Aeropuertos Argentina acordó con el Gobierno de Javier Milei la renovación de la concesión

En el marco del anuncio, se confirmó la obligación, para la empresa de invertir US$ 600 millones en infraestructura antes de 2031.

“La renegociación responde a la necesidad de encontrar una solución a un problema de larga data que, de no resolverse a la brevedad, afectaba el buen funcionamiento de los aeropuertos. Esto iba a traer aparejado un impacto negativo sobre el turismo, el comercio, la conectividad y la capacidad del país para acompañar el crecimiento de la actividad aerocomercial y sobre todo, de Argentina en su conjunto”, explica la Secretaría de Transporte en un comunicado.

“La pandemia y las medidas adoptadas por el gobierno de turno produjeron un desequilibrio real y extraordinario cuya recomposición exige un esfuerzo compartido de las partes. En este marco, la empresa no podía quedar completamente indemne trasladando al Estado todo el costo del desequilibrio, ya que una concesión también supone riesgo empresario. Es por ello que la renegociación se estructuró sobre una TIR (Tarifa Interna de Retorno) de referencia para la recomposición del equilibrio económico-financiero, y no sobre una rentabilidad garantizada a la concesionaria”, prosigue el comunicado.

Aeropuertos Argentina: condiciones de la renovación

Según el comunicado, la concesionaria pretendía una TIR de casi el 17%, “atada al Riesgo País, además de que la TIR no fuera un elemento de referencia, sino una obligación contractualmente exigible al Estado Nacional”. “Finalmente, la TIR de referencia resultante se estimó en 14,30% y sin condicionantes que pudieran provocar su automático incremento”, prosigue el texto.

Pero, además, Aeropuertos Argentina tiene plazo hasta el 30 de junio del 2027 para demostrar, “mediante informe de una de las principales firmas de auditoría a nivel mundial, que cuenta con disponibilidad de fondos por USS 600 millones, para la ejecución de inversiones directas”.

Cabe señalar que la concesionaria pretendía incorporar la renovación del contrato y las inversiones previstas al Sistema RIGI (Regimen de Incentivo para Grandes Inversiones), pero el gobierno desestimó el pedido.

Finalmente, el acta-acuerdo de renovación establece además el compromiso de ambas partes de suspender todo reclamo judicial previo.