Seguridad vial: Diputados "K" proponen actualizar la ley ante el abandono del Estado

"En medio de un profundo ajuste por parte del gobierno de Javier Milei y el desfinanciamiento de Vialidad Nacional, la seguridad vial atraviesa una crisis sin precedentes", explicó la diputada Ana María Ianni (UxP - Santa Cruz).

En respuesta, presentó dos proyectos de ley que buscan fortalecer el marco legal para prevenir siniestros y sancionar con mayor rigor las conductas peligrosas al volante.

Diputados: cambiar el lenguaje para cambiar la mirada

El primer proyecto propone modificar la Ley Nacional de Tránsito Nº 24.449 para reemplazar el término “accidente” por “incidente de tránsito” o “incidente vial”, en todos los artículos relevantes.

La iniciativa sostiene que la palabra “accidente” transmite una idea de inevitabilidad o azar que trivializa el factor humano, aún cuando muchos siniestros se deben al incumplimiento de normas. (Turismo expectante ante la avanzada de Milei para disolver Vialidad, CNRT y concesionar rutas)

“El lenguaje construye sentido. Si se puede evitar, no es un accidente”, recordó Ianni, en referencia a una recordada campaña impulsada por la ANSV. El texto también cita recomendaciones de la OMS y la Unesco que desalientan el uso de la palabra “accidente” en materia de siniestros viales.

Además de la modificación terminológica, se actualizan artículos relacionados con las presunciones de responsabilidad, las obligaciones tras un incidente, los sistemas de auxilio, la recolección de estadísticas y el seguro obligatorio.

Ana María Ianni propone incorporar agravantes penales por uso del celular al volante

El segundo proyecto modifica el Código Penal, en particular los artículos 84 bis y 94 bis, para incluir como circunstancia agravante el uso de dispositivos electrónicos de comunicación -como celulares o auriculares- por parte de conductores que causen muertes o lesiones en siniestros viales.

La propuesta también incorpora el término “impericia” como conducta punible, y eleva las escalas penales cuando se acumulen agravantes como fuga, exceso de velocidad, alcohol cero, drogas, violación de señales de tránsito o múltiples víctimas.

Se establece, además, que en estos casos no podrá aplicarse la suspensión del proceso a prueba (probation), un recurso que frecuentemente permite eludir condenas efectivas.

“La ley actual no refleja la gravedad del daño ni responde al reclamo social de justicia. Si alguien mata con el celular en la mano, no puede quedar libre o sin condena efectiva”, argumentó Ianni.

Una deuda pendiente en materia de seguridad vial

Ambos proyectos reflejan una preocupación transversal a familiares de víctimas, organismos internacionales y sectores políticos que advierten sobre la falta de respuestas estatales. (Celadi avala la desregulación del transporte terrestre)

“Las rutas están abandonadas, no hay controles y se desmantelan políticas que habían dado resultados. Urge dar una señal clara desde el Congreso ”, expresó la legisladora.

Solo en 2024, Argentina registró más de 4.000 muertes por siniestros viales. Según cifras oficiales citadas en los proyectos, el país destina entre 1,5 % y 1,7 % del PBI a atender las consecuencias económicas de estos hechos.

Con estas iniciativas, Ianni busca recuperar la agenda de la seguridad vial desde el Congreso Nacional, en un contexto en el que la reducción del rol estatal agrava los riesgos para millones de argentinos y argentinas que transitan rutas sin mantenimiento ni fiscalización efectiva.