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¿Cómo seguimos frente a la desregulación de las agencias de viajes?

Diego Benítez, abogado especialista en Derecho del Turismo, analiza el DNU que deroga la ley 18.829 y deriva en la desregularización de las agencias de viajes.

Luego de 53 años conviviendo con un Registro Nacional de Agentes de Viajes, desde quedan desreguladas las agencias de viajes tras la entrada en vigencia del DNU 70/2023. Diego Benítez, abogado/Doctor en Derecho, profesor titular UNRN y experto OMT, analiza las implicancias que tiene el decreto que deroga la ley 18.829.

"Ya no existe una autoridad nacional donde tramitar la licencia, los cambios de nombres, presentar seguros que vencen el próximo 15 de marzo –ni mantenerlo desde hoy-, ni tener un representante técnico inscripto en el registro de idóneos, etc. etc", sostuvo, para preguntarse: "Y si además estaban inscriptas en transporte turístico, como permisionarios en la Administración de Parques Nacionales (APN), o prestadores de turismo de naturaleza en los registros provinciales, todo ello también es alcanzado y entra en una zona gris".

A ello, Diego Benítez agregó que hasta que no se apruebe el proyecto de ley Ómnibus, las agencias de viajes de turismo estudiantil también están alcanzadas, porque los requisitos para operar (licencia con cinco años) y el régimen de sanciones, quedaron derogadas en el día de la fecha.

¿Cómo seguimos ante la desregulación de las agencias de viajes?, por Diego Benítez

"El artículo 1º de la ley 18829 que determinaba las actividades principales y exclusivas de las agencias de viajes–no el monopolio-, también no está más operativo. Eso significa que el principio de exclusividad –tan vapuleado, por cierto- deja de existir desde la fecha y permite que muchos actores puedan entrar a realizarla.

Justo lo que nunca se quiso, ¿por qué? Desregular no siempre implica liberalizar reglas al 100%. Doy un ejemplo: conducir vehículos en el país es libre, lo hace quien quiere. Pero para hacerlo el conductor tiene que tener una edad mínima, obtener una licencia y hacerlo en un vehículo autorizado.

Lo mismo debe hacerse con el sector de agencias: simplificar inscripción, hacerlo mediante la contratación de seguros que protejan al turista y que cuenten con un representante técnico. Pasamos del anacronismo de exigirle hasta hace un mes a muchas agencias, que, bajo amenaza de sanción, exhiban el libro de reclamaciones foliado, un croquis en pdf y los contratos entre empresas, entre otras cuestiones operacionales, a un sistema sin autoridad nacional competente. Un absurdo.

El último proyecto completo de reforma de la 18.829 fue tras la sanción de la ley Nacional de Turismo, es decir 19 años atrás. Después aparecieron propuestas maquilladoras ´pour la galerie´.

Nunca hubo discusiones que, sobre todo, valoraran el rol profesional y la expertise que tiene el agente de viajes –y que la ley no borrará- pero que aseguren la prestación hacia terceros y que distinga la compra legal frente al intrusismo, el trucho como lo conoce el sector.

El artículo 6 de la ley que prevé la constitución del fondo de garantía y el mismo artículo del decreto 2182/72, solo servía para las multas del MinTur. Y esto que se sabía, no hubo ámbito serio para discutirlo y revertirlo. Esto igualó lamentablemente la protección del turista. El fondo de garantía no servía para hacer frente a cualquier incumplimiento del prestador o organizador.

Tampoco hubo discusiones llevadas a la reforma del Código Civil y Comercial de la Nación que determinaran como en Francia, Italia y Alemania que el agente de viajes intermediario actúa como mandatario (recibe u encargo de un cliente) equiparado al contrato de mandato como lo escribí para este medio en 2019 y así solucionar temas de la ley de consumidor. Era el siga siga, diría el árbitro Francisco Lamolina. Pero hoy, alguien sacó tarjeta roja.

Esta salida que será desordenada, debe encaminarse. No cambia la responsabilidad frente al consumidor, civil ni penalmente de las agencias por más que haya desregulación (ni tributarias ni previsionales).

Pero todas las zonas grises en las que entramos deben resolverse mediante la acción pública y privada, y la mirada federal del Consejo Federal de Turismo (CFT) y autoridades provinciales. Podrán incorporarlas a sus registros, podrán proponer certificaciones para diferenciarlas, podrán dar requisitos de seguridad que la ley no exigía, pero son muy necesarios, Hay mucho por hacer, muchas certezas por dar, de muchas zonas grises por salir.

El sector es cada día más profesional y deberá sumar ideas para que esas discusiones que no se dieron, ahora nos permitan dar batalla y restablecer la confianza de muchas familias que sienten la pasión y el conocimiento por la profesión que han elegido y que se preguntan ahora, ¿cómo seguimos? ¡Qué la amenaza sea una gran oportunidad!"

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