Puerto de Ushuaia: el conflicto escala por los residuos y el turismo exige garantías

Al respecto, Tierra del Fuego denuncia que no puede realizar controles ambientales dentro de la terminal y advierte que la falta de fiscalización podría afectar el retiro y tratamiento de determinados residuos de los buques.

El escenario expone una crisis que ya dejó de ser exclusivamente administrativa o política. Nación y Provincia mantienen diferencias sobre competencias, recursos y personal; los trabajadores endurecieron sus reclamos; y las cámaras empresarias comenzaron a exigir garantías para evitar que esa disputa termine trasladándose a las navieras y a la operación antártica.

“Nosotros lo único que necesitamos es que el puerto funcione, funcione bien y que genere garantías y previsibilidad”, sintetizó Patricio Cornejo, presidente de la Cámara de Turismo, al describir la posición del sector privado.

La tensión contrasta con los números. ANPyN anunció más de 590 recaladas confirmadas para 2026/27, unas 100 más que en la temporada anterior, y sostiene que la terminal comenzó el ciclo con obras, mejores servicios y menores costos operativos. La llegada del Ventus Australis marcó el inicio del nuevo período el 14 de septiembre.

Residuos: la nueva disputa dentro del Puerto de Ushuaia

El último capítulo comenzó cuando el Ministerio de Producción y Ambiente fueguino reclamó que técnicos de la Secretaría de Ambiente pudieran ingresar al puerto para fiscalizar la gestión de residuos peligrosos y realizar controles vinculados con recursos hídricos.

Según informó la Provincia, sus equipos concurrieron en distintas oportunidades durante las últimas semanas, pero no pudieron concretar las inspecciones dentro de la terminal actualmente administrada por ANPyN. El ministro Francisco Devita sostuvo que buscan verificar la gestión de residuos, su trazabilidad y las intervenciones que puedan afectar al recurso hídrico.

La discusión puede tener una derivación operativa. (Volar a Ushuaia será más caro: crean una tasa aeroportuaria)

El Gobierno provincial sostiene que, sin inspección en origen, no puede certificarse la trazabilidad de determinados residuos peligrosos y que los operadores ambientales habilitados podrían quedar impedidos de recibirlos para su transporte, tratamiento y disposición final. No significa que los cruceros tengan hoy prohibido descargar residuos, pero sí que, si el conflicto continúa, parte del circuito posterior podría verse comprometido.

Detrás aparece una discusión de competencias que todavía no está resuelta entre las partes. ANPyN tiene atribuciones nacionales en materia portuaria y responsabilidad primaria ambiental dentro de su órbita, mientras la propia Resolución 4/2026 que dispuso la intervención reconoce que esas facultades operan sin perjuicio de las competencias constitucionales locales. Provincia reivindica precisamente su poder de fiscalización ambiental.

Al cierre de esta nota, ANPyN no había difundido públicamente una respuesta específica a este último planteo provincial.

La intervención, los trabajadores y quién maneja la recaudación

El conflicto comenzó formalmente el 20 de enero, cuando ANPyN dispuso por 12 meses la intervención administrativa de la infraestructura del Puerto de Ushuaia, asumiendo su gestión operativa, técnica y administrativa.

Entre los fundamentos, Nación cuestionó el estado de infraestructura y seguridad, pero también el manejo de los recursos. La Resolución 4/2026 señala, entre otros antecedentes, una asistencia financiera por $ 4.000 millones de la Dirección Provincial de Puertos al Ministerio de Economía fueguino para financiar obras en otras áreas, y menciona además un convenio con el Ministerio de Salud. Para ANPyN, esos movimientos formaron parte de las irregularidades que justificaron intervenir.

Desde entonces, la intervención administra también los fondos vinculados con la operación y explotación de la terminal. En su último balance, ANPyN aseguró que los recursos obtenidos actualmente se reinvierten exclusivamente en el mismo puerto. (Puerto de Ushuaia más allá de la intervención: falencias, tarifas excesivas y turismo antártico en riesgo)

Cornejo adoptó sobre este punto una posición que generó controversia local. Consultado sobre la recaudación, sostuvo que mientras ANPyN opera y administra la terminal considera que esos fondos quedan bajo esa administración. Sin embargo, simultáneamente manifestó que pretende que el puerto vuelva finalmente a Tierra del Fuego y pidió trabajar desde ahora en las condiciones bajo las cuales debería recuperar la gestión provincial.

El otro nudo son los trabajadores.

Las cifras difundidas no son uniformes. Cornejo y distintos pronunciamientos vienen hablando de alrededor de 140 empleados afectados, mientras esta semana una trabajadora de la DPP sostuvo que actualmente son 89 los trabajadores que permanecen desplazados y 140 las familias alcanzadas por el conflicto.

Los empleados provinciales que quedaron fuera de la operatoria continúan cobrando sus salarios de la Provincia, aunque representantes gremiales advierten que ese sostenimiento tiene un horizonte limitado. La falta de una definición sobre su regreso o futuro laboral es uno de los factores que alimenta la escalada.

Cornejo: operar primero, pero buscar una salida a la intervención

La posición empresaria intenta ubicarse en una zona intermedia.

Por un lado, Cornejo considera prioritaria la continuidad de la temporada, y calificó como la urgencia inmediata las advertencias realizadas por trabajadores a armadores y empresas sobre posibles medidas que dificulten la operación. También reconoció que el reclamo laboral existe y necesita una respuesta.

Por otro, lejos de pedir que la intervención continúe indefinidamente, sostuvo esta semana que hay que trabajar para recuperar el puerto para Tierra del Fuego, resolver la situación de los trabajadores y “colaborar con ANPyN” para encontrar una salida. (GOL Líneas Aéreas conectará Tierra del Fuego con Brasil en el verano 2027)

La Cámara tampoco ha sido acrítica con Nación. En agosto, Cornejo cuestionó la falta de diálogo con la intervención, el cierre del muelle de catamaranes y la escasez de información operativa, y llegó a definir al destino turístico como damnificado por la disputa entre ambas administraciones.

Su lectura actual separa responsabilidades: lo que ocurre dentro de la terminal debe responderlo ANPyN; aquello que sucede fuera del puerto y la situación de los trabajadores exige también respuestas provinciales.

Cruceros: las cámaras llevan el conflicto al terreno de la previsibilidad

El planteo empresario se formalizó esta semana en un comunicado conjunto de entidades vinculadas con turismo, comercio y actividad portuaria.

Las cámaras advirtieron que eventuales bloqueos terrestres podrían impedir el movimiento de pasajeros, vehículos, trabajadores y proveedores, y reclamaron a ANPyN un plan de contingencia y al Gobierno provincial respuestas sobre cómo se garantizarían los accesos. Según el pronunciamiento, más de 2.000 puestos de trabajo dependen directa o indirectamente de una temporada normal.

Hay otro elemento que explica la inquietud: el conflicto ya salió de la discusión doméstica.

Las entidades aseguran que las advertencias sobre posibles medidas fueron comunicadas a navieras, medios internacionales especializados e IAATO, la asociación de operadores de turismo antártico. También mencionaron a Punta Arenas y Puerto Williams como eventuales alternativas para temporadas futuras si Ushuaia pierde previsibilidad. Hasta ahora no hay evidencia pública de recaladas canceladas o trasladadas por esta causa.

Precisamente por eso las cámaras quieren anticiparse.

La preocupación no está solamente en que una protesta pueda generar algunas horas de demoras. Las compañías programan barcos y operaciones con mucha anticipación, y el riesgo que observa el sector es que la suma de conflictos termine incorporándose a la evaluación que las navieras hacen sobre la confiabilidad del puerto.

Puerto de Ushuaia: 590 recaladas y una disputa todavía sin cerrar

El contraste resume el momento. Nación presenta una terminal con más de 590 recaladas confirmadas, obras en marcha, reducción tarifaria y nuevas reglas operativas.

Provincia mantiene judicializada la intervención, reclama competencias y controles que considera propios y continúa afrontando el conflicto con los trabajadores desplazados. A eso se suma ahora la pulseada ambiental.

Mientras tanto, el sector privado intenta desplazar la discusión desde quién tiene razón hacia una pregunta más pragmática: quién garantiza que el puerto funcione mientras esa discusión continúa.

Porque en Ushuaia el conflicto ya tiene varios frentes -administración, fondos, trabajadores, obras y ambiente-, pero todos desembocan en el mismo activo: una terminal que sostiene buena parte del negocio de cruceros y de la operación turística hacia la Antártida.

Y, con la temporada ya iniciada, la previsibilidad dejó de ser una discusión futura: se convirtió en el principal reclamo del sector.