Un hotel en Salta podría cerrar por juicios laborales de hasta $ 100 millones

La advertencia fue realizada por Carlos Issa, propietario de la empresa familiar, y por Pablo Abdón Torres Barth, asesor legal del Movimiento Empresarial Anti Bloqueos (MEAB). Ambos sostienen que el alojamiento, de cuatro estrellas ubicado en el centro de la Ciudad capital y fundado en 1971, no tendría margen financiero para responder ante una nueva sucesión de sentencias desfavorables.

La continuidad del establecimiento dependerá, por lo tanto, de cómo evolucionen los expedientes laborales pendientes y de la causa penal iniciada después de las protestas. El caso tendrá una nueva instancia este miércoles 29 de julio, cuando las partes participen de una audiencia para analizar las pruebas que llegarán al juicio oral y explorar una eventual salida alternativa.

Hotel Provincial Plaza: $ 68 millones pagados y siete juicios pendientes

"El hotel ya destinó $ 68 millones, calculados a valores actualizados, al cumplimiento de acuerdos y resoluciones laborales promovidos por exempleados que también están imputados en el proceso penal", según explicó Torres Barth a Infobae.

En línea, indicó que todavía quedan siete demandas por resolver. La representación empresarial calcula que, en caso de recibir nuevos fallos adversos, el desembolso acumulado podría alcanzar los $ 100 millones. Eso implicaría sumar otros $ 32 millones, un incremento potencial de alrededor del 47% sobre lo ya pagado.

“Si se resuelven antes de la sentencia penal, derivará en una solución drástica porque el empresario no tiene margen para pagarlo”, advirtió el abogado del MEAB.

En una entrevista anterior con el mismo medio, Issa había señalado que el pasivo de la empresa estaba integrado por 13 causas laborales. La información más reciente indica que permanecen siete juicios pendientes; mientras que el resto habría derivado en acuerdos, pagos o resoluciones ya ejecutadas.

El dato permite dimensionar la evolución económica del conflicto: no se trata únicamente de una contingencia futura, sino de una carga que ya afectó la caja de una empresa hotelera en funcionamiento. (La crisis del consumo cambia el negocio hotelero: más ocupación ya no garantiza rentabilidad)

Un hotel tradicional en el centro turístico de Salta

El Provincial Plaza está ubicado en Caseros 786, a dos cuadras de la Plaza 9 de Julio y dentro del circuito comercial, histórico y turístico de la capital salteña. Se trata de un establecimiento de cuatro estrellas, con restaurante, piscina en la terraza y diferentes categorías de habitaciones y suites.

La empresa fue fundada en 1971 por el padre y los tíos de Carlos Issa. Con más de cinco décadas de trayectoria, integra la oferta hotelera tradicional del centro de la ciudad y mantiene actividad comercial en uno de los sectores de mayor circulación de visitantes.

Por eso, un eventual cierre no se limitaría a la desaparición de una sociedad familiar. También supondría la pérdida de plazas hoteleras, empleos directos y movimiento económico asociado a proveedores, gastronomía y otros servicios turísticos.

Cómo comenzó el conflicto durante la pandemia

El origen del expediente se remonta a abril de 2021, cuando empleados y representantes gremiales realizaron una protesta por diferencias salariales frente al establecimiento, en un contexto marcado por las restricciones sanitarias y la paralización que había sufrido la hotelería.

De acuerdo con la denuncia empresarial y con el requerimiento presentado por el Ministerio Público Fiscal de Salta, los manifestantes bloquearon el acceso principal, impidieron el ingreso y egreso de empleados, huéspedes y alumnos de una escuela de turismo, y realizaron pintadas sobre puertas de vidrio y muros de mármol.

La Fiscalía sostuvo además que, al momento de la protesta, estaba vigente una conciliación obligatoria dictada por la Secretaría de Trabajo provincial, que impedía a las partes realizar medidas de acción directa.

Issa aseguró a Infobae que las protestas se extendieron durante aproximadamente 18 días y que el conflicto terminó cuando el hotel despidió con causa a los trabajadores involucrados y presentó las denuncias penales correspondientes. Esa es la versión del empresario y forma parte de los hechos que deberán evaluarse en el juicio. (Hotel Maitei: la coyuntura económica volvió inviable al cuatro estrellas de Posadas)

La causa penal y los fallos laborales avanzaron por caminos diferentes

El punto más controvertido es la convivencia de dos procesos judiciales con objetos y tiempos distintos. Por un lado, el fuero penal debe determinar si las personas acusadas participaron de los bloqueos y daños denunciados. Por otro, el laboral analiza si los despidos estuvieron debidamente justificados y si correspondía el pago de indemnizaciones.

En 2022, el fiscal penal Ramiro Ramos Ossorio solicitó la elevación a juicio de siete acusados por los delitos de turbación de la posesión y daños. La investigación fue ampliada posteriormente y, según informó Infobae, la causa terminó alcanzando a 19 trabajadores y dirigentes sindicales.

El Juzgado de Garantías N° 4 sostuvo que el derecho constitucional de huelga no protege los daños materiales ni la turbación de la posesión. También consideró acreditados, a partir de testimonios, informes policiales, fotografías y filmaciones, los bloqueos de los accesos y los daños registrados en el establecimiento.

Sin embargo, esa elevación a juicio no equivale a una condena. La responsabilidad penal individual de los imputados todavía debe ser establecida durante el proceso oral.

La defensa del hotel intentó que los expedientes laborales fueran suspendidos hasta que hubiera una resolución penal, pero el planteo fue rechazado. Los juicios laborales continuaron avanzando y varias decisiones ordenaron el pago de indemnizaciones.

“La Justicia laboral va a una velocidad y la Justicia penal va a otra velocidad”, cuestionó Torres Barth, quien calificó la situación como una “falta de coordinación” entre ambos fueros. La interpretación pertenece a la representación del hotel y todavía es materia de controversia judicial.

Los trabajadores pedirán el sobreseimiento

La defensa de los exempleados rechaza la acusación empresarial. Nicolás Corregidor, abogado de 15 de los 17 trabajadores despedidos, anticipó a Infobae que solicitará el sobreseimiento de sus representados durante la audiencia.

Corregidor sostiene que la investigación fue conducida de manera irregular, que parte de los acusados no estuvo en el lugar de los hechos y que las filmaciones no demuestran que todos hayan bloqueado la puerta del hotel.

Según su versión, sus defendidos permanecieron en la vereda o en la calle y no participaron de la obstrucción atribuida por la Fiscalía. También remarcó que el conflicto tuvo origen salarial y que los trabajadores obtuvieron resoluciones favorables en el fuero laboral.

La diferencia entre ambas posiciones obliga a evitar conclusiones anticipadas. Mientras el hotel considera que los despidos fueron consecuencia directa de una conducta delictiva, la defensa de los trabajadores afirma que se trató de un reclamo laboral y cuestiona la individualización de los imputados. (Alivio para hoteles, restaurantes y agencias: ARCA lanzó un plan para regularizar deudas en hasta 18 cuotas)

Una audiencia clave para el futuro del hotel

La audiencia del miércoles 29 de julio servirá para definir qué pruebas serán incorporadas al juicio oral y si existe alguna posibilidad de resolución alternativa. La defensa de los trabajadores buscará cerrar las imputaciones, mientras que el hotel pretende acelerar el proceso penal.

Torres Barth también solicitó una reunión con el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, para plantear la situación financiera y judicial de la empresa. De acuerdo con Infobae, el mandatario recibiría al empresario durante la misma jornada.

El expediente constituye un caso relevante para el sector hotelero porque expone el impacto que pueden alcanzar los conflictos prolongados, la acumulación de intereses y la diferencia de tiempos entre fueros cuando está comprometida la continuidad de una empresa turística.

Por el momento, el Provincial Plaza continúa abierto y comercializando habitaciones. El cierre no fue formalmente decidido, pero su propietario asegura que siete nuevas sentencias adversas podrían elevar el costo del conflicto a $ 100 millones y tornar inviable la continuidad del establecimiento.