Estafas en turismo: la Justicia endurece la responsabilidad de las agencias de viajes

El caso se originó a partir de la compra de siete pasajes internacionales que nunca fueron emitidos, pese a haber sido abonados por la consumidora. La operación fue realizada a través de un asesor que se desempeñaba formalmente dentro de la firma y utilizó correos institucionales, documentación y confirmaciones aparentes para concretar la estafa.

Aunque la empresa intentó desvincularse del hecho argumentando que el dinero no ingresó a su contabilidad y que el empleado actuó por fuera de los procedimientos habituales, la Justicia consideró que la maniobra fue posible gracias a la estructura, imagen y credibilidad que la propia agencia proyectaba ante el público.

Un precedente que redefine la responsabilidad de las agencias de viajes

El tribunal concluyó que la empresa debía responder de manera solidaria junto al exempleado, al entender que existió una relación directa entre las funciones que este cumplía y el daño sufrido por la clienta.

En ese marco, el fallo aplicó la teoría de la apariencia jurídica, que protege al consumidor cuando una operación se presenta como legítima, aun si internamente existían irregularidades. (Mega estafas en Chile: casi 200 turistas argentinos fueron engañados con alquileres truchos en Reñaca)

La sentencia sostuvo que, desde la perspectiva del cliente, no hay forma razonable de distinguir entre el accionar individual del vendedor y la responsabilidad de la empresa cuando la operación se desarrolla dentro del ámbito de la agencia, con herramientas institucionales y bajo una relación laboral formal.

Estafas en turismo: qué cambia para el sector

Más allá del caso puntual, el fallo introduce un mensaje contundente para el sector turístico: las agencias de viajes no pueden desentenderse de las estafas cometidas por su personal cuando estas se apoyan en la estructura empresarial.

Según el criterio judicial, las empresas tienen un deber reforzado de control, supervisión y prevención, especialmente en una actividad donde la confianza es un componente central del vínculo comercial.

La falta de controles internos adecuados puede derivar en responsabilidades económicas significativas, incluso cuando el fraude no haya sido autorizado formalmente.

Impacto en el vínculo entre agencias y consumidores

La resolución refuerza además la protección del consumidor turístico, al dejar en claro que quien contrata un servicio no está obligado a investigar la operatoria interna de una agencia para validar una transacción. La buena fe del cliente, cuando está razonablemente fundada, adquiere pleno valor jurídico. (Estafas en turismo: fraude por más de US$ 650 mil, 200 damnificados y una condena que sacude al turismo)

En la práctica, el precedente funciona como una advertencia para el mercado: las agencias deberán profesionalizar aún más sus procesos, transparentar los circuitos de cobro y emisión, y fortalecer los mecanismos de control interno, si buscan reducir riesgos legales y preservar su reputación.

En un contexto donde las estafas en turismo generan creciente preocupación, la Justicia dejó una señal clara: la responsabilidad empresarial no se limita a sancionar al autor material del fraude, sino que alcanza a las estructuras que, por acción u omisión, permiten que esas maniobras ocurran.