Flybondi y su polémica

La enorme incógnita es que todos los precios de Flybondi, expresados por tramo, con “tasas bonificadas e impuestos incluidos” (como aclara en la web), perforan el piso tarifario fijado por ley. De este modo, mientras para la legislación el tramo BUE/BHI no puede costar menos de $ 723, Flybondi lo vende a $ 639. Lo mismo sucede con BUE/COR, $ 788 de la norma frente a $ 697 de la línea aérea; BUE/MDZ es otro ejemplo: $ 1016 vs. $ 898. Es decir, hoy por hoy, los precios de los tickets de Flybondi están al margen de la ley.

Por otro lado y según el propio cronograma revelado por la compañía, los primeros vuelos operativos serían BUE/BRC y COR/IGR, ambos el 26 de enero. Al día siguiente se sumaría COR/BRC; el 28, BUE/TUC; el 29, COR/MDZ; el 30, MDZ/BRC y el 1° de febrero: MDZ/IGR. El resto de los vuelos comenzará a operar a lo largo de marzo, abril y mayo.

La otra curiosidad, es que la base “Buenos Aires”, según la propia Flybondi, es “El Palomar”. Así se comenzaron a comercializar los tickets, apenas horas después que se conociera que la jueza federal de San Martín, Martina Forns, hiciera lugar al pedido de un grupo de vecinos de Hurlingham y Morón y ordenó inmediatamente detener parcialmente las obras en el aeropuerto.

Un parate parcial que abre la incógnita

“Stop Flybondi” es el nombre de la fan page de Facebook que nuclea a los vecinos que pretenden impedir que la low cost se instale en El Palomar. Ellos motorizaron una medida de no innovar pidiendo que se realice un estudio de impacto ambiental que mida la reconversión de la base aérea militar en aeropuerto mixto (civil/comercial-militar). Lo cierto es que la jueza decidió la semana pasada hacer una inspección visual (realizada en compañía de representantes del Ministerio de Transporte, la Fuerza Aérea y la ANAC) y el jueves emitió un dictamen ordenando la inmediata paralización parcial de las obras en El Palomar. Según el plan presentado por el propio Ministerio de Transporte, los trabajos constan de diversas etapas. La número 0, la que la jueza Forns permitió continuar, es la pavimentación y mejora de la pista y la reparación del cerco perimetral que se están llevando a cabo actualmente. A partir de la etapa siguiente, que implica ya trabajar sobre los hangares actuales, la jueza paralizó las obras.

La magistrada señaló varias dificultades físicas concretas, no insalvables, pero sí a tener en cuenta: la cercanía de dos polvorines con la pista (uno a 50 m. y otro a 100 m.), la existencia de al menos dos escuelas dentro del ejido de la base aérea y vecinas a la cabecera de pista, y la ausencia del obligatorio “cartel de obra”.

Por otro lado, tanto desde el Ministerio de Transporte como desde la ANAC, según el fallo de la jueza Forns, confirmaron que no se elaboró ninguna evaluación de impacto ambiental habida cuenta que la base opera vuelos desde 1968. Sin embargo, la magistrada acepta la idea de que el volumen de operaciones actuales no se compara con el previsto por la aparición de vuelos comerciales, y que por consiguiente, dado el incremento, se debe realizar una evaluación de impacto.

Otro punto objetado por los vecinos es que parte de las obras de Aeropuertos Argentina 2000 se están realizando en los accesos por Itacumbú y Matienzo, fuera del ejido determinado por del Decreto 1107/2017, que incluye a El Palomar en el Sistema Nacional de Aeropuertos que gestiona la concesionaria.

Sitio de la memoria

La segunda etapa de obras que sí paralizó Forns, se relaciona con la denuncia motorizada por organismos de Derechos Humanos. Y es que la base aérea militar de El Palomar integra la nómina de los llamados “Sitios de la Memoria”. Desde allí partían hacia el Río de la Plata los “Vuelos de la muerte” que se produjeron durante la última dictadura militar y de hecho, varios sobrevivientes aseguraron haber estado detenidos en dependencias de la base aérea y haber sido torturados allí. Los “Sitios de la Memoria”, fueron protegidos por ley (“Ley de preservación, señalización y difusión de sitios de la Memoria del Terrorismo de Estado”, N°26.691/2011) y no pueden ser modificados. Cabe hacer la salvedad que ya se hicieron obras en varios, por ejemplo, la exESMA, con lo cual se puede suponer que se podrían hacer cierto grado de modificaciones. Pero esto implicaría replantear las tareas y las obras actuales para dotar a El Palomar de las facilidades necesarias, y no alterar a la vez los edificios y dependencias que deben ser preservados.

La jueza confirma en su sentencia que el secretario ejecutivo del Archivo Nacional de la Memoria (que depende de la Secretaría de DD.HH. y Pluralismo Cultural y que vela por la preservación de los Sitio de la Memoria), Sergio Kuchevasky, ya tomó cartas en el asunto y pidió a los juzgados federales de Morón, a cargo de Néstor Barral, y de la Ciudad de Buenos Aires, con el juez Daniel Rafecas al frente, para que se expidan sobre el tema. En ambos tribunales se desarrollan causas por crímenes de lesa humanidad que involucran a la base aérea de El Palomar.

Pasando en limpio

En definitiva, la jueza Forns prohibió el inicio de los vuelos de Flybondi desde El Palomar, pero no le impide volar desde otra terminal (Aeroparque por ejemplo). Tampoco prohíbe las obras actuales (reparación de pista y plataforma comercial y cerco perimetral) pero sí las siguientes que involucran a los hangares. Y las paraliza no sólo hasta la presentación de un estudio de impacto ambiental, tarea en manos del Orsna (Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos), sino hasta que se expidan los jueces Barral y Rafecas, con relación a la preservación al menos parcial de la base aérea como Sitio de la Memoria. Obviamente, fuentes del gobierno anticiparon que apelarán la medida de no innovar de la jueza Forns.

En definitiva, todo lo antedicho no supone un escollo irresoluble para el proyecto Flybondi. Pero sí supone, al menos, un trastorno y un retraso al cronograma de una compañía que ya reprogramó seis veces su fecha inicial de vuelos.

Todo el poder a la EANA

Se publicó el viernes pasado el Decreto 27/2018, denominado de “Desburocratización y simplificación”. En su capítulo V, la norma otorga toda la tarea de control de tráfico aéreo y cobertura de radar a la EANA (Empresa Argentina de Navegación Aérea) y se lo quita definitivamente a la Fuerza Aérea. De hecho, la norma disuelve la Dirección Nacional de Tránsito Aéreo que dependía del Ministerio de Defensa y traspasa de la ANAC a la EANA alguna otra área específica relacionada con la gestión del espacio aéreo nacional.

Además, le otorga a la EANA la gestión del tráfico aéreo de los aeródromos de Tandil, El Palomar, Reconquista, Villa Reynolds, Moreno, Río Cuarto, Termas de Río Hondo, Río Gallegos y Sauce Viejo; así como el control de los 22 radares secundarios monopulsos que fueran construidos e instalados por la empresa argentina Invap.