Cuestionan el plan de glampings en cuatro parques nacionales

La presentación se refiere a la iniciativa de Huttopia Argentina S.R.L., que, según el documento legislativo, fue declarada de interés público por la Administración de Parques Nacionales (APN) mediante la Resolución 370/2026.

El proyecto pide conocer el estado del trámite y acceder al expediente completo, incluidos el dictamen jurídico previo, la declaración de interés público y el acta de la reunión del Directorio del 25 de septiembre.

La propuesta empresarial había sido mencionada por Presidencia el 1° de octubre, tras una reunión de Karina Milei con representantes de Huttopia en París. La comunicación oficial confirmó la presentación de proyectos para desarrollar y gestionar cuatro campings premium en esas áreas protegidas.

Concesiones en cuatro parques y participación de prestadores locales

Uno de los principales interrogantes es si los establecimientos se licitarán como un único paquete contractual o mediante procedimientos independientes por parque nacional.

Ianni y Selva solicitan que, si se opta por una convocatoria conjunta, APN explique los fundamentos económicos y operativos y cómo garantizará que esa estructura no restrinja la participación de pequeñas y medianas empresas, operadores regionales y cooperativas.

En los fundamentos advierten que "una licitación en bloque podría elevar las barreras de entrada para prestadores de menor escala y favorecer a compañías con capacidad para invertir y operar simultáneamente en los cuatro destinos".

También preguntan qué procedimiento se utilizará para adjudicar las concesiones: una licitación pública nacional o internacional, un concurso público u otro mecanismo previsto en el régimen de contrataciones.

El pedido incluye las condiciones de solvencia económica, las características constructivas y las eventuales patentes o especificaciones de los módulos. Las diputadas quieren conocer qué mecanismos evitarán que esos requisitos se adapten exclusivamente a la empresa que presentó la iniciativa. (Cadena francesa anuncia inversión en Argentina: hasta € 5 millones por camping y un plan para cuatro parques)

Además, señalan "los márgenes de preferencia y la posibilidad de equiparar ofertas que la reglamentación contempla para el autor de una iniciativa privada", y solicitan garantías de igualdad de trato, transparencia y concurrencia de otros interesados.

El análisis económico y el plazo de explotación

La presentación cita un informe de la Dirección de Concesiones de APN que, de acuerdo con las legisladoras, identifica dificultades para que Los Alerces e Iberá funcionen como unidades de negocio independientes y formula observaciones sobre los retornos previstos.

Las autoras también atribuyen a ese documento una caracterización del proyecto como una estrategia de inversión agresiva, respaldada por financiamiento de la casa matriz extranjera y orientada a obtener ventajas frente a la competencia local.

A partir de esas referencias, solicitan que el Ejecutivo explique los fundamentos de oportunidad, mérito y conveniencia para avanzar con la propuesta. Las conclusiones mencionadas corresponden a la descripción del informe incorporada al pedido legislativo.

Otro punto es el plazo mínimo de operación de 29 años señalado en la presentación. Las diputadas preguntan qué encuadre jurídico permitiría otorgarlo y si se prevé una autorización excepcional para las instalaciones proyectadas.

Los terrenos de Los Glaciares e Iberá

El pedido identifica cuatro emplazamientos: el camping ex Ñandú, en Iguazú; Quebrada del León, en Los Alerces; Bajo Las Sombras, en Los Glaciares; y Portal Pellegrini, en Iberá.

Respecto de los dos últimos, las legisladoras citan informes de la Dirección de Catastro que, según indican, señalan que las superficies seleccionadas se encuentran solo parcialmente bajo dominio y jurisdicción de APN.

Por eso solicitan planos, mensuras, deslindes y coordenadas que permitan establecer qué terrenos se pretende afectar y cuáles no pertenecen íntegramente al Estado nacional o no están bajo su jurisdicción exclusiva. (Inversión turística: qué cambia tras el fallo de la Corte sobre tierras a extranjeros)

También preguntan "bajo qué instrumento legal se podrían licitar obras fijas o semifijas sobre inmuebles de titularidad ajena, compartida o controvertida", y si se notificó o solicitó la conformidad de Santa Cruz y Corrientes.

En los fundamentos advierten sobre posibles litigios y perjuicios económicos si el procedimiento avanzara sin resolver previamente esas cuestiones.

Qué marco legal corresponde a las instalaciones

Las diputadas solicitan que el Gobierno explique la compatibilidad de los alojamientos y servicios accesorios con la Ley 22.351, los objetivos de conservación y los planes de gestión de cada área.

El documento menciona unidades de hospedaje con cocina y sanitarios individuales, restaurantes, cafeterías, proveedurías y redes de servicios. Las autoras cuestionan qué alteraciones podrían producir esas instalaciones y qué autorizaciones requerirían.

La ley contempla la actividad turística regulada. Su artículo 6 establece que la infraestructura para visitantes debe ubicarse en reservas nacionales y prevé excepciones dentro de parques nacionales, sujetas a condiciones específicas, con concesiones de hasta 30 años.

En ese marco, Ianni y Selva cuestionan si se prevé una autorización excepcional del Poder Ejecutivo y cómo se acreditaría que las obras no modificarán sustancialmente los ecosistemas. También requieren precisar la zonificación de cada emplazamiento y si admite infraestructura fija o semipermanente.

Evaluaciones ambientales y observaciones de los parques

La presentación solicita el informe de la Dirección Nacional de Conservación, y pregunta si la viabilidad otorgada tiene carácter definitivo o está sujeta al cumplimiento de condiciones.

También pide conocer las recomendaciones y observaciones de las intendencias y los equipos técnicos de los cuatro parques. Según las diputadas, la resolución establece que su tratamiento deberá ser previo a la aprobación de las reglas del procedimiento de contratación. (Parques Nacionales se abre al turismo deportivo para impulsar las economías regionales)

Las funcionarias apuntan esa secuencia y sostienen que "las garantías ambientales deben acreditarse antes de avanzar con la licitación".

Entre las consultas figura si se exigirá, antes de publicar el pliego definitivo, una evaluación estratégica y acumulativa que contemple disponibilidad de agua, tratamiento de efluentes cloacales y efectos sonoros y lumínicos sobre la fauna nativa.

Los fundamentos también mencionan la capacidad de carga turística y los impactos sobre cuencas y suelos. Asimismo, advierten sobre las obligaciones de conservación de sitios reconocidos como Patrimonio Mundial y mencionan expresamente a Iguazú y Los Glaciares.

Acceso a la información y participación ciudadana

El proyecto pide detallar cómo se garantizarán el acceso a la información ambiental, las instancias de audiencia pública y la participación de las comunidades involucradas, en el marco de la legislación ambiental y el Acuerdo de Escazú.

Las autoras solicitan, además, que se informe cómo se incorporarán a los pliegos las advertencias y los requerimientos de los equipos de guardaparques y especialistas.

La iniciativa presentada por Ianni y Selva propone que la Cámara de Diputados solicite esas respuestas por escrito al Poder Ejecutivo, junto con la documentación administrativa y técnica que respalde las decisiones sobre el proyecto.