El turismo estudiantil, en la puja por el establecimiento de reglas claras

Si bien el comienzo de la venta de viajes de egresados comienza por lo general entre abril y mayo, el sector ya exige reglas claras, aunque también modificaciones a las normas actuales: las últimas referidas a turismo estudiantil datan de más de 10 años.

El mega DNU contra la Ley de Agentes de Viajes

En ese sentido, uno de los grises que genera incógnitas pasa por el primer artículo de la Ley 25.599, que no fue modificado por el megaDNU 70/2023 pese a la ligazón con la Ley de Agentes de Viajes derogada en el mismo DNU.

Este artículo indica que los agentes de viajes que quieran operar viajes de turismo estudiantil deben contar con un “Certificado nacional de autorización para agencias de turismo estudiantil”, y para obtener el certificado, la Ley 18.829 establecía que se debía estar inscrito en el Registro de Agentes de Viajes de la Secretaría de Turismo de la Nación.

“De nuestra parte, seguimos esperando que nos indiquen cómo sigue la Ley de Turismo Estudiantil. Aún no avanzamos”, señaló Adrián Manzotti, responsable de Turismo Estudiantil en Faevyt y presidente de ACTE –Asociación Civil de Turismo Estudiantil–, apuntando a los funcionarios.

Lo que cabe preguntarse –y que a la vez resulta inentendible–, entonces, es por qué la Ley 25.599 no fue modificada por el DNU 70/2023, cuando la Ley 18.829 fue derogada. Esta omisión es la que provoca que la operación de turismo estudiantil quede virtualmente liberada.

El miércoles, representantes de Faevyt, acompañados por CATE –Cámara Argentina de Turismo Estudiantil– y ACTE, se reunieron en Suipacha 1111 junto al secretario Daniel Scioli, la subsecretaria Yanina Martínez e integrantes del equipo técnico, entre los que se encontraba la histórica Cecilia Díaz, con el objetivo de plantear problemáticas del segmento, pero no hubo una propuesta firme que destrabe la situación.

Entre los temas, los presentes mencionaron la necesidad de actualizar precios por inflación –algo prohibido por la ley, ya que implicaría una modificación en el contrato–; asimismo, hablaron sobre los pasos a seguir tras la caída de la Ley Ómnibus y de las condiciones para comenzar con la venta de viajes.

La operación del turismo estudiantil pasa por una situación delicada por el drástico aumento de la inflación, que licúa el dinero destinado para la ejecución de los servicios. Esto podría desencadenar fuertes endeudamientos.

Según los presentes en la reunión, los funcionarios gubernamentales mostraron su voluntad de trabajar junto al sector con la intención de que no haya problemas para concretar los viajes, y se comprometieron a presentar una propuesta concisa en una nueva reunión que tendrá lugar esta semana.

En ese contexto, Gastón Burlón, presidente de CATE, comentó: “Estamos trabajando junto a Daniel Scioli para la implementación de una nueva reglamentación”, destacando que la comunicación con los funcionarios “es excelente” y ponderando el hecho de mantener un diálogo continuo: “Es bueno ser escuchado de parte del Estado”.

De parte de CATE, Burlón aseveró que le pidieron a Turismo que el artículo 1 de la 25.599 indique lo que es una agencia de viajes de turismo estudiantil, desligándola de esta manera de la Ley 18.829.

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¿La Ley Ómnibus era la solución para el turismo estudiantil?

El sector confió en la aprobación de la Ley Ómnibus y que, de esa manera, se aten los cabos sueltos que dejó el DNU 70/2023. “Debemos adaptarnos. Si se cayó la Ley Ómnibus y la reglamentación corre por cuenta de Turismo, trabajaremos con ellos”, señaló Burlón.

En ese sentido, la modificación que proponía la Ley Ómnibus respecto a la Ley 25.599 solucionaba el vacío legal actual: la desligaba de la Ley 18.829 y, para operar, solo exigía un certificado, que iba a ser expedido por la Subsecretaría de Turismo.

Otro de los cambios pasaba por la información que debía ser presentada dentro de la declaración jurada y, además, contemplaba una multa de hasta 1.000 UVAs –Unidad de Valor Adquisitivo– por incumplimiento de los deberes mencionados.

Asimismo, Burlón enfatizó en la necesidad de trabajar junto al Estado por nuevas normas que regulen al turismo estudiantil, con nuevos reglamentos que se ajusten a los tiempos actuales, ya que los vigentes cuentan con más de 10 años de antigüedad.

“No sé si la Ley Ómnibus traía mejoras. Sí representaba una oportunidad de poder modificar algunas demandas que el sector exige hace años, como el problema de la cuota fija, que en un país con más de 200% de inflación se torna imposible. Se podría haber agregado por ley que cada empresa pueda presentar su modelo de contrato. Son ideas que ahora estamos trabajando con la Secretaría para su reglamentación.”

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El amparo de Faevyt, otro factor a tener en cuenta

Por otro lado, el segmento está atento al amparo presentado por Faevyt, que busca declarar inconstitucional al referido a las agencias de viajes en el DNU 70/2023.

Desde el sector de las agencias de viajes aseguran que desregular el turismo alentaría la creación de empresas truchas y el aumento de estafas a pasajeros por parte de oportunistas a los que no se les exigirán requisitos económicos ni financieros para funcionar.

En ese sentido, advierten sobre el peligro que implica la desprofesionalización de la actividad, permitiéndole a cualquiera vender servicios turísticos; al tiempo que señalan que la desaparición de la Ley 18.829, tal y como plantea el DNU, fomentará una competencia desleal con personas que no son profesionales de la actividad turística y que no tendrán ningún control para cumplir correctamente con su labor ni brindar ningún tipo de garantía a los pasajeros.

Asimismo, y respecto al turismo estudiantil, la entidad advirtió sobre el vacío legal que se generaría de no existir un registro nacional de agencias de viajes.

“Es fundamental resaltar que la derogación del régimen de agentes de viajes impacta directamente sobre los derechos adquiridos por las empresas de viajes y turismo que, cumpliendo con esta ley, brindan seguridad a los pasajeros y estabilidad al sector", declaró Andrés Deyá, presidente de Faevyt, a días de haber presentado el recurso de amparo. Es de destacar que la operatoria de las empresas de turismo se caracteriza por administrar los pagos por anticipado de sus pasajeros, lo que inevitablemente requiere controles para minimizar mala praxis o estafas.

Si los artículos del DNU referidos a los agentes de viajes son declarados inconstitucionales implicaría que, en este caso, la Ley 18.829 volvería a estar vigente, y de esa manera que el turismo estudiantil, por lo menos, vuelva a su anterior ordenamiento. En ese sentido, Burlón aseveró que de parte de CATE no esperan que caiga el DNU, sino que la situación se comience a destrabar con una reglamentación.

“Sabemos que el turismo estudiantil no se va a desregularizar. Para el Estado es un segmento sensible, lo que se demostró en la voluntad de incluir modificaciones en la Ley Ómnibus”, añadió.

Dicho esto, el presidente advirtió sobre los peligros que pueden implicar una desregularización: “Es una situación que ya hemos vivido. Cualquiera se ponía a organizar un viaje. Si eso llegara a ocurrir, desde CATE vamos a continuar exigiendo los mismos requisitos actuales para las agencias socias, además de comunicarle a toda la población que lo más confiable es viajar con una agencia socia de CATE. No hay ninguna ventaja en la desregularización del turismo estudiantil, fundamentalmente para el pasajero, que quedaría vulnerable ante estafas o incumplimientos”.

Así la situación, al sector le queda esperar una iniciativa política, comenzando por Scioli, que destrabe el vacío legal existente en la operatoria para el turismo estudiantil. Por supuesto, mientras el tiempo sigue corriendo, los márgenes son cada vez menores, y las propuestas concretas por ahora no aparecen.

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