El miércoles pasado la Confederación Argentina de la Mediana Empresa presentó un amparo colectivo ante el Juzgado Federal Contencioso Administrativo N° 1 de San Martín pidiendo que se declare la nulidad (y en su caso la invalidez constitucional) de las resoluciones que imponen el esquema de incremento del gas y "todo otro aumento dispuesto en los cuadros tarifarios".
La solicitud plantea la extensión de lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia en favor de los consumidores domiciliarios hacia los usuarios comerciales, industriales, de la producción y de turismo de todo el país.
Para ello, la CAME se arroga la representación de las empresas pymes de dichos sectores y acciona contra el Poder Ejecutivo Nacional (Ministerio de Energía y Minería) y contra el Ente Nacional de Regulación del Gas (Enargas).
Asimismo, solicita a la Justicia que ordene a los demandados abstenerse de requerir el cobro de las facturas correspondientes al cuadro tarifario impugnado (reestableciéndose el anterior) y se disponga un nuevo esquema de precios para el servicio de suministro de gas, "con arreglo a la Constitución y a la legislación vigente, realizando el procedimiento previo de publicidad y consulta pública". Para ello, la entidad hizo hincapié en que el procedimiento de Audiencia Pública debe incluir a todos los sectores productivos.
Por último, la CAME reclamó que en el caso de los usuarios que hubieran realizado el pago de las facturas con las tarifas fijadas por las normas impugnadas se tome el excedente a cuenta o bien se disponga el reintegro.
La CAME pidió una cautelar contra los aumentos e incluyó al turismo
La entidad solicitó ante la Justicia la nulidad de los incrementos tarifarios del servicio de gas y que se haga extensible a los usuarios comerciales, industriales, de la producción y de turismo de todo el país. Por otra parte, empezó a avanzar en el Senado el tratamiento de la reducción de las comisiones que paga el comercio para operar con tarjeta.
Primer paso de la ley de tarjetas
El proyecto impulsado por la CAME y otras entidades para reducir las comisiones de las tarjetas de crédito y débito obtuvo un dictamen favorable por parte de la comisión de Industria y Comercio del Senado de la Nación.
La iniciativa pretende la modificación del artículo 15 de la Ley N° 25.065, que actualmente fija aranceles para operar con tarjetas de crédito y débito del 3% y 1,5%, respectivamente. La propuesta consiste en poner un techo del 1,5% para la operación con plásticos y otorgar la gratuidad para las ventas canceladas mediante tarjetas de débito.
"En los últimos 12 meses los comercios le transfirieron a los bancos $ 14.563 millones por comisiones de ventas con tarjetas de débito y crédito. Si se bajaran los aranceles, se hubieran ahorrado $ 8.600 millones", argumentó Osvaldo Cornide, presidente de la CAME, quien hizo hincapié en la situación de crisis que atraviesa el sector: "En lo que va del año, por el menor consumo y la menor actividad general de la economía, los comercios perdieron ventas por $ 34.300 millones. Estimamos que por este motivo ya cerraron al menos 6.300 comercios en todo el país".
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