Transporte terrestre en debate: el Gobierno restituye Vialidad y CNRT tras presión política

El cambio de postura quedó plasmado en el Boletín Oficial, donde se restablecieron las normas y estructuras que habían sido eliminadas semanas atrás.

La medida, que refleja un nuevo retroceso político y abre interrogantes sobre la capacidad del oficialismo para avanzar con su plan de reformas, impacta directamente en áreas clave para la infraestructura, con influencia también en corredores turísticos y obras viales.

Transporte terrestre: impacto en infraestructura y turismo

"La restitución de Vialidad Nacional no solo tiene un efecto político, sino también económico, ya aporta al desarrollo territorial con impacto directo en el transporte, la conectividad y el turismo", coincidieron varios funcionarios provinciales.

Desde las cámaras empresariales celebraron la restitución, aunque advirtieron que los organismos quedaron debilitados por ceses y despidos. Reclaman previsibilidad en obras, fiscalización y mantenimiento de rutas, claves para la competitividad turística.

No obstante, y tras exhortar para que "los organismo no recuperen su excesos de burocracia", reconocieron que las entidades quedaron debilitadas por los ceses y despidos; así como confían en reunirse y comenzar a trabajar con los nuevos interlocutores sobre el mantenimiento de rutas, la fiscalización y desregulación.

Cabe destacar que la paralización de obras, y proyectos de corredores y accesos, y la falta de planificación había generado inquietud en el sector privado, que observa cómo las rutas son determinantes para la competitividad del turismo interno e internacional. (Transporte aéreo: Los tiros en el pie del gobierno de Javier Milei)

Los cinco decretos delegados con los que el gobierno de Javier Milei tuvo que dar marcha atrás

• La transformación del Banco Nacional de Datos Genéticos, que pasaba a depender de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología.
• La disolución de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) y la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial.
• Las modificaciones en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y entidades culturales.
• La desregulación del transporte marítimo y la habilitación de buques y tripulaciones extranjeras en el cabotaje nacional, incluyendo una restricción del derecho a huelga.
• La fusión entre el Instituto Nacional Yrigoyeano y el Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas.

La presión del Congreso y las tensiones políticas

La marcha atrás responde al rechazo del Congreso, que resistió los cambios argumentando que debilitaban organismos con trayectoria y peso estratégico. La oposición planteó que la medida afectaba la capacidad del Estado de sostener políticas públicas de largo plazo.

Para el oficialismo, el retroceso significa un nuevo límite a su estrategia de reformas rápidas vía decretos. En paralelo, deja expuesta la necesidad de tender puentes políticos para garantizar gobernabilidad en áreas sensibles como infraestructura y desarrollo productivo.

Aunque el Gobierno buscó minimizar el impacto, la marcha atrás expone los límites de su estrategia de reformas aceleradas. Para el turismo, la restitución asegura continuidad en proyectos de conectividad y corredores viales, aunque persisten dudas sobre la capacidad de gestión en un contexto de ajuste.