Parque Nacional Iguazú: tras el ajuste de Milei, un canon de $ 4,2 millones amenaza los accesos

Detrás del conflicto hay 18 familias vinculadas a Remisses Ecología S.R.L., una empresa que opera desde hace décadas dentro del área protegida y presta servicios desde el hotel hacia Puerto Iguazú y otros destinos. Hasta ahora, según explicaron los trabajadores, abonaban alrededor de $ 2 millones mensuales al Gran Meliá por su operación en el establecimiento.

El problema es que a esa estructura de costos se pretende incorporar ahora un nuevo pago a la Administración de Parques Nacionales (APN): un derecho mensual de explotación equivalente a 70 entradas generales al Parque Nacional Iguazú.

Con la entrada general en $ 60 mil, la exigencia representa $ 4,2 millones por mes. Y no es la única obligación: el esquema contempla además una contraprestación anual equivalente a otras 140 entradas, actualmente $8,4 millones, que deberá concretarse mediante equipamiento, herramientas, indumentaria o insumos para el Parque.

Para los trabajadores, la nueva ecuación es inviable. Y es precisamente allí donde una discusión administrativa sobre derechos de explotación amenaza con convertirse en un problema turístico: los remiseros evalúan medidas de fuerza que podrían alcanzar los accesos a Cataratas, con consecuencias para visitantes, excursiones, agencias y operadores.

Del Gran Meliá a Cataratas: cómo funciona el servicio de remises

Para entender el conflicto hay que mirar primero cómo funciona la actividad.

Remisses Ecología S.R.L. opera desde el hotel Gran Meliá, ubicado dentro del Parque Nacional Iguazú. Desde allí presta transporte de pasajeros hacia destinos situados fuera del área protegida. (Cataratas del Iguazú: qué sigue abierto tras el cierre de Garganta del Diablo y cómo funciona el parque)

Omar Rodríguez, uno de los trabajadores, aseguró que lleva 36 años desempeñándose en el lugar: comenzó cuando funcionaba el antiguo Hotel Internacional, continuó durante la etapa del Sheraton y permanece actualmente con el Gran Meliá. Los trabajadores aseguran que 18 familias viven de esa actividad.

Según explicaron, hasta ahora la relación económica contemplaba un pago mensual de alrededor de $ 2 millones al hotel. La controversia surge porque Parques Nacionales pretende sumar su propio derecho por la explotación de la actividad dentro del área protegida.

Por eso, no se trata simplemente de que un canon de $ 2 millones pase a $ 4,2 millones. Son conceptos que deben diferenciarse.

Los aproximadamente $ 2 millones corresponden, según el relato de los trabajadores, a lo que venían pagando al Gran Meliá. Los $ 4,2 millones constituyen un nuevo derecho mensual de explotación fijado por APN.

Esa diferencia es clave para entender por qué los remiseros sostienen que el nuevo esquema resulta económicamente imposible de afrontar.

De $ 60 mil a $ 4,2 millones: cómo Parques definió el nuevo canon

El documento oficial al que accedió Ladevi aporta, además, un dato que permite reconstruir cómo se llegó al monto cuestionado.

Inicialmente, la propia Intendencia del Parque Nacional Iguazú había propuesto cobrar a Remisses Ecología un derecho mensual de explotación equivalente a una entrada general.

Con los valores actuales, eso habría significado $ 60 mil por mes.

Pero la Dirección Nacional de Uso Público de APN intervino posteriormente y propuso modificar sustancialmente el parámetro: en lugar de una entrada, estableció el equivalente a 70 Derechos de Acceso de Tarifa General por mes.

La Intendencia terminó prestando conformidad con esa propuesta. (Parques Nacionales: Misiones reclamó a Adorni y Caputo por el ajuste en Iguazú)

Así se llegó a los números que dispararon el conflicto: 70 entradas × $ 60 mil = $ 4,2 millones mensuales.

La fórmula tiene además una particularidad relevante: el derecho no está establecido nominalmente en pesos, sino en cantidad de entradas. Por lo tanto, si APN vuelve a aumentar el acceso general, también crecerá automáticamente el monto que deberá pagar la empresa mientras permanezca vigente este mecanismo.

Además del canon mensual, otros $8,4 millones al año

Los $ 4,2 millones tampoco representan la totalidad de la nueva carga económica.

La Dirección Nacional de Uso Público estableció además una contraprestación anual equivalente a 140 entradas generales. A valores actuales son otros $8,4 millones.

En este caso no se trata de un pago directo: deberá materializarse mediante equipamiento, herramientas, indumentaria o insumos informáticos requeridos por la Intendencia del Parque y entregarse de manera escalonada, completando la obligación antes del 30 de agosto de cada año.

Si la entrada permaneciera durante 12 meses en $ 60 mil, el derecho mensual equivaldría a $ 50,4 millones anuales. Sumando la contraprestación, la nueva obligación con APN alcanzaría el equivalente a $ 58,8 millones por año.

Y eso se incorporaría a una actividad que, según los trabajadores, ya paga alrededor de $ 2 millones mensuales al Gran Meliá.

Ahí está el corazón económico del reclamo.

Tras el ajuste, Parques Nacionales busca fortalecer sus recursos

El conflicto tampoco aparece aislado del escenario financiero que atraviesa la Administración de Parques Nacionales.

En mayo, el gobierno de Misiones reclamó ante el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Economía, Luis Caputo, por la reducción de partidas dispuesta por el Gobierno de Javier Milei. (Funcionarios de Turismo cuestionan el ajuste de Milei en Parques Nacionales)

Según informó oficialmente la Provincia, la Decisión Administrativa 20/2026 significó una reducción de $ 41.715.920 para el Parque Nacional Iguazú, además de otros $ 12,1 millones correspondientes a Campo San Juan.

El gobernador Hugo Passalacqua planteó entonces que la reducción podía afectar tareas de conservación, seguridad y vigilancia. Paralelamente, durante 2026 APN avanzó con modificaciones en los derechos de acceso y otros componentes tarifarios vinculados con las áreas protegidas.

Es en ese escenario de menores recursos presupuestarios y búsqueda de mayores ingresos vinculados al uso turístico donde aparece ahora la exigencia a Remisses Ecología.

Existe, sin embargo, una diferencia que debe quedar explícita: el expediente de los remiseros no establece que el canon haya sido creado como consecuencia directa del recorte presupuestario. El ajuste constituye el contexto financiero que antecede al conflicto, pero la documentación disponible no demuestra una relación causal entre ambas decisiones.

Iguazú: los remiseros amenazan con llevar el conflicto a los accesos

La preocupación para el sector turístico empieza justamente donde termina la discusión económica.

Los trabajadores aseguran que no pueden afrontar el nuevo esquema y analizan medidas de protesta si APN mantiene las condiciones.

La posibilidad de que esas acciones alcancen los accesos al Parque convierte el conflicto en un asunto que puede superar rápidamente a Remisses Ecología y al Gran Meliá.

Una interrupción de la circulación hacia Cataratas podría afectar excursiones, contingentes, traslados de agencias de viajes, operadores y visitantes particulares, poniendo a la operación turística de Puerto Iguazú en medio de la disputa.

Mientras tanto, la documentación oficial contiene un dato que refuerza la posición de los trabajadores: APN deja asentado que Remisses Ecología no registra deudas pendientes con el organismo ni antecedentes contravencionales. La autorización para desarrollar la actividad se extiende hasta el 31 de agosto de 2027, condicionada también a la vigencia del contrato correspondiente al local comercial.

El caso deja así planteada una discusión mayor que los $ 4,2 millones: hasta dónde puede trasladarse sobre los prestadores turísticos la necesidad de generar recursos dentro del Parque Nacional Iguazú y qué ocurre cuando esa búsqueda amenaza con alterar el funcionamiento de Cataratas.

Creo que esta versión resuelve mucho mejor el agujero que detectaste: Gran Meliá deja de ser un dato lateral y pasa a explicar la relación comercial; los $ 2 millones y los $ 4,2 millones ya no parecen el “antes y después” de un mismo canon, y queda claro por qué los remiseros hablan de una carga nueva que se superpone a lo que ya pagan.