Maros Turismo: el juicio por estafas a pasajeros llega a sentencia tras nueve años

En el centro de la acusación está Marcela Arévalo, señalada durante el proceso como directora de Maros Turismo y responsable de conducir la operatoria de la empresa. Para ella, la Fiscalía mantuvo esta semana el pedido de nueve años de prisión.

El escenario cambió, en cambio, para las otras tres mujeres que llegaron al juicio. Tras meses de audiencias, la Fiscalía redujo las penas solicitadas contra Ana Felice y Lucila García, y retiró directamente la acusación contra Ivana Álvarez Flores, quien se desempeñaba como idónea técnica de Maros Turismo.

La diferenciación no es secundaria para el sector turístico. El proceso deberá definir qué responsabilidad tuvo cada integrante de la estructura de una agencia que funcionaba bajo el antiguo régimen de licencias e idoneidad obligatoria, justamente uno de los aspectos que desaparecieron con la posterior desregulación del mercado.

Maros Turismo: cómo comenzó el caso que sacudió a Santa Fe

El conflicto salió a la luz el 2 de enero de 2017, cuando decenas de pasajeros llegaron hasta las oficinas de Maros Turismo, en la ciudad de Santa Fe, después de enterarse de que un viaje previsto a Cancún y Playa del Carmen no iba a realizarse.

Ese primer contingente estaba integrado por alrededor de 68 personas. Pero los reclamos comenzaron a multiplicarse y la dimensión del caso creció rápidamente.

A lo largo de la investigación llegaron a presentarse más de 300 personas como damnificadas, mientras que alrededor de 160 quedaron comprendidas en los hechos que finalmente fueron llevados al juicio oral.

Las situaciones denunciadas eran distintas. Hubo pasajeros que habían abonado viajes que nunca comenzaron, clientes que cuestionaron consumos realizados con sus tarjetas. y viajeros que ya se encontraban en México cuando surgieron inconvenientes con servicios que creían contratados, incluidos alojamientos y vuelos de regreso. (Ushuaia: acusan de presuntas estafas a una agencia de viajes y estiman perjuicios por hasta $ 200 millones)

El expediente dejó entonces de girar únicamente alrededor del quebranto de una empresa. La investigación comenzó a buscar una respuesta más compleja: si Maros Turismo simplemente había colapsado financieramente, o si continuó vendiendo y cobrando viajes aun cuando sabía que no podría cumplir con parte de los servicios prometidos.

La acusación contra Maros Turismo: cobros en medio de la crisis

Una fecha resultó determinante para reconstruir lo sucedido: 29 de diciembre de 2016. Ese día Maros Turismo presentó un concurso preventivo de acreedores, pocos días antes de que el conflicto tomara estado público.

Para la Fiscalía, la empresa ya atravesaba entonces una situación financiera crítica que no fue informada a quienes continuaban contratando y abonando sus viajes.

La hipótesis de la acusación sostiene que Maros mantuvo frente a sus clientes una apariencia de normalidad y solvencia, mientras seguía recibiendo dinero por servicios que posteriormente no pudo prestar.

Los testimonios incorporados al juicio describieron pagos mediante transferencias, efectivo y tarjetas de crédito. También hubo pasajeros que relataron que representantes de la firma llegaron a sus domicilios particulares para realizar cobros cuando faltaban pocos días para el cierre.

Otro capítulo de la investigación se concentró en el uso de tarjetas. La Fiscalía sostuvo que datos de algunos clientes fueron utilizados para cancelar servicios correspondientes a otros pasajeros y que existieron firmas falsificadas en autorizaciones de operaciones.

Según la acusación, ese funcionamiento habría permitido cubrir compromisos anteriores con ingresos provenientes de nuevas ventas y prolongar durante algún tiempo una operatoria que estaba cada vez más comprometida. (La Justicia acelera las causas por estafas en turismo y envía una señal a la industria)

Las defensas rechazaron esa interpretación. Su planteo fue que Maros Turismo era una empresa real, que funcionaba desde 2012 y terminó atravesando una profunda crisis económica y problemas de administración, pero que esa situación no alcanza por sí misma para probar la existencia de una maniobra deliberada destinada a estafar pasajeros.

Esa diferencia está ahora en manos del tribunal.

Quién es Marcela Arévalo y por qué Fiscalía pide 9 años de prisión

Cuatro mujeres llegaron al juicio oral. Marcela Arévalo fue señalada durante el proceso como directora y principal responsable de la operatoria de Maros Turismo. Su madre, Ana Felice, aparecía como titular registral de la agencia; Lucila García trabajaba como empleada; e Ivana Álvarez Flores cumplía la función de idónea técnica.

El avance del juicio terminó, sin embargo, diferenciando claramente sus situaciones.

Tras analizar la prueba producida durante el debate, las fiscales Gabriela Arri y Rosana Marcolín readecuaron sus pedidos:

• Marcela Arévalo: mantuvieron el pedido de 9 años de prisión.
• Lucila García: redujeron la pena solicitada de 9 a 4 años.
• Ana Felice: el requerimiento bajó de 7 a 3 años, con cumplimiento domiciliario.
• Ivana Álvarez Flores: Fiscalía retiró la acusación que originalmente contemplaba una pena de seis años.

En el caso de Arévalo, el desarrollo del juicio no modificó el núcleo de la hipótesis fiscal. Las acusadoras entienden que la prueba permite continuar ubicándola en el centro de las decisiones y operaciones cuestionadas.

El panorama fue distinto para las restantes imputadas, donde la Fiscalía revisó el grado de responsabilidad que inicialmente les había atribuido.

Qué pasó con la idónea de Maros Turismo

El cambio más significativo para la industria turística aparece en la situación de Ivana Álvarez Flores. (Más de 500 agencias de viajes avanzan con el Sello de Calidad Faevyt - SecTur)

Cuando ocurrieron los hechos, la actividad de las agencias estaba regulada por la Ley 18.829 de Agentes de Viajes. Las empresas debían contar con licencia estatal, estar inscriptas ante la autoridad turística y disponer de un representante técnico idóneo. Álvarez Flores ocupaba ese lugar dentro de Maros Turismo.

Por ese motivo, una de las discusiones del expediente fue determinar hasta dónde llegaban las responsabilidades derivadas de esa función frente a las irregularidades investigadas dentro de la empresa.

La acusación original consideró que su posición podía generar obligaciones de control sobre el funcionamiento de la agencia. Su defensa sostuvo otra cosa: que su tarea era de carácter técnico, que residía en Esperanza y que no participaba de la administración cotidiana, las finanzas ni las decisiones comerciales de Maros Turismo.

Después de la producción de prueba, Fiscalía concluyó que no contaba con elementos suficientes para mantener la acusación penal en su contra.

La decisión no establece una regla general sobre la responsabilidad de los idóneos ni puede trasladarse automáticamente a otras situaciones. Habrá que esperar también los argumentos del fallo.

Pero sí deja planteada una cuestión sensible para las agencias: hasta dónde podía llegar la responsabilidad de quien aportaba la idoneidad profesional cuando no intervenía directamente en la gestión económica y comercial de la empresa.

El caso Maros Turismo llega al fallo con otro régimen para las agencias de viajes

Los nueve años transcurridos desde que estalló el caso introducen además un dato imposible de ignorar: el mercado de agencias que recibirá la sentencia ya no funciona bajo el mismo marco regulatorio.

En 2017 estaba vigente la Ley 18.829. Para desarrollar la actividad era obligatorio contar con licencia y cumplir una serie de requisitos establecidos por el Estado, entre ellos los vinculados con la figura del idóneo. Ese esquema fue modificado de raíz por el DNU 70/2023, que derogó la Ley de Agencias de Viajes. (Más de 35 denuncias contra una agencia de viajes por US$ 40.000)

A partir de la desregulación desapareció a nivel nacional la obligación de contar con la antigua licencia para comercializar servicios turísticos y dejaron de existir varias de las exigencias que formaban parte de ese sistema.

Por eso, el caso Maros presenta una paradoja: los hechos serán juzgados bajo las reglas vigentes cuando ocurrieron, pero la sentencia se conocerá en un mercado que hoy opera bajo un esquema completamente diferente.

La comparación tiene límites. El expediente no permite evaluar por sí mismo el funcionamiento de la actual desregulación y los hechos ocurrieron varios años antes del cambio normativo.

Sí aporta, en cambio, elementos para una discusión que continúa vigente en el negocio turístico: cómo acreditar profesionalidad frente al pasajero, qué herramientas existen para detectar operadores informales, qué responsabilidad asume cada integrante de una empresa y qué mecanismos de protección funcionan cuando un prestador deja de responder.

Estafas: cuánto dinero se reclama por el caso Maros Turismo

La dimensión económica del expediente fue cambiando a medida que avanzó la investigación.

Durante el juicio, una de las querellas estimó que el perjuicio actualizado correspondiente a los hechos analizados se aproxima a los US$ 500 mil.

A lo largo de estos nueve años circularon diferentes cifras porque no todos los cálculos contemplaron la misma cantidad de damnificados, los mismos hechos ni idénticos criterios de actualización de los montos.

La causa tuvo además un quinto involucrado. Miguel Ángel Correa, vinculado personal y comercialmente con Arévalo, resolvió anteriormente su situación mediante un juicio abreviado y recibió una condena de tres años de prisión.

Para las cuatro mujeres que llegaron al debate oral, el recorrido judicial fue considerablemente más largo, atravesado por audiencias preliminares, planteos procesales, cambios de defensores y distintas postergaciones. (Estafas por US$ 100.000: cae el dueño de la agencia Abordo Viajes en Córdoba)

Caso Maros Turismo: cuándo se conocerá la sentencia

La definición quedará en manos de los jueces Celeste Minniti, Pablo Busaniche y Pablo Spekuljak. Según el cronograma previsto, el veredicto se conocerá el lunes 24 de agosto al mediodía.

El tribunal deberá resolver si las conductas reconstruidas durante el debate configuran las estafas planteadas por las acusaciones y qué responsabilidad penal corresponde, en su caso, a cada una de las imputadas.

Para los pasajeros será la instancia más esperada de una causa que comenzó en enero de 2017.