A días de que el gobierno de Javier Milei desregularice el transporte terrestre, desde la Cámara Empresaria de Larga Distancia (Celadi), indicaron que la política desregulatoria del ministro Federico Sturzenegger marca el "fin del servicio público como lo conocíamos".
La implosión desregulatoria de Sturzenegger en el transporte terrestre afectaría la calidad, cantidad y seguridad del servicio
Sobre la desregulación del transporte terrestre que pregona Javier Milei, desde Celadi indicaron que "no existe más la lógica de servicio público".
Para Celadi, la desregulación que pregona Javier Milei del transporte terrestre es contraproducente para el servicio.
De esta manera, Gustavo Gaona, vocero de la entidad, explicó que, en la práctica, la medida significa un cambio radical en la forma en que el transporte de larga distancia funciona en Argentina.
“Primero significa el fin del servicio público de larga distancia tal como lo conocíamos. Recordemos que los ómnibus de larga distancia, sobre todo de carácter nacional que vinculan todo el país ,por lo menos hasta el lunes, llegaban a más de 1.600 destinos”, declaró en conversaciones con Mitre Córdoba.
En este sentido, manifestó que el transporte terrestre de media y larga distancia funcionaba con un sistema muy similar a lo que ocurre con el transporte público de los colectivos en las ciudades; mientras que siguió: "Es decir el Estado otorgaba a una gran cantidad de empresas en todo el país determinados recorridos para que cumplan determinadas frecuencias todo el año en forma ininterrumpida y que lleguen a conectar estos lugares. ¿Todos podían ir a todos lados?. No. El Estado determinaba una cantidad de empresas por corredores y demás para mantener vinculado todo el país".
Al respecto, recalcó que, a partir de ahora, el Gobierno actual entiende que este tema puede ser cambiado, y "siguiendo la lógica de lo que ha ocurrido con el transporte aéreo, nos dicen,: ´a partir de hoy cualquier empresa puede ir a cualquier lado".
Para Celadi, la desregulación del transporte terrestre es contraproducente
Afirmando que no hay más regularidad ni obligatoriedad, desde Celadi criticaron que dependerá de las empresa adónde quieren ir, cuántas veces quieren ir, si quieren ir todo el año o a veces, y cuánto quieren cobrar.
"El Gobierno entiende que esto va a generar, acompañado de las empresas actuales, la apertura para nuevos operadores y que por eso va a crecer la oferta", dijo Gaona, para señalar: "Habrá que determinar si esto efectivamente termina siendo así".
Asimismo, reconoció que podrá crecer la oferta en cuanto a los lugares donde hay mucha demanda, aunque advirtió: "Habrá que ver qué ocurre en los lugares donde no hay tanta demanda. Esas ciudades o esos pueblos tenían garantizada la conectividad, habrá que ver cómo impacta".
Por otra parte, señaló que desde Celadi no pregonaban por una desregulación, pero enfatizó que era necesaria una actualización y cambios de normas en el marco regulatorio, porque algunas normas sí habían quedado muy antiguas.
"Lo que sí nos genera cierta preocupación, sobre todo para sostener la calidad del servicio, es qué requisitos se les van a pedir a quién ingrese al sistema", comentó en conversaciones con dicho medio.
Para terminar, puntualizó: "Esto nos genera cierta preocupación, porque no es lo mismo una compañía de 10, 20, 30, 200 colectivos con cierta infraestructura y demás, que un monotributita que se compra una combi usada y empieza a ofrecer ese servicio. Ahí si hay que velar por la calidad y la seguridad del servicio".
Comunicado de Celadi
Bajo el título “Desregulación del transporte público de pasajeros de carácter interjurisdiccional ”, desde Celadi sentaron postura e relación al dictado del decreto presidencial que impulsa la desregulación del servicio de transporte regular e interjurisdiccional de pasajeros.
Desde la Cámara Empresaria de Ómnibus de Larga Distancia expresaron que:
"Ante la carencia de importantes precisiones y definiciones en el texto publicado el día de la fecha, y ante el desconocimiento de los detalles finales que determinarán su reglamentación, consideramos prudente interiorizarnos primero sobre qué definiciones tomará al respecto la autoridad de aplicación, a fin de formular con sólidos argumentos nuestra opinión y posición.
No obstante ello, y a partir de lo establecido en el decreto no podemos dejar de advertir como un hecho de vital importancia y trascendencia que esta modalidad de transporte deja hoy de ser considerada un Servicio Público, con todas las implicancias que este cambio puede traer aparejado. Porque, si bien es cierto que este sector ha reclamado a lo largo de los años una modernización de su marco regulatorio, esta nueva normativa que avanza más allá en muchos aspectos, aún deja indefinidos e inconclusos otros tantos.
Estas definiciones pendientes, vinculadas a normativas complementarias, resultan indispensables para permitir que nuestro sector pueda seguir conectando ininterrumpidamente los 365 días del año a más 1600 destinos en Argentina. Una tarea, que vale recordar, el sector presta desde hace años sin ningún aporte económico del Estado Nacional, con subsidios CERO en sus tarifas y financiados en su totalidad por la propia operación del servicio y la venta de boletos.
Por ello, dada la importancia estratégica de esta modalidad de transporte, hemos solicitado a las autoridades la urgente convocatoria a un espacio de trabajo que permita identificar y dirimir todas estas cuestiones pendientes de resolución con el objetivo de avanzar en una reglamentación acorde al nuevo marco normativo y que resulte efectiva ante los nuevos desafíos que enfrentará el sector.
En el mismo sentido, consideramos prioritario comenzar en el seno de la Secretaría de Trabajo los encuentros que promuevan el análisis de los distintos Convenios Colectivos de Trabajo que hoy existen en el transporte de pasajeros y que ahora convergirían en un único registro. Resolver esta disparidad de acuerdos y convenios laborales será otro paso ineludible para asegurar la eficacia del nuevo plexo normativo.
En las próximas semanas, será nuestra misión proponer, debatir y, de ser necesario, cuestionar la letra que conforme la reglamentación del decreto de desregulación. Una tarea que entendemos, no deben asumir las empresas de transporte en soledad, sino en compañía de la sociedad toda, apelando a la participación de gobernadores, intendentes, legisladores nacionales y provinciales, además de entidades intermedias y de la sociedad civil, entre otras.
El sistema de transporte como hoy lo conocemos, un servicio público que ha sido faro para muchos países de la región y se encuentra posicionado entre los mejores del mundo podría verse afectado seriamente de no tenerse en cuenta estos y otros aspectos. Por ello, apelando a la responsabilidad de la actual gestión; poniendo en sus manos el futuro de nuestra actividad, y con ella la conectividad a cientos de ciudades, pueblos y parajes, además de la supervivencia de históricas compañía de transporte y el empleo de más de 12.000 hombres y mujeres, ponemos a su disposición toda nuestra colaboración y experiencia para seguir construyendo un transporte federal, igualitario y accesible acorde a las necesidades del pasajero del siglo XXI".
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"La medida reemplaza una norma con más de 30 años de antigüedad, buscando una mayor liberalización en las condiciones de prestación del servicio y agilizando los tiempos administrativos, con el fin de permitir la incorporación de nuevos actores al sector", declaró el secretario de Transporte de la Nación, Franco Mogetta, quien consideró que el decreto 883/2024 "es un gran avance para la liberalización y modernización del transporte en beneficio de pasajeros, empresas y transportistas".
En línea, celebró que se podrán establecer libremente los recorridos, vehículos, horarios, precios, duración de los servicios, los puntos de ascenso y descenso de pasajeros que estén autorizados por la jurisdicción local respectiva, "generando una mayor oferta de servicios y precios que beneficiará al usuario y generará competencia entre prestadores".
A su vez, destacó la creación del Registro Nacional del Transporte de pasajeros "para una mayor comodidad del transportista, ahorrando tiempo y dinero en trámites"; mientras que sostuvo que la medida comenzará a implementarse en 60 días cuando se realicen las actualizaciones tecnológicas necesarias.
"Las empresas y transportistas que ya estaban registradas no tendrán que hacerlo nuevamente", detalló el secretario de Transporte nacional, recordó, para asegurar: "Se mantienen las exigencias en materia de seguridad ya establecidas en la normativa vigente".
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