La Secretaría de Trabajo dispuso la renovación de la conciliación obligatoria impuesta en el conflicto entre EANA y los controladores aéreos de ATEPSA (Asociación de Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación), para detener una posible huelga.
¿Peligro de huelga?: Cómo sigue la conflictividad en el sector aerocomercial
No avanzan las negociaciones con los controladores de Atepsa y APA se prepara para enfrentar la venta de Intercargo
Una manifestación de Atepsa, previa al lanzamiento de la huelga.
La primera conciliación fue dictada el 11 de Julio y paralizó un plan de lucha sindical que debía concluir el jueves 31 de julio. La “tregua”, se extenderá hasta el 7 de agosto próximo. Además, y como dictan las normas, la conciliación suspende las medidas de fuerza pero obliga a las partes a negociar. En este caso, volverán a reunirse el 4 de agosto.
Por lo pronto, el encuentro anterior, del 29 de julio, terminó sin acuerdo. “EANA volvió a presentarse con ofrecimientos por debajo de la pauta estatal y con los mismos condicionamientos ya planteados en reuniones anteriores”, denunciaron desde Atepsa.
El sindicato insistió, además, que “EANA continúa desconociendo actas firmadas en las que se compromete la estabilidad laboral de compañeros y compañeras, mostrando un total desprecio por los compromisos asumidos y por nuestro Convenio Colectivo de Trabajo”.
¿Huelga contra la privatización de Intercargo?
Por otra parte, días antes de que se determinara la privatización de Intercargo a través del Boletín Oficial, la Asociación del Personal Aeronáutico (APA), presentó un amparo judicial.
“El decreto (N.de R.: Decreto 198/2025) carece de legalidad y razonabilidad, y constituye una violación de la Constitución Nacional. Según el escrito, la decisión se apoya en una falsa causa: el supuesto deterioro financiero de Intercargo, cuando en realidad la empresa presentó un superávit de más de $ 17.000 millones en 2024 sin asistencia estatal”, afirma APA en un comunicado.
Además y según APA, tal como está planteada la privatización, viola “el procedimiento legal obligatorio previsto en la Ley de Reforma del Estado (Ley 23.696): el proceso avanzó sin que se haya realizado la tasación previa exigida por el Artículo 19 de esa norma. Incluso el Tribunal de Tasaciones de la Nación reconoció formalmente que no esta en condiciones de realizarla”, explicó APA.
“Están intentando privatizar una empresa rentable sin saber cuánto vale, basados en argumentos falsos, y con el único objetivo de desmantelar el Estado y facilitar despidos”, comentó el Secretario General de APA, Edgardo Llano.
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