¿Cómo sigue la escandalosa privatización de Intercargo?

Y es que sobre la empresa de handling no pesaba la acusación de ser deficitaria. Al contrario. Es decir no había un justificativo para la venta más que, sencillamente, la definición ideológica de que el Estado no puede ser propietario de una empresa de handling. De hecho, en la propia norma que consagra el llamado a licitación, se afirma que “el Estado no es empresario”.

El precio de Intercargo: La polémica uno

Pero más allá de definiciones políticas, lo que convierte al proceso en escandaloso, son otras cuestiones. La primera de ellas es el precio. Y es que en vez de seguir los dictámenes del Tribunal de Tasaciones de la Nación (TTN) que existe justamente para solucionar casos como este, el Gobierno de Javier Milei optó por encargarle la tasación de Intercargo al BICE (Banco de Inversión y Comercio Exterior). De allí surgió, fijada en la Resolución Nº282/2026 del Ministerio de Economía, el precio base de US$ 45 millones.

Ahora bien, según cifras oficiales, Intercargo tiene activos corrientes (dinero en efectivo e inversiones líquidas) por US$ 55 millones y esa cifra trepa a US$ 93 millones si se toman en consideración los activos fijos. Por eso desde la Asociación del Personal Aeronaútico (APA) aseguran que Intercargo “podría comprarse a sí misma”.

Si quedaran dudas, en su Informe al Senado presentado hace pocas semanas, el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, aseguró que los beneficios netos anuales de Intercargo superan por poco los US$ 20 millones.

Cambio de reglas: Polémica dos

Ahora bien, la privatización se lanzó a través del Decreto Nº198 de marzo del año pasado pero sufrió dos modificaciones a posteriori. La primera de ellas tiene que ver con los plazos. La Resolución Nº282 del Ministerio de Economía establecía que el 7 de mayo de 2026 vencía el plazo para la presentación de ofertas. Sin embargo, en una “Circular Modificatoria”, se modificó el plazo y se lo pospuso hasta el 10 de junio. En esa misma norma, la Nº282, se establece que los oferentes deben presentar sus “Estados contables”, un modo de asegurar la solvencia económica.

A esto se suma que en otra “Circular Modificatoria” (la Polémica dos), publicada en las últimas horas, se permite la participación en el proceso de venta de empresas que aún no se hayan terminado de constituir en nuestro país.

Un gran “Viva la Pepa”: ¿Polémica tres?

Vale aclarar que todo el proceso de licitación no contempla, para lo oferentes, la obligatoriedad de ningún tipo de compromiso. Hablamos de que el comprador no tiene que comprometerse a realizar inversiones de ningún tipo, ni a sostener el empleo, ni a presentar un business plan. Es cierto que el proceso apunta a vender el 100% de las acciones, es decir, el Estado se deshará completamente de la empresa.

Pero además, hay cuestiones más profundas que no tienen respuesta. Intercargo es por lejos el principal operador de rampa del país. Esto significa que opera en todos los aeropuertos nacionales. En muchos compite con otras empresas (en Ezeiza, American Airlines se autopresta el servicio; Aerolíneas Argentinas también lo hace a través de AeroHandling y Flybondi se “atiende” a sí misma en determinados aeropuertos) pero en la gran mayoría opera en soledad. De hecho, la rentabilidad de Ezeiza, Aeroparque y en menor medida Córdoba, para Intercargo, sostiene las operaciones en el resto de las terminales. Según los pliegos, el comprador tiene la obligación de mantener el actual esquema de servicios de Intercargo por solo 180 días. Es decir, nada garantiza lo que sucederá con los servicios de rampa, más allá de ese plazo, en los aeropuertos argentinos de menor movimiento.

Denuncia sindical

Este esquema de privatización elegido motivó que la Asociación del Personal Aeronáutico (APA) formule una denuncia judicial. Puntualmente, el sindicato criticó la tasación de Intercargo, como eje de su presentación ante el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal Nº3, que encabeza el Juez Daniel Rafecas. APA denunció al ministro de Economía, Luis Caputo y a Maximiliano Voss, titular del BICE, y los acusó de ”administración fraudulenta”, “defraudación contra la administración pública” y “falsedad ideológica”. “Esperamos que se investigue a los responsables de este intento de vaciamiento del patrimonio público nacional. Esta denuncia busca frenar una posible estafa al pueblo argentino, evitando también el riesgo de la continuidad laboral de 1.500 familiar aeronáuticas y el futuro del sistema aerocomercial nacional”, concluye un comunicado de APA, que lleva la firma de su secretario General, Edgardo Llano.