La AFIP reafirmó su intención de cobrarle impuestos a Airbnb

EN VEREMOS.
Desde el organismo no especificaron qué impuestos les cobrarán: si IVA y/o Ganancias o si crearán uno nuevo. Lo que sí adelantaron es que las tarjetas de crédito serán los agentes de retención.En cualquier caso, en la AFIP saben que para cobrarle los mismos impuestos a las plataformas radicadas en el exterior que a las empresas domiciliadas en el país se necesita una ley. Y, por ahora, no existe ni siquiera un borrador. Lo que explica que después del tubo de ensayo de Abad, la AFIP no agregara nada más de información en concreto. De acuerdo a los tributaristas, la AFIP podría cobrarle Ganancias a las plataformas sin necesidad de pasar por el Legislativo, pero sí necesitaría una ley si quisiera que paguen el IVA. En ese caso, se obligaría a la empresa a registrarse y facturar el IVA a sus abonados en Argentina, lo cual es cuanto
menos complejo. Si en cambio se decide cargarle al contribuyente y cobrarlo a través de las tarjetas, el problema se crearía con las personas. Pero, por ahora, son todas elucubraciones, cuyo único antecedente son la Ciudad de Buenos Aires (desde febrero de 2015) y la provincia de Santa Fe (hace 7 meses) que le cobran Ingresos Brutos a las plataformas audiovisuales, con una alícuota del 3% y 3,6%, respectivamente. El resto de los antecedentes a nivel nacional para regular la oferta informal, puntualmente en hotelería, y así poner en caja al producto que nutre a Airbnb no han funcionado como se esperaba. La propia AFIP instrumentó en marzo de 2015 un régimen de información para todos aquellos que sean locadores de viviendas amuebladas con fines turísticos por un período de hasta seis meses informaran mensualmente a través de la web del organismo los datos de cada una de las operaciones realizadas. Una obligación que alcanza tanto al titular del departamento -en caso de un alquiler directo- como a quienes administren, gestionen, intermedien o actúen como oferentes de viviendas de terceros. La idea eraque la AFIP controlaría la oferta para una vez dentro del zoológico contarles las costillas de sus declaraciones de impuestos. Y aunque muchas inmobiliarias fueron intimadas a registrarse, lo cierto es que las denuncias del sector hotelero por el crecimiento de la oferta informal de alquiler siguen siendo igual de urgentes que antes. Según los hoteleros, por ese canal se evaden más de US$ 1.000 millones anuales en ingresos no tributados. De hecho, según los cálculos de la Fehgra en el país existen más de 600 mil plazas en alojamientos informales, que excluyen del sistema a alrededor de 70 mil trabajadores, cuya oferta se canaliza en un 98% a través de intermediarios.

LA RESPUESTA DE LAS PLATAFORMAS.
Con un lacónico comunicado oficial, Netflix sólo respondió que recauda y paga impuestos en todo lugar en que tenga la obligación legal de hacerlo. En anteriores oportunidades Airbnb había sido igual de esquiva, limitándose a señalar que trabajaba con las autoridades de todo el mundo para que el alojamiento compartido de viviendas disponga de reglas claras, justas y fáciles de cumplir.

Tantas fórmulas como destinos

Fundada en 2008 y con sede en San Francisco, Estados Unidos, Airbnb ofrece alquiler temporario en más de 65 mil ciudades y 191 países. Pero uno de los problemas que marcan los hoteleros para explicar la falta de solución al problema es que los gobiernos (nacionales, provinciales y municipales) y sus fiscos legislan de maneras particulares. Y, ciertamente, hay tantas fórmulas para encuadrar a la plataforma como destinos. En Europa uno de los primeros en avanzar en la materia fue Ámsterdam, que acordó en 2014 con Airbnb que recaudaría para la ciudad un impuesto turístico y limitó a 60 días al año el plazo en que una vivienda se puede alquilar para uso turístico. Entre las respuestas más novedosas está la del gobierno italiano, que hace dos meses estableció un nuevo régimen fiscal para los alquileres de corto plazo (menos de 30 días). Básicamente, se estableció una tasa del 21% sobre los ingresos que obtengan los particulares o las plataformas que comercializan esos pisos, como Airbnb. Además, el decreto establece que las plataformas estarán obligadas por ley a recaudar y pagar por los rendimientos que obtengan sus huéspedes. En Estados Unidos, Nueva York eligió la senda más restrictiva, prohibiendo directamente alquilar viviendas por un período inferior a tres meses. Por su parte, el municipio de San Francisco acordó con Airbnb facilitar todos los meses un listado de las propiedades a fin de que pueda verificar que cumplen todos los requisitos.