La condena a cuatro años de prisión efectiva contra Nino Adrián Bonivardo por estafas en turismo marca un punto de inflexión para el sector. El caso, que involucra un fraude por más de US$ 650 mil y 200 damnificados, trasciende lo judicial y expone debilidades estructurales en el sistema de control de las agencias de viajes.
Estafas en turismo: fraude por más de US$ 650 mil, 200 damnificados y una condena que sacude al turismo
El juicio abreviado que condenó a Nino Adrián Bonivardo cerró una de las mayores causas por estafas en una agencia de viajes.
Estafas por más de US$ 650 mil en una agencia de viajes: 200 damnificados y una condena que sacude al turismo.
Durante meses, pasajeros oriundos de La Pampa que habían contratado viajes al exterior comenzaron a descubrir que pasajes, hoteles y otros servicios nunca habían sido abonados a los proveedores.
La investigación judicial determinó que la maniobra se repitió de forma sistemática, acumulando montos millonarios y afectando tanto a clientes como a la propia estructura comercial de la agencia involucrada.
Por su parte, el fiscal general Guillermo Sancho que condujo la investigación detalló que el monto de las defraudaciones asciende $ 74.660.000, U$S 592.175 y € 600.
"Las maniobras incluyen la venta de vuelos, paquetes, alojamientos y cruceros que nunca fueron abonados a las operadoras mayoristas", explicó en conversaciones con el portal El diario de La Pampa.
Juicio abreviado y condena efectiva: estafas y qué resolvió la Justicia
Bonivardo se desempeñaba como responsable de los viajes internacionales dentro de la agencia Nuova Viajes, cuyo titular, Daniel Panza, fue el primero en denunciar penalmente a su empleado. (Estafas en La Pampa y el rol de la agencia de viajes)
El expediente se cerró mediante un juicio abreviado, mecanismo que implica el reconocimiento de responsabilidad penal por parte del acusado y evita la realización de un juicio oral.
En este caso, Bonivardo admitió 202 hechos de estafa continuada, aceptando una pena de cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo, agravada por su condición de reincidente, ya que contaba con antecedentes penales por delitos similares.
Desde el punto de vista judicial, el acuerdo permitió acelerar la resolución de una causa compleja por la cantidad de víctimas y operaciones involucradas.
Desde el punto de vista turístico, dejó en claro que no se trató de episodios aislados, sino de una operatoria prolongada que logró sostenerse en el tiempo.
Cabe destacar que la representante de los damnificados pidió que le den una "compensación económica", pero el Tribunal le dijo que no era el ámbito adecuado para plantear eso. La sentencia se conocerá formalmente el próximo 9 de febrero.
El impacto silencioso: confianza del pasajero y daño reputacional
Más allá de la condena, el principal daño se proyecta sobre la confianza del consumidor. Cada estafa en una agencia de viajes no solo afecta a los damnificados directos, sino que genera un efecto arrastre sobre todo el canal formal de comercialización turística, especialmente en la venta de viajes internacionales.
“Estos casos generan desconfianza generalizada. El pasajero no siempre distingue entre una conducta individual y el trabajo profesional de miles de agencias habilitadas”, señaló un referente del sector minorista.
En un contexto económico sensible y con decisiones de compra cada vez más cautelosas, la pérdida de confianza se convierte en un factor que condiciona la demanda. (Imputados por estafas turísticas millonarias siguen vendiendo viajes en Córdoba)
Controles, habilitaciones y una falla que vuelve a discutirse
El caso Bonivardo reabrió una pregunta incómoda para el sistema turístico: ¿cómo pudo sostenerse durante tanto tiempo una maniobra de este volumen?. Si bien existen registros, requisitos de habilitación y normativas vigentes, la causa puso en evidencia las limitaciones prácticas de los mecanismos de fiscalización.
“El problema no es la ausencia de reglas, sino la dificultad para detectar desvíos cuando la operatoria fraudulenta se camufla dentro de una estructura formal”, explicó un abogado especialista en regulación turística.
El debate vuelve a centrarse en la necesidad de controles más dinámicos, alertas tempranas y coordinación entre el sector público y privado.
Antecedentes y riesgos procesales
Bonivardo no es ajeno al sistema penal. Posee una condena previa de tres años y ocho meses de prisión efectiva por hechos similares: 29 casos de defraudación con tarjetas de crédito, cuatro estafas, dos intentos de defraudación y la frustración maliciosa de pagos con cheques.
Esta reincidencia fue uno de los factores considerados por el juez Ralli al momento de rechazar el pedido de libertad condicional.
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