El martes pasado se llevó a cabo la segunda de las convocatorias a entidades civiles para que den su opinión sobre el proyecto del diputado Héctor Baldassi, escrito en conjunto con la Faevyt y la ahora Secretaría de Turismo.
Nuevos aportes al debate de la ley de agentes de viajes
La semana pasada se realizó una nueva reunión en la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados. El vacío de regulación de las online, más herramientas en el combate contra la informalidad y la falta de precisiones sobre la figura de los profesionales fueron los principales aportes de las entidades invitadas. Esperan obtener dictamen antes de fin de año.
En esta ocasión expusieron Graciela Güidi, directora del Observatorio de Derecho del Turismo de la UBA; Carlos Néstor Gómez, presidente del Colegio de Profesionales en Turismo de Tucumán; y Ariel Rial, en representación de la Cámara de Turismo de Santa Cruz.
Nuevamente se repitió la tónica de la anterior reunión: fueron muchas y exhaustivas las sugerencias de mejora del texto realizadas, pero consideraron al proyecto superador de la normativa vigente.
Lo que cambió fue la planificación del recorrido de la iniciativa. Ya se reconoce que no se va a cumplir la intención de conseguir la media sanción antes de que cierre 2018. Ahora a lo que se apunta es, al menos, a conseguir el dictamen favorable de la Comisión de Turismo.
En diálogo con La Agencia de Viajes, el presidente de la Comisión, el legislador misionero Jorge Franco, detalló el nuevo esquema: “Es probable que haya dos reuniones más. Vamos a ver si podemos meter el dictamen este año, para que el próximo lo podamos aprobar en el recinto”.
Consultado respecto a las posibilidades de que la iniciativa tenga un efectivo tratamiento en un año eleccionario como 2019, el diputado respondió: “En la primera parte del año se va a poder tratar. Va a haber una agenda, chiquita, pero estos temas son convocantes y no conflictivos, con lo cual creo que puede haber un margen para que se trate”.
De todos modos, ya bastante desafiante será reunir el quorum necesario para conseguir dictamen antes de fin de año. Si bien estas reuniones no lo requieren, en la primera asistieron 13 de los 31 legisladores de la Comisión, mientras que en la segunda apenas superaron la media docena.
Por otra parte, habrá que ver cómo se logra conciliar la enriquecedora apertura al debate a muchas voces con los intereses de cada sector a la hora de modificar efectivamente el texto del proyecto de Baldassi.
“Están siendo muy importantes los aportes que estamos escuchando, así que no veo problemas para que se vayan incorporando. Sobre todo, Internet es un tema que nos preocupa. Hace 40 años, cuando se hizo la ley que está vigente, no existía y hoy la mayoría de las transacciones son online”, completó Franco a este medio.
Una buena medida de hasta dónde los coautores del proyecto permitirán que se le introduzcan cambios se verá cuando en la próxima reunión asistan los representantes de la Faevyt, quienes expondrán junto a los de la Cámara Argentina de Turismo y la CAME.
Por lo pronto, para la Faevyt no es necesario regular la comercialización vía Internet de una manera distinta a la que está en el proyecto. “No vemos motivos para diferenciar entre la vidriera física y la online. Con que tengan que obtener un legajo y cumplir con las garantías exigidas por la ley alcanza”, señaló uno de los representes de la Federación que asistieron como público a la última reunión.
NO ALCANZA.
La intervención de Graciela Güidi se inició con el reconocimiento a las mejoras del actual proyecto respecto a la versión de 2016. La directora del Observatorio de Derecho del Turismo congratuló la incorporación de muchas de las observaciones realizadas en aquel momento, sobre todo en lo que hace a la tendencia inconstitucional de regular a través de las reglamentaciones posteriores a la sanción de la norma.
De todos modos, Güidi hizo hincapié en que el actual proyecto sigue siendo insuficiente en la regulación de la comercialización a través de Internet, a la cual sólo se le reserva una oración para la definición de la actividad del agente de viajes (“Art. 3°: Quedan comprendidas en la presente definición las plataformas virtuales o similares tanto nacionales como internacionales que intermedien servicios turísticos en el territorio nacional argentino”). Según la experta, tiene que haber soluciones y regulaciones específicas: “Es inexplicable que sólo haya una mención”. Güidi propuso que el servidor de las plataformas sea nacional (algo que no es para nada compartido por la Faevyt) y que las organizaciones deban acreditar fehacientemente las condiciones generales de contratación y su confirmación a través de correo electrónico. Por otra parte, sugirió que se establezca un plazo de excepción para la revocación de la compra online, que pase de los 10 días previstos en el Código Civil a solo tres.
Asimismo, la titular del Observatorio volvió sobre una idea que se había planteado en la anterior reunión: “Si no hay fiscalización, la ley es letra muerta”. En este sentido, añadió que ya no es necesario tener un ejército de inspectores y que existen sistemas que permiten controlar las compras de bienes y servicios electrónicos, lo cual debería darse de la mano de la creación de un área especializada dentro de la Secretaría de Turismo “para controlar las irregularidades de Internet, que se ha convertido en un nuevo Estado soberano, con monopolios que no son controlados”.
Otro aporte enriquecedor de Güidi fue respecto a las garantías: “Los seguros no son convenientes porque son caros y están hechos para no pagar. En cambio, el fideicomiso sería un aporte inferior y si la figura está bien armada y tipificada es más eficiente”.
UN MURO PARA LA INFORMALIDAD.
Tanto el representante del Colegio de Profesionales de Tucumán como el de la Cámara de Turismo de Santa Cruz coincidieron en que en el artículo que consagra el principio de exclusividad de las agencias para intermediar y promocionar servicios turísticos debe agregarse a la oferta de los mismos. “La oferta no está cabalmente referida, favoreciendo a la informalidad. Debe formar parte del marco de exclusividad”, señaló Rial, quien pidió que se incluya al intrusismo como un delito penal. “Eso serviría para exponer a los que hacen una actividad ilegal”, comentó Gómez, quien también sugirió que las últimas quiebras de operadores refuerzan la necesidad de recalcar que las agencias son meros intermediarios entre el cliente y el prestador. Por otra parte, insistió en que la ley debería dejar bien en claro que el representante técnico “no puede ser un mero presta firma, sino parte de la empresa”, con los honorarios específicos más el de las tareas adicionales que realiza en la organización.
En números
7 las entidades civiles que ya dieron sus aportes al proyecto de agencias.
7 sobre 31 miembros de la Comisión de Turismo asistieron a la última reunión. En la primera fueron 13.
2 reuniones restan antes de avanzar en un dictamen.
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