Juicios laborales millonarios golpean a agencias de viajes y hoteles: ¿qué cambió con la reforma?

Los antecedentes judiciales permiten dimensionar el problema: una condena de $ 65,6 millones contra un hotel de Bariloche, otra superior a $ 27 millones en Resistencia y un fallo por $ 22,9 millones contra un establecimiento gastronómico bonaerense. A ellos se suman conflictos que también alcanzan a operadores, y condicionan su planificación financiera y estructura empresarial.

Detrás de estas cifras aparecen situaciones diversas, desde relaciones laborales incorrectamente registradas hasta diferencias salariales y controversias por licencias médicas. Sin embargo, los casos comparten un elemento: el peso que pueden adquirir las indemnizaciones, los intereses y las actualizaciones judiciales, que en determinadas circunstancias multiplican el capital originalmente reconocido.

El escenario reaviva un debate entre las entidades empresarias y sindicales. Mientras Fehgra y AHT advierten sobre los costos laborales, la litigiosidad y las dificultades para sostener la rentabilidad, desde Uthgra cuestionan aspectos de la reforma y ponen el foco en la protección de los trabajadores y el cumplimiento de las obligaciones patronales.

En este contexto, la reforma laboral vigente desde marzo de 2026 introdujo cambios en el cálculo de las indemnizaciones y la actualización de créditos judiciales. No obstante, su impacto real sobre la cantidad de juicios todavía está por determinarse, mientras que el Fondo de Asistencia Laboral, una de las principales herramientas previstas para las empresas, aún no comenzó a operar.

Tres juicios laborales que terminaron en condenas millonarias

Uno de los antecedentes más significativos corresponde al hotel Aldebarán, de Bariloche. (Un hotel en Salta podría cerrar por juicios laborales de hasta $ 100 millones)

En agosto de 2025, la Cámara Primera del Trabajo condenó a Sirius Patagonia SRL a pagar $ 65.582.412,67 a una trabajadora que había ingresado en diciembre de 2005 y cuya jornada, según se acreditó judicialmente, estaba registrada por cuatro horas diarias, aunque cumplía ocho.

La empleada también desarrollaba tareas adicionales a las correspondientes a su función original de mucama, entre ellas la preparación de desayunos, el lavado de ropa y la atención de mesas.

El tribunal consideró justificado el despido indirecto y reconoció indemnizaciones, diferencias salariales y otros conceptos laborales.

Pero el dato económico más revelador está en la composición de la condena: el capital reconocido ascendía a casi $ 25 millones, mientras que los intereses representaban aproximadamente $ 40,6 millones, cerca del 62% del total.

El expediente tuvo, sin embargo, una resolución posterior. En septiembre de 2025, las partes alcanzaron un acuerdo conciliatorio homologado judicialmente y la empresa desistió de un recurso extraordinario. El monto finalmente acordado no surge de la resolución pública consultada.

Un segundo caso se registró en Resistencia, Chaco.

En marzo de 2026, el Juzgado del Trabajo N.º 3 condenó a Gala S.A. a pagar más de $ 27 millones a una trabajadora hotelera que había iniciado un conflicto por licencias médicas y salarios impagos.

La empleada, con una extensa trayectoria en el establecimiento, se consideró despedida después de que la empresa desconociera licencias médicas y dejara de abonar remuneraciones.

El tribunal consideró que las diferencias entre los profesionales médicos debían resolverse mediante los procedimientos correspondientes y no a través del desconocimiento unilateral de la situación de la trabajadora.

El tercer antecedente corresponde al sector gastronómico. (Scioli cruzó a la Justicia por el caso Piegari: "No puede quebrar una empresa por un juicio de propinas")

En julio de 2026, el Tribunal del Trabajo N.º 4 de Lomas de Zamora dictó una condena de aproximadamente $ 22,9 millones contra los demandados vinculados a la cervecería 1973 Beer House, de Glew.

La causa involucraba a un jefe de cocina cuya relación laboral no había sido registrada. La sentencia reconoció indemnizaciones, diferencias salariales y actualizaciones.

En este último expediente, el monto base reconocido era de aproximadamente $ 5,8 millones, mientras que la actualización del crédito elevó el total a casi cuatro veces ese valor.

Los tres casos muestran que la magnitud económica de una sentencia no depende únicamente de la indemnización original, sino también del tiempo transcurrido, las reglas de actualización y los rubros reconocidos.

No obstante, corresponden a jurisdicciones y circunstancias diferentes. Sus montos no resultan directamente comparables ni permiten establecer, por sí solos, un aumento generalizado de la litigiosidad.

Agencias de viajes: juicios millonarios y empresas obligadas a reestructurarse

Los juicios laborales también impactan sobre las agencias de viajes y operadores turísticos. En abril de 2025, la Justicia de Bariloche hizo lugar parcialmente a una demanda contra una minorista por una relación laboral no registrada. El trabajador reclamaba $ 22,24 millones y el tribunal responsabilizó tanto a la empresa como a uno de sus socios gerentes.

En marzo de 2026, otro expediente por despido contra una agencia llegó a la Cámara Nacional del Trabajo, donde se analizaron mecanismos de actualización de una deuda laboral con cálculos cercanos a los $ 23 millones. En octubre, la Corte Suprema intervino en otra causa contra una agencia y dejó sin efecto una resolución que había reducido un componente indemnizatorio vinculado con deficiencias en la registración laboral. (¿Trampolín o salvavidas?: el verdadero impacto de la reforma laboral en el turismo)

El impacto también puede trasladarse directamente al funcionamiento empresarial. Según información recogida por Ladevi, una operadora turística enfrentó en los últimos dos años dos fallos laborales adversos por sumas que fuentes vinculadas a la compañía describen como millonarias en dólares. De acuerdo con esas fuentes, las contingencias obligaron a revisar su estructura y avanzar en una reorganización interna. Los montos y el alcance de esa relación no pudieron verificarse de manera independiente.

Los antecedentes exponen cómo las indemnizaciones, los intereses y la duración de los procesos judiciales pueden comprometer la planificación financiera de las empresas turísticas, aunque no permiten establecer que exista un aumento generalizado de los litigios en el sector.

Fehgra: la litigiosidad como amenaza para las pymes

Para la Federación, la conflictividad laboral forma parte de las principales preocupaciones que enfrenta la actividad, junto con la presión impositiva, los costos operativos y la rentabilidad.

En una entrevista concedida a Ladevi en enero de 2026, Daniel Prieto, presidente de Fehgra, identificó la litigiosidad como uno de los factores que pueden comprometer la continuidad de los establecimientos.

El dirigente describió el escenario como una "espada de Damocles" para las empresas, especialmente aquellas de menor tamaño.

Su preocupación se explica, en parte, por la composición del sector: una importante presencia de pymes que deben sostener estructuras laborales, alquileres, servicios, impuestos y otras obligaciones, incluso en períodos de menor demanda.

Desde esta perspectiva, una sentencia elevada puede comprometer la disponibilidad de recursos y obligar a revisar decisiones de inversión, contratación o continuidad operativa.

Prieto también vinculó las dificultades para sostener empleo formal con la presión tributaria y la necesidad de contar con reglas laborales más previsibles. ("La conflictividad laboral amenaza la hotelería y gastronomía")

En ese sentido, Fehgra acompañó el debate sobre modernización laboral y participó en espacios de trabajo vinculados con las reformas, con el objetivo de aportar la perspectiva de las empresas hoteleras y gastronómicas.

Sin embargo, el problema excede la discusión sobre los juicios. La Federación también considera necesario mejorar las condiciones económicas para sostener establecimientos rentables y preservar los puestos de trabajo.

La distinción es importante: una menor incertidumbre judicial puede facilitar la planificación empresarial, pero no necesariamente compensa la caída del consumo, los costos fiscales o las dificultades de financiamiento.

AHT: la reforma laboral avanzó, pero el alivio económico todavía no llegó

La Asociación comparte parte del diagnóstico sobre la necesidad de modernizar las relaciones laborales, aunque introduce un cuestionamiento adicional: las modificaciones normativas no se tradujeron todavía en una reducción significativa de los costos de operar un hotel.

Durante Hotelga 2026, Gabriela Ferrucci, presidenta de AHT, reconoció herramientas incorporadas por la reforma, especialmente el banco de horas, los cambios relacionados con la litigiosidad y la creación del Fondo de Asistencia Laboral.

Para una actividad condicionada por la estacionalidad, la posibilidad de organizar las jornadas con mayor flexibilidad constituye uno de los aspectos que la entidad considera favorables.

Sin embargo, Ferrucci advirtió que el principal problema económico continúa sin resolverse.

"Mantenemos la asfixia impositiva intacta", sostuvo la dirigente durante la exposición, al cuestionar que la reducción de impuestos y cargas sociales prometida por el Gobierno no se hubiera concretado en la magnitud esperada.

Según las estimaciones difundidas por AHT, los impuestos y contribuciones asociados a los salarios superan el 50%, una incidencia que la entidad considera determinante para la competitividad de la hotelería argentina.

Ferrucci también reclamó una disminución efectiva de las cargas sociales mensuales para favorecer el empleo formal. (AHT endureció el reclamo a Milei: La asfixia impositiva sigue intacta)

El planteo presenta una diferencia respecto de la discusión estrictamente judicial.

Mientras una modificación en el cálculo de indemnizaciones puede incidir sobre contingencias futuras, los impuestos, las contribuciones patronales y los costos salariales afectan todos los meses el funcionamiento de los establecimientos.

Para AHT, la reforma representa un avance en determinadas reglas laborales, pero todavía no resuelve los problemas estructurales que condicionan la contratación, la inversión y la rentabilidad.

Uthgra : los juicios también exponen incumplimientos de las empresas

Desde el sidicato, las modificaciones laborales generaron cuestionamientos vinculados con la protección de los trabajadores, las jornadas y las particularidades de los destinos turísticos estacionales.

La seccional Bariloche fue una de las organizaciones que impulsó una acción judicial contra la reforma.

Ovidio Zúñiga, referente sindical de Uthgra Bariloche, cuestionó que la nueva legislación trate bajo criterios generales actividades que presentan condiciones de trabajo diferentes.

En declaraciones al portal Bariloche2000, sintetizó esa objeción al sostener que la reforma considera las distintas actividades como si fueran una sola, sin contemplar suficientemente las particularidades regionales.

El dirigente advirtió sobre los efectos de los esquemas de distribución horaria, las jornadas extensas y las modalidades de contratación en destinos donde existen temporadas de alta intensidad laboral.

Esta posición corresponde a la seccional regional y no constituye una evaluación específica de la conducción nacional sobre los tres fallos judiciales analizados. (Reforma laboral: el recibo de sueldo ahora mostrará cuánto paga la empresa por cada trabajador)

Reforma laboral: qué cambió efectivamente para los juicios

La Ley 27.802 de Modernización Laboral, publicada el 6 de marzo de 2026, modificó distintos aspectos del régimen laboral argentino, incluidos los criterios indemnizatorios, la actualización de créditos judiciales y determinados mecanismos de organización del trabajo.

Uno de los cambios más relevantes para los litigios se relaciona con la actualización de las sumas reclamadas judicialmente, un componente que puede terminar representando una proporción considerable del monto de una condena.

La legislación estableció un esquema general basado en la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC), más un interés anual del 3%, junto con disposiciones específicas para determinados procesos que ya estaban en trámite.

La aplicación concreta depende de la fecha del crédito, el estado del expediente y las reglas transitorias correspondientes.

Esta modificación resulta particularmente significativa frente a antecedentes como el hotel de Bariloche, donde los intereses superaron ampliamente el capital inicialmente reconocido.

No obstante, ese expediente fue resuelto en 2025 y posteriormente terminó en un acuerdo homologado. No corresponde suponer que la reforma de 2026 hubiera modificado automáticamente aquella condena.

La ley también introdujo cambios en la determinación de determinadas indemnizaciones y habilitó nuevos mecanismos para la organización de las jornadas laborales, sujetos a las condiciones y límites legales correspondientes.

Pero uno de los instrumentos que mayor expectativa generó entre los empresarios todavía no está operativo. (Laura Teruel, presidenta de CAT defendió la reforma laboral)

Fondo de Asistencia Laboral: la herramienta que todavía no llegó a los hoteles

El Fondo fue concebido para ayudar a los empleadores privados a afrontar determinadas obligaciones indemnizatorias mediante recursos acumulados en fondos específicos.

Sin embargo, su entrada en vigencia fue prorrogada hasta el 1° de diciembre de 2026, mediante el Decreto 1228/2026.

La reglamentación también amplió a 12 períodos mensuales completos y consecutivos el plazo mínimo de carencia desde la primera contribución efectivamente integrada.

Esto significa que las empresas no podrán utilizar inmediatamente los recursos del mecanismo al comenzar su implementación.

El alcance del Fondo también tiene limitaciones relevantes: está orientado a determinadas obligaciones indemnizatorias vinculadas con trabajadores debidamente registrados, no sustituye la responsabilidad del empleador y no constituye un seguro general frente a cualquier litigio.

En consecuencia, el FAL no ofrece una solución automática para demandas originadas en empleo no registrado, diferencias salariales u otros incumplimientos laborales.

Para las entidades empresarias, la herramienta podría mejorar la previsibilidad financiera frente a determinadas desvinculaciones, pero sus resultados concretos todavía están pendientes.

La reforma, además, atravesó cuestionamientos judiciales promovidos por organizaciones sindicales. Aunque existieron medidas cautelares y posteriores resoluciones sobre su aplicación, la legislación continúa vigente, sin que ello implique que todas las controversias constitucionales hayan quedado definitivamente resueltas.