Cómo afectará la reforma laboral de Javier Milei al turismo: vacaciones, banco de horas y reglas de empleo

El documento, que forma parte del megaproyecto Ley Bases II, modifica artículos clave de la Ley de Contrato de Trabajo, flexibiliza modalidades de empleo y crea nuevos incentivos fiscales para las pymes. El texto despierta debate y abre una grieta entre empresarios y operadores.

Vacaciones de verano cada dos años: un punto crítico para el turismo

El artículo 154 del proyecto establece que las empresas podrán otorgar vacaciones en cualquier momento del año y hasta el 30 de abril del siguiente, y que solo estarán obligadas a garantizar el descanso en temporada de verano una vez cada dos períodos, salvo que el trabajador elija lo contrario.

Si bien la medida apunta a desconcentrar los períodos de licencia y mejorar la organización productiva, en la industria podría provocar un efecto inverso: menor movilidad interna y menor demanda en temporada alta, especialmente si una porción significativa de los empleados de distintos rubros postergan sus vacaciones estivales.

Para el sector, donde los meses de diciembre a marzo son determinantes en términos de ocupación y ventas, esta modificación podría alterar los flujos turísticos internos y reducir la previsibilidad con la que las agencias, hoteles y transportistas planifican su operación.

Cabe destacar que la nueva redacción permite fragmentar las vacaciones en períodos no inferiores a una semana y da mayor flexibilidad en la fecha de otorgamiento. (Argentina lanza el programa "Promover Verano" para impulsar el turismo interno)

Jornada adaptada y banco de horas: ¿herramienta operativa para hotelería y gastronomía?

La iniciativa permite que las convenciones colectivas de trabajo (CCT) establezcan regímenes adaptados a la actividad –entre ellos el banco de horas y los francos compensatorios–, una modificación de alto impacto para la hotelería y gastronomía.

Qué permite y por qué importa:

• Gestionar picos de demanda: en temporada alta las empresas pueden acumular horas extra en un banco para compensarlas en temporada baja, evitando pagos constantes de horas extras y reduciendo la presión sobre la plantilla.
• Mayor flexibilidad en rostering: combina turnos más intensos en meses de alta ocupación con períodos de menor carga, lo que facilita mantener la empleabilidad y la operativa sin recurrir a desvinculaciones masivas.
• Francos compensatorios: posibilitan otorgar descansos en tiempos de baja actividad sin que ello signifique sobrecosto inmediato para la empresa.

Beneficios para las empresas turísticas:

• Optimización de costos: reduce el gasto en horas extras puntuales y permite planificar la masa salarial anual. (Fehgra exige menor carga tributaria y un marco laboral moderno para potenciar el sector)
• Retención de talento: la oferta de compensaciones en especie (por ejemplo días libres en temporada baja) puede ser atractiva para empleados que valoren equilibrio trabajo-vida.
• Adaptación a estacionalidad: mejora la capacidad de las pymes para atravesar meses de baja demanda sin suspensiones o despidos.

Por su parte, desde el canal Horeca identificaron "riesgos y puntos de atención" en la letra chica del documento:

• Negociación colectiva y equilibrios: el banco de horas exige reglas claras (máximos, plazos de compensación, registración transparente) para evitar abusos y proteger la remuneración efectiva.
• Aceptación por parte de la fuerza laboral: su éxito depende de acuerdos con sindicatos y de la percepción de equidad entre empleados; si se percibe como pérdida de derechos, puede aumentar el conflicto laboral.
• Impacto en la calidad del servicio: concentrar muchas horas en períodos cortos puede afectar la performance y la experiencia del cliente si no se gestionan adecuadamente los turnos y la capacitación.
• Fiscalización y control: será clave la digitalización y el registro fehaciente de horas para prevenir discrepancias y litigios futuros.

Flexibilización y beneficios fiscales para empleadores

Entre los puntos favorables destacados por los empresarios, la reforma prevé un Bono de Crédito Fiscal que permitirá descontar un porcentaje de las contribuciones patronales durante un año por cada nueva contratación. El beneficio alcanzará el 100% para las microempresas, el 75% para las pequeñas y el 50% para las medianas.

Respecto al período de prueba, la ley extiende el período de los actuales tres meses a seis meses, y permite que pueda extenderse hasta un año si así lo acuerda el CCT. Esta es una medida clave para el turismo, donde la contratación de personal estacional requiere mayor tiempo para evaluar el desempeño y la adaptabilidad a las funciones del servicio.

Además, se crea un Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), con beneficios fiscales para quienes realicen inversiones productivas superiores a determinados montos. (Palladium confirma interés en Argentina como un mercado estratégico para su ambicioso plan de expansión global)

En el caso de las pymes turísticas -que constituyen más del 90% del sector-, esta herramienta, explicaron, podría aliviar la carga impositiva y fomentar la formalización laboral, especialmente en destinos de menor escala o en empresas de servicios complementarios como excursiones, gastronomía o transporte turístico.

El debate sobre las indemnizaciones y la litigiosidad

Las reformas más resistidas por algunos sectores sindicales y críticos, pero que desde el sector "no ven con malos ojos" son aquellas destinadas a reducir la llamada "industria del juicio":

• Fondo de cese laboral: se habilita la posibilidad de que los CCT, a través de la negociación sectorial, reemplacen la indemnización tradicional por un sistema de aportes mensuales a una cuenta individual del trabajador. De implementarse en el turismo, esta medida buscaría darle previsibilidad al costo del despido y facilitar la movilidad del personal.
• Derogación de multas: se propone la eliminación de las multas que castigan la falta de registración y aquellas por obligar al trabajador a recurrir a la Justicia para cobrar indemnizaciones. La eliminación de estas sanciones tarifadas apunta a desincentivar la litigiosidad, aunque los críticos alertan que podría promover la informalidad y la subregistración.

El documento también introduce mecanismos de control en las licencias médicas y la digitalización de recibos y pagos, medidas que el Gobierno considera claves para reducir la litigiosidad laboral.