Scioli cruzó a la Justicia por el caso Piegari: "No puede quebrar una empresa por un juicio de propinas"

"Una pyme no puede quebrar por un juicio de propinas”, advirtió el funcionario, quien, con ese argumento, instó a todo el espectro político, a avanzar con leyes que brinden previsibilidad al turismo y la gastronomía.

El reclamo del exempleado de Piegari: salarios adeudados, falta de registración y despido indirecto

Según consta en la sentencia, el trabajador inició su reclamo durante la pandemia, cuando -en pleno A.S.P.O. dispuesto por los DNU 260/2020 y 297/2020- intimó al empleador a pagar los salarios de marzo, abril y mayo de 2020, advirtiendo que, de no percibirlos, se consideraría despedido. Ante la falta de respuesta, disolvió el vínculo laboral por despido indirecto el 29 de junio de 2020.

En paralelo, mediante intercambio postal, exigió la registración formal de la relación laboral, la entrega de recibos desde su ingreso en 1994 y la acreditación de aportes previsionales y de obra social. Señaló que trabajaba como mozo de salón, seis días por semana y unas diez horas diarias, y afirmó que percibía $ 100 mil mensuales, con $ 40 mil declarados y $ 60 mil “en negro” correspondientes a propinas, sobre cuya situación dijo que también notificaría a AFIP.

El trabajador rechazó la carta documento enviada por la empresa por considerarla “extemporánea e improcedente”. Además, negó haber incurrido en ausencias injustificadas y explicó que, por padecer EPOC agudo, había sido dispensado de asistir por riesgo sanitario durante la pandemia. También aclaró que permanecía en su domicilio habitual y que, por cuestiones de salud, en junio estuvo al cuidado de su hija.

Finalmente, reclamó indemnización, salarios adeudados, preaviso, integración del mes de despido, SAC y vacaciones proporcionales, junto con la entrega de certificados laborales bajo apercibimiento de solicitar las sanciones correspondientes.

Un fallo que reaviva el debate por las propinas como salario

La Justicia falló a favor del trabajador y la condena asciende a cifras que habrían superado “$ 150 millones”.

Aunque no se dispone públicamente de la copia del fallo definitivo, se conoció que la demanda asciende a $270 millones; al tiempo que el monto inicial a pagar por la firma era de $ 9.429.176,61. Se elevó a esa cifra en concepto de intereses y multas. (Turismo pide a Javier Milei una reforma laboral que potencie la competitividad y formalice el empleo)

También se menciona que se dictó un embargo preventivo sobre las cuentas del restaurante, lo que pondría en riesgo su continuidad. Piegari, con más de 25 años en el sector, advirtió que podría verse obligado a cerrar, con el consecuente impacto sobre cientos de puestos de trabajo.

El caso reavivó el debate en el sector: muchos restaurantes funcionan con una estructura salario base + propinas, y temen que este fallo siente un precedente que genere una ola de litigios similares, modificando la operatoria clásica del rubro gastronomía.

El dueño de Piegari advirtió por el impacto del fallo: “Somos una pyme, no una multinacional”

Tras conocerse la condena judicial, el dueño de Piegari, Alberto Chinkies, conversó con Infobae y explicó la situación. Remarcó que el caso no sólo afecta a su restaurante, sino que refleja un problema estructural del sector gastronómico. “Somos una pyme, no una multinacional con un respaldo enorme para la cual esto sería un chiste ”, señaló al describir la fragilidad económica que atraviesan los establecimientos del rubro.

El empresario afirmó que el fallo coloca al local en una posición límite y que la coyuntura de litigiosidad laboral se replica en toda la actividad. “Lo que me está pasando a mí les está pasando a cientos de colegas ”, expresó, al advertir que cada nuevo litigio puede comprometer la continuidad de empresas con márgenes cada vez más estrechos.

Según explicó, el restaurante viene operando al límite para sostener los niveles de empleo: “Hago lo posible para pagar los sueldos ”, aseguró, y sostuvo que la combinación de caída del consumo, presión impositiva y conflictos laborales incrementa el riesgo de cierres en cadena dentro del sector.

El respaldo de Daniel Scioli a las reformas de Milei para frenar los juicios laborales

Daniel Scioli no se limitó a criticar el fallo: aprovechó la visibilidad del caso para respaldar con fuerza la agenda de reforma laboral e impositiva que impulsa el gobierno de Javier Milei. (Scioli celebra el 'upgrade' institucional, y se alinea con las reformas laboral y tributaria de Milei)

“Necesitamos una modernización laboral que deje atrás la industria del juicio” , afirmó, y siguió: "Las actuales reglas desalientan inversión, ponen en riesgo pymes reales y terminan afectando al turismo argentino”.

En este orden, el funcionario planteó que, para sostener un sector estratégico como el turismo -clave en la recuperación económica-, es necesario garantizar certezas legales, reducir costos fiscales y simplificar tributos.

En su visión, eso permitiría proteger pequeñas y medianas empresas, evitar quiebras por litigios laborales y reactivar el mercado de empleo formal en gastronomía y servicios.

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Restaurantes en jaque: el fallo como una señal de alerta

Para dueños y trabajadores del sector, este fallo representa más que una indemnización puntual: simboliza una inseguridad jurídica.

Si las propinas son consideradas parte del salario habitual, los montos indemnizatorios por despido se disparan, afectando la viabilidad de muchos comercios pequeños y medianos.

Desde Fehgra vienen advirtiendo hace tiempo sobre el impacto que la litigiosidad, la presión fiscal y los costos laborales tienen sobre la competitividad del sector.

En línea, la entidad sostuvo que “la hotelería y la gastronomía se encuentran en su máximo nivel histórico de presión tributaria, afectando seriamente su rentabilidad y poniendo en riesgo la continuidad de muchas empresas”.

Dirigentes de la Federación remarcan que, en un contexto de consumo retraído, cualquier incremento en los costos judiciales o impositivos agrava la fragilidad del sector. “El punto de equilibrio del comerciante está altísimo. Un juicio de alta magnitud puede hacer entrar en quiebra a un local”, expresaron.

Por su parte, Ahrcc también viene planteando la preocupación por la creciente litigiosidad. La Asociación recordó que la actividad es, históricamente, “un blanco predilecto para la denominada industria del juicio”, y advirtió que cualquier normativa que incremente costos o abra la puerta a reclamaciones masivas “pone en jaque la propia supervivencia de miles de pymes del sector”.