La declaración de la pandemia a nivel global y el decreto de Aislamiento Social Preventivo Obligatorio (ASPO) desde hace siete meses genero una de las crisis más profundas en el sector hotelero y gastronómico. Hoy las cámaras empresarias buscan analizar, junto a especialistas en materia económica y de tributación, cuál es el camino para la recuperación; además de revisar el impacto de las medidas de gobiernos en temas como la conflictividad laboral, las moratorias fiscales y el acceso al financiamiento.
Los números de la crisis
Según estimaciones de Fehgra, en 2020 el sector hotelero y gastronómico terminará siendo el más afectado por la pandemia, con una caída anual de la actividad del 45%, que representa una pérdida de más de US$ 13 mil millones. Un resultado que impacta directamente en la supervivencia de muchos establecimientos. De hecho, más del 70% de los empresarios del sector prevé el cierre de su empresa si no es asistido por el Estado.
Con el objetivo de mostrar el impacto que tiene la crisis de este sector en la economía nacional, la presidenta de la Fehgra, Graciela Fresno, explicó: “Nuestros establecimientos generan el 4% total de los puestos de trabajo registrados en toda la economía y es el cuarto sector en la economía en intensidad de mano de obra contratada. En 15 años incrementamos nuestros puestos de trabajo en un promedio del 77%, por encima del 41% de la economía en general”.
Atendiendo esta situación, durante el XVII Coloquio Tributario Hotelero Gastronómico de Fehgra, el ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Matías Kulfas, remarcó: “Somos plenamente conscientes de la gravedad de la crisis que se está viviendo el sector. El Presidente Alberto Fernández y sus áreas de trabajo están generando un paquete de apoyo que contribuya a reducir el indiscutible daño económico. Además sabemos que la recuperación de la hotelería y gastronomía va a ser más lenta y está atada a la evolución de la pandemia”.
A la vez detalló cuáles fueron los recursos dispuestos por el Estado para apuntalar la actividad: el programa ATP, la reducción de los aportes y contribuciones patronales, créditos a tasa flexible; los beneficios de la Ley de Sostenimiento y Reactivación Productiva de la Actividad Turística Nacional, la implementación de mecanismos de regulación de las app de delivery y el lanzamiento del Programa Ahora 12 para la compra con tarjeta de crédito; que tiene como objetivo fomentar el consumo. Además adelantó que se “está por firmar un contrato de crédito con el Banco Interamericano de Desarrollo por US$ 500 millones destinado a pymes de todo el país, que tiene un período de gracia de tres meses”.
Conflictividad laboral en tiempos de crisis
Por su parte, Ignacio Capurro, asesor del Departamento Política Laboral y Social de la Fehgra brindó un detalle del marco legal que aplica para la hotelería y la gastronomía en temas laborales y detalló algunas herramientas para disminuir la conflictividad laboral.
Si bien el ASPO se decretó en marzo de 2020 y ahí comenzó el cierre de los establecimientos, hubieron dos medidas previas a la pandemia que impactan en los negocios.
Una de ellas es el Decreto 34/2019 que estableció que “en caso de despido sin justa causa, la trabajadora o el trabajador afectado tendrá derecho a percibir el doble de la indemnización correspondiente”. A lo que se sumó el Decreto 14/2020, que obligaba a pagar sumas a cuentas de la paritaria 2020. “Hay que entender que en esta actividad de contratación de mano de obra intensiva, cualquier cambio en temas laborales impacta directamente en la sustentabilidad del negocio”, explicó Capurro.
Asimismo, una vez que la pandemia llegó al país y se decretó el ASPO se abrió un nuevo escenario laboral para el sector que, en muchos casos, no puede abrir sus puertas desde marzo o que trabaja con una facturación que no alcanza para sostener los costos fijos.
A esto se sumó que una vez iniciada la pandemia, uno de los decretos que despertó la alarma de los empresarios fue el 329/20, que “prohíbe los despidos sin justa causa y por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor”. “Solo se podía despedir si la empresa iniciaba un proceso preventivo de crisis. Por eso surgió la idea de un acuerdo sectorial con el sindicato”, relató el asesor.
Así fue como en abril, representantes de la Fehgra y la Uthgra firmaron el “Acta Acuerdo de Suspensión Remunerada”, avalado por el Art. 223 Bis de la Ley de Contrato de Trabajo. El acuerdo siguió linealmente el modelo de acuerdo que firmaron previamente la UIA y la CGT: asegura el pago de prestaciones no remunerativas, equivalentes al 75% de los ingresos netos de los trabajadores que no hayan acudido a sus puestos laborales desde el arranque de las medidas de aislamiento social, preventivo y obligatorio. A la vez que garantiza la continuidad de los puestos de trabajo durante el tiempo en que se haga efectiva la suspensión.
“Este convenio, sumando al Decreto 332/2020 que estableció los ATP fue lo que permitió que se puedan mantener las plantillas de trabajo. Hasta el día de hoy el empresario debe abonar la diferencia entre el ATP y el costo de la suspensión”, remarcó el asesor.
Cabe recordar que Decreto 332/2020 de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) incluye entre otros beneficios la postergación o reducción de hasta el 95% del pago de las contribuciones patronales al Sistema Integrado Previsional Argentino, y el salario complementario, una asignación que paga el Estado Nacional para los trabajadores en relación de dependencia del sector privado.
Este escenario laboral y con destinos que abrieron la actividad y luego debieron cerrarla por el crecimiento de los casos de Coronavirus, Capurro aclaró: “hasta el día de hoy se buscan figuras legales para sumar personal para tareas de preservación o mantenimiento y para la puesta en marcha de los locales; de modo que se va empleando solo al personal necesario y las horas que sean necesarias. Esto implica que hoy en los recibos de sueldo puede haber horas de trabajo y horas suspensión”.
Finalmente, con respecto, a la Ley 27.563 de Sostenimiento y Reactivación Productiva de la Actividad Turística Nacional, Capurro mencionó: “Dado que busca paliar la situación existente y acompañar la reactivación de la actividad, entendemos que deberá tener una vigencia de seis meses, con la opción de prorrogar por seis meses”.
Por su parte el Artículo 32 de la ley da muestras de la intención de apaliar la conflictividad laboral pero no detalla herramientas de cómo hacerlo. Mientras que el Artículo 33 hace mención a la generación del empleo. “El Poder Ejecutivo, a través del organismo que determine, implementará una campaña promocional a través de los medios de comunicación haciendo mención en la generación del empleo a través de un turismo responsable con las comunidades locales y las áreas protegidas”.
Como contrapunto, Capurro sentenció: “El fomento para la generación de nuevo empleo no es prioritario para los empresarios, cuando los establecimientos están sobre dotados y no hay demanda de trabajo para contratar más recursos. Lo que necesitamos es mantener los puestos que hay”.
Aplicación de la moratoria fiscal
A su turno, Humberto Bertazza, asesor Departamento Fiscalidad y Tributación Fehgra, comentó los alcances de la ley 27.562 de Moratoria Fiscal Ampliada y expresó que, debido a la extensión del ASPO, debería pensarse en una tercera ampliación de este régimen. A la vez, explicó que esta ley de moratoria modifica la norma que ya estaba vigente hasta mayo de este año (ley 27.541). Quienes estaban adheridos al plan de moratoria anterior, mantienen con la nueva norma las mismas condiciones.
Además, armó un cuadro con los dos grupos de contribuyentes alcanzados por la ley Moratoria Fiscal Ampliada.
Mientas que los beneficios del régimen son:
- Regularización de obligaciones tributarias vencidas al 31/07/2020.
- Regularización de deudas en discusión.
- Condonaciones de intereses total o parcial y de multas.
- Generación de formas de cancelación de las deudas impositivas, como compensación, planes de pagos o contado.
- El acogimiento al régimen suspende las acciones penales en curso por incumplimiento fiscal.
- Premio a contribuyentes cumplidores.
¿Cómo salir de la crisis?
“Hacia la reconstrucción económica del sector” fue el nombre que eligió el presidente de Invecq Consulting, Esteban Domecq, para su charla; cuyo eje estuvo puesto en los caminos a seguir para reactivar la actividad.
“El Coronavirus es una crisis sin precedentes con una magnitud difícil de cuantificar. Una vez que se declaró la cuarentena la economía cayó en caída libre”, sentenció. A la vez que aclaró que el sector llegó a esta situación luego de un proceso de estancamiento que se inició en 2011.
En cuanto al impacto del aislamiento, el economista colocó al sector en el top ten de las actividades más perjudicadas: “Hoteles y Alojamiento” ocupa el puesto 5° y “Restaurantes, Bares y Cantinas”, el puesto 9°. Pero estimó que “la hotelería terminará la pandemia como la actividad más perjudicas porque aún no muestra signos de recuperación, como lo está haciendo el rubro de la construcción”.
Como contrapartida, Domecq formuló algunas claves para pensar la recuperación pospandemia. “La reconstrucción de la economía 2020/21 dependerá lo que suceda a nivel sanitario, de cómo continúe la renegociación de la deuda con el FMI y el control de la inflación. La expectativa es que la economía comience a recuperarse en 2021, alcanzando un crecimiento de 4 a 6 puntos, que es la mitad de lo que se perdió este año”.
En cuanto a la hotelería y la gastronomía indicó que el objetivo a de corto plazo debe ser procurar que los establecimientos continúen operativos en un contexto de alta incertidumbre sanitaria. “Esto implica un plan de salvataje y recuperación, alternativas de financiamiento, paraguas impositivo, readecuación laboral y proteger la cadena de valor hasta, al menos, diciembre de 2021”.
Mientras que, a largo plazo, el objetivo debe ser implementar políticas públicas para la explotación y desarrollo del sector, potenciando su rol federal de generador de empleo y divisas. Los ejes de trabajo deberían ser un plan estratégico de desarrollo con articulación público-privado, estabilidad macroeconómica y cambiaria, reforma impositiva para el sector, una nueva legislación laboral y políticas de financiamiento de largo plazo.
DEMANDAS EN CARPETA
Asimismo, en cuanto a temas vinculados a tributación desde Fehgra mantienen el reclamo de las siguientes medidas:
- Tributar en el IVA la alícuota del tipo reducida del 10,5 % en concordancia con los países que tienen sistemas tributarios de similar concepción.
- Reformulación del sistema tributario de manera que favorezca el crecimiento, la inversión y el empleo, y reúna los requisitos de simplicidad, igualdad, equidad y proporcionalidad.
- Revisar la proliferación de gravámenes municipales al turismo, enmascarados bajo diversas denominaciones que aluden erróneamente a tributos ecológicos (Puerto Iguazú, San Carlos de Bariloche y San Antonio Oeste).
- En el mismo sentido el Derecho de Uso Urbano de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en cabeza de los turistas extranjeros plantea un conflicto con los artículos 16 y 20 de la Constitución Nacional que impiden exigir contribuciones forzosas en función de la nacionalidad. El tributo no reviste los caracteres de una tasa retributiva de servicios y se fija el gravamen con un valor de referencia en moneda extranjera que no es de curso legal en el país.
Temas relacionados