Se activa la causa judicial por la conexión Avian-MacAir

Lejos está el tema de encontrarse cerrado. Más allá de los rápidos dictámenes favorables de la Oficina Anticorrupción (OA) y de la Sindicatura General de la Nación (Sigen), lo cierto es que la denuncia por presunto conflicto de intereses y diversas irregularidades que involucra a Avian Argentina y MacAir sigue su curso en la Justicia. El día 7, el juez Sergio Torres, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 12, libró varios pedidos de información. A la Secretaría General de la Presidencia le solicitó el detalle de todos los viajes realizados por Macri y otros funcionarios que implicaran el uso de los aviones de la flota presidencial, desde el 10 de diciembre de 2015 hasta el presente. El pedido incluye el detalle de los vuelos en aviones privados,y en esos casos cuál fue el costo y la factura que se pagó. También se deberían aportar datos de la licitación pública que se realizó a tal efecto. El juez Torres le pidió también a la OA y a la Sigen que le remitan los informes que emitieron determinando la ausencia de conflicto de intereses. A la Dirección de Asuntos Jurídicos de Aerolíneas Argentinas le pidió un informe con dictamen jurídico que lleva fecha del 22 de diciembre de 2016, donde se explica la imposibilidad de que una empresa extranjera sea el accionista mayoritario de una aerolínea local (Código Aeronáutico). También se le pidió a la ANAC diversos expedientes, al Orsna respecto a la asignación de espacios en el Aeroparque Jorge Newbery, y a Aeropuertos Argentina 2000 data respecto de las constancias de pago de MacAir y de Baires Fly con relación a las dependencias que disponen en Aeroparque. En otro plano de la denuncia que maneja Torres, le solicitó a AR información en cuanto al cancelado acuerdo comercial con Sol, para ver si su cancelación puede terminar beneficiando o no a Avian. A LADE se le pidió el detalle del cronograma de mantenimiento de sus aviones por trabajos que fueron pagados y que realizara MacAir. A la Fuerza Aérea se le encargó un análisis de los aviones que componen la flota presidencial. Y finalmente a la Dirección General de Logística de la Presidencia se le pidió que envíe la totalidad de lo actuado con relación a la decisión de no utilizar el Tango 01.

La denuncia.
La denuncia original fue formulada por los diputados del Frente para la Victoria (FpV), Juan Cabandié y Rodolfo Tailhade, el 30 de diciembre del año pasado. A comienzos de marzo, este último legislador presentó una ampliación de la denuncia original. En el nuevo texto, Tailhade afirma que mediante una resolución (la N°79 de este año) la ANAC modificó un decreto del Poder Ejecutivo Nacional, hecho que constituiría una violación del Artículo N°248 del Código Penal de la Nación que establece que no se pueden dictar resoluciones "contrarias a las constituciones o leyes nacionales". Según la denuncia, esto se hizo adrede para beneficiar a MacAir/Avian, porque lo modificado implicaba dejar de aplicar sobre los vuelos de aviones de menos de 19 plazas la Resolución N°764, que establece la obligatoriedad de la aprobación previa de los vuelos. En realidad, la denuncia de Tailhade y Cabandié es compleja y asegura que el Gobierno tomó una serie de medidas y decisiones para beneficiar al tándem MacAir/Avian y que irían desde propiciar la quiebra de Sol Líneas Aéreas para "liberar el mercado" hasta impulsar la falta de mantenimiento de la flota presidencial para promover la contratación de vuelos privados en diversas empresas relacionadas con MacAir.

Lo que dijo el fiscal.
Antes de las medidas que ordenó el juez Torres, el fiscal del caso, Jorge Di Lello, emitió un documento en el que formaliza y justifica por qué encuentra motivos suficientes para pedir el procesamiento y la continuación de la demanda que data de diciembre de 2016. Di Lello señala que en principio desde la Presidencia de la Nación se habría incumplido con el Decreto 1191/12, que obliga a los funcionarios a contratar con Aerolíneas Argentinas y Austral el traslado de sus funcionarios y empleados. "En resumidas cuentas y como ya se dijo, las cuestiones controversiales de esta operación se encuentran en el desconocimiento del monto y la forma en que se abonó a la familia Macri, y según resaltan los denunciantes daría pie a considerar que "comprar a la familia de un presidente una compañía aérea, con perspectivas de crecimiento intenso en el país, representa un beneficio extra a la hora de destrabar autorizaciones, ampliar rutas y desplegar un plan de negocios comandado por un CEO que, en sus tiempos libres, asesora al presidente", detalla Di Lello en su escrito. El fiscal concluye pidiendo que se convoque a brindar declaraciones testimoniales a Isela Costantini, como expresidenta de Aerolíneas Argentinas; al jefe de la Agrupación Aérea presidencial; el jefe técnico a cargo del mantenimiento de la flota presidencial; al presidente o apoderado de Optar; al presidente de la agencia "Management Travel"(Salvador Muzzupappa) para que explique los servicios que prestó al Estado; a Matías Carvajal, socio de Avian; a Edgardo Poyard, miembro del directorio de MacAir; a Elías Hassan, miembro del directorio de Avian; a quien fuera presidente de Sol Líneas Aéreas; a los secretarios de UALA, APLA, UPSA y APA; al jefe de Mantenimiento de LADE; al nuevo presidente de AR (Mario Dell 'Acqua); y al secretario Legal y Técnico de la presidencia, Pablo Clusellas.

Las denuncias previas.
Pero no sólo está en marcha esta denuncia formulada por los diputados del FpV, también existe otra de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) por "asociación ilícita, cohecho y
defraudación contra la administración pública", que involucra tanto a Mauricio Macri como a Germán Efromovich, entre otros. En ella, la entidad denuncia a la Justicia una serie de pretendidas irregularidades en los expedientes que participaron de la Audiencia Pública. Lo curioso es que más allá de diversos puntos del expediente, la APLA llama la atención del juez respecto del cambio de postura de la ANAC, que en 2012 consideró en un informe que correspondía cerrar Aeroparque a la operatoria de aeronaves de menos de 30 pasajeros, y que sin embargo 12 días antes de la convocatoria a la Audiencia dejó sin efecto la prohibición mediante la Resolución 1031/2016. Si bien es apresurado y hasta incoherente determinar cuál será el resultado de todas estas denuncias, sí está claro que el tema está lejos de haberse cerrado, como intentaron hacer los rápidos dictámenes de la OA y la Sigen. Pero además, y como cereza del postre, la pretendida Audiencia de marzo pasó a mayo, y ahora se habla recién de julio. El desembarco de "las" low cost tuvo en la Audiencia de diciembre pasado una sola protagonista, FlyBondi, y aunque la compañía se retrasó en la acreditación de su flota, aunque ya la concretó, al cierre de esta edición (viernes 9 de junio), el expediente de FlyBondi sigue sin ser formalmente autorizado. Y por si fuera poco, los trabajadores del sector se declararon en pie de guerra y denuncian una precarización y falta de presupuesto en los organismos estatales aeronáuticos que les impide acompañar el crecimiento aerocomercial que se espera. Claramente, la Revolución de los Aviones pasa por sus jornadas de mayor incertidumbre.