos consolidados y emergentes, y no establecía una prohibición general para el alojamiento de contingentes sociales. (Funcionarios de Turismo cuestionan el ajuste de Milei en Parques Nacionales)

Lo que debe aclararse es si las unidades contaban con las condiciones técnicas, administrativas y de seguridad necesarias para recibir huéspedes.

La pregunta surge de la propia secuencia oficial. En marzo y abril de 2025, las cabañas fueron presentadas como acondicionadas, amobladas y aptas para alojar personas mayores. En julio de 2026, el Gobierno sostuvo que la apertura comercial había requerido corregir fallas de seguridad, accesibilidad, redes eléctricas y sistemas solares térmicos. Si esos problemas ya existían durante el programa Cumelén, la Provincia deberá explicar qué evaluaciones permitieron recibir a los contingentes. Si fueron detectados posteriormente, debería precisar cuándo aparecieron y por qué las cabañas permanecieron otro año fuera del mercado.

Qué establecía el Plan 50 Destinos para la Reserva Provincial Parque Luro

Las seis unidades fueron financiadas mediante el Plan 50 Destinos, impulsado por el entonces Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación, y financiados con recursos provenientes del Impuesto PAIS, con el propósito de dinamizar, fortalecer y ampliar la oferta turística del país.

El proyecto pampeano fue denominado “Ampliación de los Servicios de Alojamiento Turístico en la Reserva Provincial Parque Luro ”. La obra contemplaba seis módulos de cabañas, sanitarios accesibles y señalética. Nación también informó que se proyectaban intervenciones en el Centro de Interpretación y los miradores para promover la educación ambiental.

La primera adenda al convenio de financiamiento fue aprobada por La Pampa mediante la Ley provincial 3525, que identifica expresamente la ampliación de los servicios de alojamiento turístico dentro de la reserva.

Las cabañas fueron diseñadas para una capacidad total de 18 huéspedes: tres para dos personas y tres para cuatro. Una de ellas fue concebida como totalmente accesible y la ocupación quedó limitada por la capacidad de carga definida en la evaluación ambiental del proyecto.

La entonces secretaria de Turismo de La Pampa, Adriana Romero, había explicado que el objetivo era ampliar la oferta receptiva y que se preparaba un convenio para entregar las nuevas unidades al concesionario existente. También vinculó la incorporación de plazas con una mejora en la rentabilidad de los servicios del parque.

Ese anuncio no otorgó por sí mismo un derecho contractual a Churrinche. Sí demuestra que, durante la gestión anterior, la obra era presentada públicamente como una ampliación que fortalecería la explotación ya existente, no como el nacimiento de un segundo complejo independiente. (Parques Nacionales: el Gobierno sube entradas hasta $ 60 mil)

El dictamen técnico y administrativo presentado por la firma sostiene que la prolongada falta de explotación comercial generó deterioro, pérdida potencial de ingresos y menor actividad para los servicios asociados. También plantea que el uso de las unidades debía adecuarse al objeto y las condiciones del convenio nacional.

El mismo documento incorpora calificaciones legales de gravedad, como desviación de poder o una posible malversación de caudales públicos. Esas figuras no pueden darse por acreditadas con los elementos disponibles. La obra fue efectivamente construida y conserva una finalidad turística. La controversia se concentra en el tiempo que demandó ponerla en funcionamiento, las condiciones de los usos realizados durante la demora y el mecanismo elegido para su explotación.

La concesión integral que comenzó en 2021

Churrinche comenzó a operar los servicios turísticos de Parque Luro en marzo de 2021. Desde entonces quedó a cargo de las cuatro cabañas existentes, el restaurante, la proveeduría, la pileta y diferentes actividades recreativas.

Regalado explicó que la concesión fue otorgada por siete años y que la propuesta económica se estructuró como una explotación integral. Bajo ese esquema, los ingresos provenientes del alojamiento, la gastronomía y las excursiones debían compensar los costos fijos de una operación alejada de Santa Rosa y con una demanda marcadamente estacional.

Según la documentación aportada por el concesionario, el pliego vinculado con la Licitación Pública Nº 88/20 agrupaba la gastronomía, el alojamiento, el camping, la proveeduría y las actividades recreativas dentro de un mismo objeto. La interpretación de la parte reclamante es que esos servicios conformaban una unidad económica integral.

“Cuando uno firma un contrato de concesión hace una proyección económica. Dentro de esa proyección no estaba previsto que íbamos a tener otro competidor directo por el mismo servicio”, indicó Regalado.

La afirmación necesita una precisión jurídica. Las seis nuevas cabañas todavía no existían cuando comenzó el contrato de Churrinche. Para establecer si el concesionario tenía algún derecho sobre ellas debe verificarse si el acuerdo contemplaba ampliaciones futuras, exclusividad o un derecho de preferencia.

Regalado manifestó que la gestión anterior evaluaba incorporarlas mediante una adenda. “Nosotros ya teníamos los seguros presentados y toda la documentación de la concesión. Entendíamos que, como se trataba de una ampliación turística, se podía ampliar el contrato y comenzar a trabajarlas”, explicó. (La Pampa: una experiencia única en la localidad de Arata)

El cambio de autoridades de diciembre de 2023 interrumpió esa posibilidad. Las unidades quedaron bajo la órbita estatal y no fueron incorporadas inmediatamente a una explotación privada.

Más de dos años fuera del mercado turístico de La Pampa

Desde fines de 2023 hasta julio de 2026, los viajeros no pudieron reservar regularmente las seis nuevas cabañas. La situación tuvo un impacto particular durante la brama del ciervo colorado, el principal producto turístico del calendario de Parque Luro.

En marzo de 2026, las unidades todavía permanecían cerradas al público por falta de una administración definida. La oferta disponible continuaba limitada a las cuatro cabañas operadas por Churrinche, pese a que las otras seis habían alojado contingentes oficiales durante la temporada anterior.

Regalado afirmó que el cierre prolongado provocó deterioros en distintos componentes. “Estuvieron más de dos años cerradas y se rompieron cosas. Los termos solares se deterioraron y aparecieron problemas que podrían haberse evitado si se hubieran puesto a trabajar”, aseguró.

El Gobierno reconoció que fue necesario efectuar reparaciones, aunque atribuyó los inconvenientes a observaciones detectadas después de la entrega de las estructuras.

Según la versión oficial, durante el período de garantía se realizaron arreglos de accesibilidad, seguridad edilicia, instalaciones eléctricas y sistemas solares térmicos. En paralelo, una licitación permitió adquirir el mobiliario y completar el equipamiento interior.

La explicación gubernamental justifica técnicamente parte del tiempo transcurrido, pero no precisa en qué fechas fueron detectadas las fallas, cuándo quedaron subsanadas ni por qué las unidades pudieron recibir contingentes mientras continuaban fuera del circuito comercial.

Licitaciones sin adjudicación y negociación frustrada: “Nos desgastaron”

Durante 2025, la Secretaría de Turismo realizó dos llamados para concesionar las nuevas cabañas. El primero fue declarado desierto por falta de ofertas. En el segundo se presentaron dos propuestas, una de ellas perteneciente a Churrinche, pero ninguna resultó adjudicable por incumplimientos de las condiciones del pliego. (American Jet le pidió al gobierno operar a La Pampa)

Regalado reconoció que inicialmente no quiso presentarse porque consideraba que la ecuación económica no resultaba atractiva. “Con lo que se cobra de canon y la cantidad de gente que va al parque, los números no cierran. Por eso, en un primer momento, no quisimos presentarnos. Después, como no aparecían interesados, decidimos hacerlo”, relató.

La admisión introduce un componente económico de fondo. El conflicto no se limita a quién obtiene la explotación: también pone en discusión la viabilidad de repartir una demanda limitada entre dos operadores.

Después del fracaso de los llamados, la Provincia decidió evaluar una contratación directa con Churrinche. En marzo de 2026, y según fuentes vinculadas con el proceso, el trámite no podía completarse porque debían regularizar obligaciones fiscales, entre ellas impuestos inmobiliarios y patentes.

La administración de Parque Luro sostuvo entonces que la adjudicación solo podía concretarse una vez acreditados todos los requisitos administrativos, fiscales y legales. La intención informada era avanzar con Churrinche cuando las observaciones fueran subsanadas.

Regalado no negó que existieran requerimientos tributarios. Su cuestionamiento se concentra en la duración del expediente y en la sucesión de pedidos documentales.

Según su relato, la negociación se extendió desde noviembre de 2025 hasta comienzos de marzo de 2026. Durante ese período, la documentación circuló entre la Secretaría de Turismo, Contaduría General y el Tribunal de Cuentas.

“Se vencieron declaraciones juradas que ya habíamos presentado, y tuvimos que volver a iniciar trámites y pagar nuevamente. Nos desgastaron hasta que decidimos no seguir”, afirmó.

La adjudicación terminó en manos de otra prestadora

El 23 de julio de 2026, el Gobierno pampeano comunicó que las seis cabañas habían sido concesionadas a Silvana Ros, empresaria de Ataliva Roca con experiencia en alojamientos turísticos.

La Provincia aseguró que todo el procedimiento respetó los plazos y requisitos legales, y contó con la supervisión y el aval del Tribunal de Cuentas. También anticipó que las unidades podrían abrir comercialmente en el corto plazo. (La Pampa: tres trails que combinan deporte, turismo y naturaleza)

Regalado cuestionó la velocidad con la que, según su versión, se completó esa contratación y remarcó que Ros no había participado en los dos procesos anteriores. “A nosotros nos tuvieron cuatro o cinco meses con los papeles y, después de que desistimos, en cuestión de días se lo dieron a otra persona. Eso es lo que queremos que se investigue”, sostuvo.

El concesionario y Maranzana insistieron en que el planteo no apunta contra la adjudicataria, sino contra la actuación de la Secretaría de Turismo y el supuesto trato desigual entre los interesados.

Dos operadores para el mismo servicio en Parque Luro

Con la nueva adjudicación, Parque Luro tendrá dos prestadores de alojamiento ubicados en el mismo sector.

Churrinche conservará las cuatro unidades anteriores, el restaurante, la proveeduría y otros servicios turísticos. Ros administrará las seis cabañas construidas mediante 50 Destinos.

“Lo que hace la Secretaría de Turismo es poner a dos privados a competir por el mismo servicio dentro de la reserva. Los dos complejos están uno al lado del otro”, señaló Regalado. (Así fue la novena edición del Trail de La Adela)

La proximidad ya generó, según el empresario, las primeras dudas operativas. Churrinche presentó una nota para que Turismo y la Dirección de Parque Luro delimiten los espacios, instalaciones y responsabilidades correspondientes a cada concesionario.

Regalado relató que representantes de la nueva explotación ingresaron a sectores utilizados por su empresa mientras intentaban resolver inconvenientes en el abastecimiento de agua caliente. Frente a esa situación, solicitó que se establezcan límites para evitar confusiones y futuros conflictos.

La organización deberá precisar el uso de tanques y redes de agua, los accesos, el estacionamiento, las áreas comunes, la limpieza, la gestión de residuos, el mantenimiento y la responsabilidad frente a eventuales contingencias.

También deberá conocerse si ambos prestadores estarán sometidos a condiciones equivalentes de canon, seguros, inversiones, conservación y fiscalización.

"En junio, Parque Luro recibió alrededor de 600 visitantes. Bajo ese nivel de demanda, la llegada de otro operador puede profundizar las dificultades de rentabilidad", enfatizó Regalado.

Guías de turismos en alerta: el memorándum que afectó las visitas guiadas

La relación entre Churrinche y las autoridades de la reserva se deterioró más allá de la discusión por las cabañas.

El 26 de junio de 2026, el personal de Parque Luro fue notificado de un memorándum interno sobre los deberes, prohibiciones e incompatibilidades previstos en los artículos 32, 38 y 42 de la Ley provincial 643.

El documento recuerda la prohibición de mantener vinculaciones o desarrollar actividades incompatibles con la función pública. También advierte que la realización de trabajos particulares durante la jornada laboral, durante servicios extraordinarios o mediante recursos e instalaciones estatales puede generar responsabilidades administrativas. (La Pampa: experiencias auténticas entre caldenes, salinas y bodegas)

La comunicación tiene carácter general y preventivo. No menciona a Churrinche ni prohíbe expresamente que los empleados realicen tareas privadas fuera de su horario laboral.Sin embargo, Regalado asegura que su aplicación produjo que los guías de la reserva dejaran de trabajar para el concesionario en caminatas diurnas y nocturnas dentro de Parque Luro.

“Los guías pueden trabajar en otros lugares, pero no con nosotros dentro del parque. Se perdió una actividad para los visitantes y una posibilidad de ingreso para ellos”, afirmó.

La defensa del gobierno de La Pampa

La Secretaría de Turismo rechazó, públicamente en conversaciones con medios locales, que hubiera existido inacción o falta de previsión.

Al anunciar la concesión, el organismo sostuvo que la habilitación demandó un trabajo prolongado para adecuar las instalaciones a los estándares de seguridad, accesibilidad y eficiencia. También explicó que las inspecciones detectaron fallas que debían corregirse antes de la apertura.

La Provincia atribuyó la demora administrativa a las licitaciones desiertas y a la falta de documentación adecuada por parte de algunos interesados. Remarcó, además, que no se acortaron plazos ni se exceptuaron requisitos y que todo el procedimiento contó con control del Tribunal de Cuentas.

Esa respuesta explica una parte del recorrido, pero deja abiertos varios interrogantes. El principal es por qué las cabañas pudieron alojar contingentes oficiales en 2025 si todavía debían atravesar trabajos, controles o habilitaciones antes de recibir a turistas particulares.

Tampoco se informó públicamente por qué no prosperó la contratación directa que se negociaba con Churrinche en marzo de 2026, qué modalidad se empleó para seleccionar a Ros, cuál es el canon y la duración de la nueva concesión ni cómo se distribuirán los espacios entre los dos operadores.