El caso volvió a encender un debate incómodo en Córdoba y en todo el sector turístico: dos titulares de una agencia de viajes imputados por estafas reiteradas, con decenas de damnificados y perjuicios millonarios, quedaron en libertad y pueden seguir vendiendo paquetes turísticos porque la Justicia no les prohibió expresamente ejercer la actividad.
Imputados por estafas turísticas millonarias siguen vendiendo viajes en Córdoba
Dueños de una agencia de viajes imputados por estafas reiteradas por montos equivalentes a más de US$ 100 mil recuperaron la libertad y continúan operando.
Estafas turísticas en Córdoba: imputados por más de US$ 100 mil siguen vendiendo viajes.
La situación no solo generó indignación entre las víctimas, sino que volvió a poner bajo la lupa los “grises” del sistema de control turístico en Argentina, donde una imputación penal no implica, necesariamente, la suspensión de la habilitación comercial.
Según publicó Perfil Córdoba, Gabriel Gianoglio y Dahyana Martínez, responsables de la empresa En Ruta Viajes, enfrentan denuncias por al menos 14 hechos de estafa vinculados a la venta de paquetes turísticos que nunca se concretaron.
De acuerdo con la causa, los perjuicios económicos superarían los $ 120 millones y los US$ 23 mil, montos que, al tipo de cambio actual, equivalen a más de US$ 100 mil.
Ambos imputados recuperaron la libertad bajo caución de $ 3 millones cada uno y quedaron sujetos a reglas de conducta: fijar domicilio, presentarse periódicamente ante la Fiscalía, no obstruir la investigación y no salir del país sin autorización judicial. Sin embargo, no se les impuso ninguna restricción para continuar operando comercialmente.
Un esquema reiterado de estafas en turismo
La investigación, a cargo de la fiscal Valeria Rissi, sostiene que los acusados habrían “ideado una maniobra para obtener un rédito económico indebido” durante al menos tres años, ofreciendo paquetes turísticos “a sabiendas de que no se prestarían o no se brindarían en las condiciones promocionadas”.
Entre las víctimas hay familias de toda la provincia que contrataron viajes a destinos como Punta Cana, Disney, Brasil, Colombia y Europa.
El patrón se repite en los expedientes: cobros adelantados, cancelaciones a último momento, reservas hoteleras nunca abonadas, reprogramaciones que se dilataban durante meses y devoluciones que jamás se concretaron. ('Súper' estafas a hinchas de Boca: el falso viaje al Superclásico que dejó a 70 personas varadas en Chubut)
Según los testimonios, la operatoria incluía la oferta de viajes internacionales a precios “promocionales”, la mención de supuestos convenios con mayoristas inexistentes y el envío de confirmaciones, recibos o vouchers apócrifos para sostener la apariencia de normalidad hasta horas antes de la salida.
“Nos vaciaron los ahorros. Nunca pensamos que, estando imputados, podían seguir vendiendo viajes como si nada”, relató una de las familias damnificadas.
Una agencia de viajes imputada, pero habilitada
Pese a que la causa está judicializada, En Ruta Viajes -con legajo 18.067 y registrada desde 2015- continúa figurando como activa en el Registro de Agencias de Viajes de Faevyt, aunque desactivó sus redes sociales. La situación genera un interrogante clave: ¿ quién controla hoy que una agencia imputada por estafas no siga captando clientes?
En el fallo que otorgó la libertad, la Justicia argumentó que “se ha llegado a un acuerdo con la mayoría de las personas damnificadas”, lo cual podría incidir en la pena final. En al menos 8 de los hechos investigados se alcanzaron conciliaciones económicas, pero solo después de denuncias penales, reclamos en Defensa del Consumidor y demandas civiles.
Sin embargo, la resolución no incluyó la inhabilitación para ejercer actividades comerciales vinculadas al turismo. En términos prácticos, los imputados pueden seguir atendiendo clientes y vendiendo paquetes mientras avanza el proceso penal. (El cuento de las millas: falso agente de viajes preso por estafas)
Vacíos legales y responsabilidades difusas
La omisión encendió alarmas en el sector. Abogados especializados advierten que se trata de un vacío legal recurrente: la suspensión de la actividad no es automática y debe ser solicitada y fundamentada de manera expresa, algo que -por razones que no fueron aclaradas- no quedó incorporado en la resolución judicial.
El caso deja al descubierto una zona gris peligrosa: mientras la Justicia investiga posibles delitos penales, el sistema de habilitación turística carece de mecanismos preventivos para proteger a los consumidores frente a agencias bajo investigación.
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