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LAS OBJECIONES.
Este proyecto despertó las críticas de varias cámaras empresarias de la provincia, que apuntan tanto a la constitucionalidad de la ley como a la aplicación de la misma.
En primer término, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) redactó e hizo público un texto donde presenta sus objeciones al proyecto. La primera cuestiona los fundamentos de la ley: "La Constitución Nacional se reserva para sí la facultad de legislar sobre el comercio. Es decir, que la facultad para reglar tanto las obligaciones relativas al comercio como las relativas a las formas de pago se encuentran dentro de las facultades delegadas al poder central y no a la Provincia de Buenos Aires".
Mientras que otra crítica apunta: "Existen muchos comercios minoristas que no podrían afrontar el costo del servicio de la terminal electrónica y de los gastos bancarios".
La Federación Económica de Buenos Aires (FEBA) también se manifestó en contra y, a través de un comunicado, indicó que la ley afectará principalmente la rentabilidad de las pymes y cuestionó los fundamentos: "Que el Estado legisle obligando a un particular a contratar el servicio de otro particular (en referencia al servicio de posnet) es total y absolutamente inconstitucional, ya que atenta contra la libertad de contratación y el derecho de libre elección".
Por su parte, el 27 de febrero la Cámara Argentina de Comercio (CAC) tuvo una audiencia con diputados de la Provincia de Buenos Aires, donde plantearon las dificultades que la iniciativa generaría en el sector.
A través de un comunicado la Cámara manifestó que "si bien comparte el objetivo de combatir la evasión y el comercio informal, entiende que el proyecto de posnet obligatorio puede resultar poco práctico y de dudosa aplicación. Los pequeños comercios no tienen la estructura necesaria para afrontar los costos vinculados con la operatoria de ventas con tarjeta de débito y crédito, cuyos cargos oscilan entre el 1,5 % y el 3,5 % sobre ventas". Por tal motivo, solicitó que "se contemple la absorción por parte del Estado de los costos de instalación y mantenimiento de los post a las pymes, exceptuar a los comercios ubicados en localidades pequeñas, y peticionar la reducción de costos bancarios y las comisiones de las tarjetas. Asimismo, establecer un cronograma paulatino de aplicación en tres años que evite los problemas originados en la falta de stock de las terminales y en la adaptación paulatina al sistema".

POSICION DE LA ARBA.
Por su parte, el director de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA), Iván Budassi, expresó estar a favor de este proyecto. "Pagar con tarjeta es un derecho del consumidor. Cuando no se acepta esta forma de pago se lo priva del beneficio del 5% de devolución de IVA por cada compra menor a $ 1.000 que realiza", indicó.