Turismo expectante ante la avanzada de Javier Milei para disolver Vialidad Nacional, CNRT y concesionar rutas

El proceso forma parte de una reforma integral del Estado impulsada por el Presidente, con eje en la desregulación, el achicamiento del gasto público y el traspaso de funciones al sector privado.

La medida, oficializada a través de una conferencia encabezada por el vocero presidencial, Manuel Adorni, contempla una serie de fusiones y transferencias de funciones hacia una nueva entidad: la Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte absorberá competencias de fiscalización y monitoreo sobre rutas, trenes, colectivos, puertos y otras áreas estratégicas.

Cabe destacar que la letra chica de la decisión presidencial será publicada este martes 8 de julio a través de un decreto.

Vialidad Nacional: concesión y privatización del mantenimiento vial

Uno de los ejes más polémicos de la medida es la eliminación de Vialidad Nacional, organismo histórico responsable del mantenimiento y construcción de la red vial argentina.

Según explicaron fuentes oficiales, las rutas nacionales serán concesionadas a empresas privadas mediante un esquema de licitaciones públicas, que incluirá el cobro de peajes y mecanismos de financiamiento mixto.

La infraestructura existente será transferida a manos privadas para su operación y mantenimiento, mientras que los proyectos en curso serán auditados y redefinidos en función de su viabilidad.

Cabe destacar que la iniciativa ya genera preocupación en el sector turístico, donde las rutas nacionales cumplen un rol vital en la conectividad.

La CNRT y la Seguridad Vial también se reconfiguran

Además de Vialidad, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte -encargada de controlar los servicios ferroviarios y vehículos de pasajeros y cargas- será absorbida por la nueva agencia. Lo mismo ocurrirá con la ANSV, que lideraba las campañas y acciones en materia de seguridad vial en todo el país.

Desde el Ejecutivo aseguran que el nuevo esquema permitirá “eliminar superposiciones, reducir costos y garantizar mayor eficiencia en el control de los concesionarios”, en línea con los principios de reforma del Estado. (El plan de Daniel Scioli para bajar los impuestos en turismo)

No obstante, al cierre de esta edición, desde el sector se multiplican las interrogantes sobre cómo se garantizará el control efectivo, la seguridad en rutas y terminales, y el cumplimiento de las normativas sin un ente técnico autónomo.

El avance desregulatorio de Javier Milei genera preocupación por la incertidumbre operativa

La decisión podría tener efectos directos en la conectividad terrestre, especialmente en corredores turísticos y zonas con alta dependencia del transporte automotor, tanto de pasajeros como de carga.

El futuro del mantenimiento vial, la fiscalización de ómnibus de larga distancia, y la coordinación con los gobiernos provinciales quedan bajo un nuevo marco que aún debe ser reglamentado.

Por otro lado, y desde hace varias semanas, sectores del transporte y gremios estatales habían advertido sobre el impacto laboral y operativo de estas decisiones, mientras que desde el oficialismo insisten en que el objetivo es “reducir la burocracia estatal” y “concentrar recursos en funciones esenciales”.

Agencias de viajes alertas: ¿de la burocracia excesiva al riesgo de desregulación total?

Desde el sector privado, la reestructuración genera lecturas diversas. Si bien muchos coinciden en que organismos como la CNRT ya venían perdiendo funciones y operatividad, la transición hacia el nuevo esquema plantea desafíos concretos para la movilidad y el turismo.

“Lo de la CNRT era un secreto a voces. Ellos mismos decían que casi no tenían funciones. Pero este momento de transición, en el que no hay un norte claro ni un interlocutor definido, es lo que más complica”, señaló un agente de viajes porteño.

En línea, un colega de Jujuy indicó que el impacto ya se percibe en temas puntuales como la fiscalización de vehículos turísticos.

“Días atrás se destrabó provisoriamente la normativa sobre los vehículos 4x4, que no estaban considerados dentro de la categoría N1 de transporte turístico en la CNRT, lo que impedía su correcta habilitación para la actividad. Hay que ver como queda ahora con la nueva reglamentación" sostuvo.

Otro de los puntos más señalados por los empresarios del transporte y el turismo es la rigidez burocrática que caracterizaba a los organismos ahora disueltos.

“Antes todo estaba muy trabado: controles redundantes, documentación excesiva, trámites engorrosos. Eso hacía lento y costoso operar”, explicó un agente de viajes receptivo.

Sin embargo, también advierten sobre el riesgo de que la transición derive en una desregulación total. “Pasar del exceso de controles a un escenario sin ningún tipo de fiscalización puede comprometer la seguridad de los pasajeros. Lo ideal sería encontrar un punto de equilibrio: mantener los requerimientos técnicos y legales indispensables, pero con un sistema más ágil, moderno y eficiente”, resumieron.

Por otra parte, la desaparición de Vialidad Nacional también deja interrogantes sobre el futuro de las obras de infraestructura esenciales para la conectividad. (Transporte aéreo: Los tiros en el pie del gobierno de Javier Milei)

“Vialidad tenía sus tiempos, su burocracia, pero al menos sabías a quién acudir. Ahora no sabemos quién va a ejecutar las obras pendientes. Por ejemplo, en el Parque Nacional El Rey hay dos puentes clave que nunca se hicieron y que dependían de Vialidad. ¿A quién le reclamás ahora?”, se preguntó un empresario del Norte argentino.

Una nueva agencia, menos Estado y más control privado

La flamante Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte dependerá directamente del Ministerio de Economía y tendrá un diseño organizacional que buscará optimizar procesos, incorporar tecnología y coordinar con actores privados.

Su creación se inscribe en la lógica de un Estado reducido, centrado en la supervisión y el control de contratos, en lugar de la gestión directa de servicios.

Con esta movida, el Gobierno acelera su estrategia de transformación estructural, con impactos que se sentirán en todo el sistema de transporte, desde las rutas nacionales hasta las terminales de ómnibus, y plantea nuevos desafíos para la movilidad y el desarrollo turístico.