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Aerolíneas Argentinas sujeta a privatización, por decreto

El gobierno de Javier Milei decidió considerar por decreto, “sujeta a privatización” a Aerolíneas Argentinas.

El Decreto 873 publicado hoy en el Boletín Oficial, considera “sujeta a privatización” a Aerolíneas Argentinas. Con la medida, el gobierno de Javier Milei acorta los tiempos porque de hecho los proyectos que comenzaron a tratarse la semana pasada en el Congreso Nacional pretendían lo mismo, declarar a la empresa privatizable.

De hecho, dicho en otros términos, y luego de negociar su exclusión de la Ley Bases para que ésta se pudiera aprobar, el texto del Decreto afirma que declara a AR privatizable en los términos de, justamente, la Ley Bases (Nº23.696).

Ahora el gobierno de Javier Milei puede avanzar en la operación que debe ser aprobada por el Congreso, pero presentar una instancia más adelantada, con un procedimiento de ventas ya definido y hasta con posibles candidatos a comprar ya anotados.

Vale la pena referirse a los Considerandos del Decreto 873, que presentan errores y datos falsos, y que demuestran el apuro del gobierno nacional por concretar la venta.

Considerandos: Realidad vs. relato

En un pasaje de los fundamentos, se habla de la proporción de empleados por avión, tratando de instalar una sobredimensión. El texto afirma que Aerolíneas Argentinas cuenta con 125 trabajadores por aeronave, y que otras empresas de la región como Gol, cuenta con 97, y Copa Airlines, con 70.

El dato es erróneo, al menos si uno le cree y lo considera palabra más experta al mismísimo presidente de Aerolíneas Argentinas, Fabián Lombardo. El ejecutivo brindó una entrevista en el programa “El noticiero de La Nación+“, que conduce el colega Eduardo Feinmann, hace pocas jornadas, donde afirmó que Aerolíneas cuenta con 103 empleados por avión. Sí, es cierto que con esos 103 empleados por avión la empresa del Cóndor está por encima de las citadas Gol y Copa, pero no es menos cierto que está por debajo de Latam Airlines, que cuenta con 109 por avión, o Emirates Airlines, con 226, o American Airlines con 145, o Air France-KLM, con 137. Y los ejemplos podrían seguir.

Algo parecido sucede con otro dato que aparece en los fundamentos, cuando se afirma que Aerolíneas Argentinas tiene 14 pilotos por avión. Hay ejemplos mayores: Air France-KLM tiene 17,5 pilotos por avión; Air Canada, 17,6; y Japan Air Lines, 14,8. Y en este caso también los ejemplos podrían seguir: no parecen datos relevantes, ni que sirvan para justificar nada.

Y el comentario nuestro, por otra parte, deja de lado la polémica: el proyecto publicado en el Boletín Oficial habla de una planta de 1.107 pilotos, cuando el propio vocero Manuel Adorni, afirmo hace pocos días que había 1.204.

Para justificar que “no hay aerolíneas estatales”, en otro pasaje del texto, se citan los ejemplos de Air Canada, cuyo 7% está en manos del Estado; de Qantas, totalmente privada; al igual que Air India y Lufthansa. No hay mentira en los ejemplos citados, pero sí se deja afuera otros, arbitrariamente. Air New Zealand, por ejemplo, o Emirates Airlines, o Boliviana de Aviación, son empresas 100% estatales. Y Air France-KLM en un 28% le pertenece al Estado Francés y en un 9% al de Países Bajos.

En 2016, la OACI elaboró un detallado relevamiento en donde concluyó que de un universo cercano a las 600 aerolíneas de todo el mundo, de todo tipo de tamaño y modelo de negocio, unas 200 eran totalmente estatales, otras 200 eran totalmente privadas y otras 200 eran mixtas, con algún grado de participación accionaria estatal.

Aerolíneas Argentinas y la pobreza

Uno de los mayores argumentos en los Considerandos es que hay un 52% de pobreza y que debido a eso no se puede seguir sosteniendo a Aerolíneas Argentinas. La afirmación desconoce el estudio elaborado por Oxford Economics en 2015, con el mismo procedimiento y métricas que ha aplicado la consultora para otros trabajos encargados por la IATA, donde se afirma que AR devuelve cada dólar que el Estado aporta, multiplicado por tres. Es decir, vender o cerrar a Aerolíneas es promover más pobreza.

Pero, además, si la pobreza es justificativo para vender AR, ¿por qué no es justificativo también para aspirar a una mayor recaudación fiscal? ¿El país tiene 52% de pobreza y se puede dar el lujo de reducir el Impuesto al Patrimonio, como dispuso el gobierno de Javier Milei?

Finalmente, vuelven los Considerandos a la carga contra los “importantes beneficios que contribuye a empeorar la situación”. Ya se ha explicado que esos pretendidos beneficios son, en realidad, pago en especias: los sueldos deberían ser aún más altos si esos “beneficios” no existieran. Pero las ventajas se otorgaron en el marco de las negociaciones salariales pasadas y como una forma de “pago en especias”, para no tener que brindar aumentos salariales en dinero.

En definitiva, estos errores en los Considerandos no hablan más que de dos posibles alternativas: impericia, lo que es relevante de cara a lo que se pretende hacer; u obstinación para justificar una operación que se debe hacer, según el gobierno nacional, “sí o sí” y casi de cualquier manera,

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