En el marco del proceso de desregulación que inició el gobierno de Javier Milei, y donde ordena que cada dependencia del Estado realice una evaluación para identificar qué normativas pueden ser derogadas por haber quedado obsoletas, la Cámara Argentina de Turismo (CAT) se reunió con Daniel Scioli, secretario de Turismo, Ambiente y Deportes.
Cumbre CAT - Daniel Scioli: reunión clave para gestionar una Argentina competitiva
Con Daniel Scioli, CAT arma una agenda de trabajo para que Argentina gane competitividad. Desde la entidad que conduce Gustavo Hani, adelantan las propuestas.
Empresarios y dirigentes de CAT relevan las urgencias del sector para sumar competitividad. Le presentarán a Daniel Scioli una agenda de trabajo para mejorar la competitividad de Argentina.
“Fue una gran reunión de trabajo", coincidieron los presidentes de las gremiales; al tiempo Gustavo Hani, titular de CAT, explicó que el cónclave tuvo como objetivo plantear iniciativas tendientes a “ganar competitividad” para la industria turística de Argentina.
Al respecto, indicó que se acordó en la confección de una “agenda de trabajo”, y explicó: "Cada sector armará una carpeta con las necesidades y propuestas que considera necesarias para que las pymes del sector ganen competitividad".
De esta manera, Hani confirmó que se reunirán en un mes y puntualizó que la prioridad de las entidades "es seguir apoyando a esta nueva Argentina".
Por otra parte, el presidente de CAT sostuvo que la cita con Scioli funcionó para repasar los alcances del Decreto 90 del Poder Ejecutivo, a partir del cual al sector se le presenta la posibilidad de avanzar en aspectos de la desregulación establecida como para alcanzar nuevos objetivos.
Cabe destacar que participaron del cónclave: Fabián Lombardo, titular de Aerolíneas Argentinas; Valentín Díaz Gilligan, presidente del Consejo Federal de Turismo; Andrés Deyá, presidente de Faevyt; Fernando Desbots, presidente de Fehgra; Daniel Prieto, presidente de Ahrcc,; Patricia Durán Vaca, presidenta de AOCA; Gabriela Ferrucci, presidenta de AHT; y Héctor Viñuales, presidente de Fedecatur;
Por CAT, también estuvieron presente María Laura Teruel, Carlos Yanelli y Horacio Reppucci.
Empresarios relevan las urgencias del sector para sumar competitividad
Desde el CFT indicaron que la premisa es continuar avanzando en la simplificación normativa; al tiempo que recalcaron que el clave el trabajo conjunto público-privado para fortalecer el turismo.
En este sentido, desde el sector de las agencias de viajes, las autoridades de Faevyt definirán la agenda a presentar, comentaron que el eje del borrador contempla exenciones impositivas, reducciones de tasa, y la eliminación de algunos temas burocráticos de CNRT.
Por su parte, desde el sector hotelero plantearían que el mayor impacto impositivo que tiene el rubro tiene que ver con los costos laborales, y solicitarán la reducción.
A su vez, indicaron que los costos energéticos crecieron más de 7 puntos, y pedirían una revisión de ello.
Al respecto, desde la Ahrcc reconocieron que se debe trabajar en las estructuras impositivas, pero también advirtieron: "Hay temas burocráticos que dificultan la competitividad de Argentina y del sector".
A su turno, desde AOCA celebraron la oportunidad para mejorar la competitividad de nuestro sector y enumeraron sus propuestas:
"Modificación de normativas aduaneras; exención de IVA para eventos internacionales; regulación del transporte interjurisdiccional; mecanismos de financiamiento para nuevos centros de convenciones y mejoras en los existentes; la reducción de impuestos bancarios; y contribuciones patronales, para hacer el sector más competitivo".
¿Qué dice el Decreto 90 que analizaron los dirigentes de CAT con Daniel Scioli?
Mediante el decreto 90/2025 publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno fijó los criterios que los organismos deben seguir para considerar como obsoleta alguna legislación
“Las jurisdicciones y entidades comprendidas en el artículo 8° inciso a) de la Ley N° 24.156 y sus modificatorias deberán realizar un relevamiento normativo con el objetivo de identificar las normas vigentes, y proponer la derogación de aquellas que resulten obsoletas, innecesarias o que encuadren dentro de los criterios establecidos”, dice el documento
De esta manera, y en el plazo de 30 días, los organismos deberán presentar ante el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, un informe con un relevamiento que contenga un listado del tipo de normas que hagan al ámbito de su competencia, es decir leyes; decretos de necesidad y urgencia (DNU); decretos en ejercicio de facultades delegadas; y decretos reglamentarios y autónomos.
Algunos de los criterios que deben tenerse en cuenta al momento de elaboración del informe, son:
- La norma resulta obsoleta o redundante.
- Regula trámites o registros innecesarios.
- Establece restricciones a la oferta de bienes y servicios, distorsiona los precios de mercado, impide la libre iniciativa privada o entorpece la interacción espontánea de la oferta y de la demanda.
- Genera un sobrecosto en el sector productivo o escasez de bienes y servicios sin justificación en un interés público suficiente.
- Implica la constitución de un monopolio artificial o barreras de entrada en actividades en las que es posible la libre competencia.
Entre sus argumentos, el Gobierno nacional sostiene que esta decisión tiene como objetivo generar mejores regulaciones, dar transparencia a los procesos regulatorios, y promover el crecimiento económico, la libre competencia, el comercio y la inversión
Asimismo, manifestaron que se trata de un manual que el Estado “deberá aplicar para mejoras continuas de procesos, a través de la utilización de las nuevas tecnologías y herramientas informáticas, utilizar e identificar los mejores instrumentos, los más innovadores y los menos onerosos, con el fin de agilizar procedimientos administrativos, reducir tiempos que afectan a los administrados y eliminar regulaciones cuya aplicación genere costos innecesarios”.
Cabe remarcar que, según la normativa, el principal objetivo de esta medida es “lograr una gestión más eficiente de los recursos públicos y permitir que el Estado nacional, se enfoque en normativas relevantes y prioritarias, y brinde respuestas más rápidas y transparentes a los ciudadanos”.
Al respecto, señala que “la eliminación de normas innecesarias contribuye a una mayor claridad en el marco legal, y facilita su interpretación y aplicación por parte de los ciudadanos y los operadores jurídicos, lo que reduce la ambigüedad y la incertidumbre jurídica”,
Para terminar, puntualizaron: “La proliferación normativa generada por la emisión de leyes, decretos, decisiones administrativas, resoluciones, disposiciones y circulares ha llevado a la superposición, desactualización y dispersión de normas, generando una incertidumbre de cuáles son las normas vigentes”.
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