El año finalizado marca en muchos aspectos un cambio fundamental en las reglas de juego

Un valor irreal de la paridad dólar-peso que malograba todos los intentos de generar políticas expansivas en materia de turismo receptivo y una demanda ficticia que presionaba con ese valor irreal de la moneda sobre los operadores emisivos y agentes de viajes que, ante las limitaciones impuestas a los montos de giro al exterior, acumulaban un verdadera "bomba de tiempo" para sus estructuras patrimoniales y financieras.
Todo el esfuerzo productivo estaba volcado a los malabares para sostener la situación.
Finalmente la eliminación del cepo, la liberación del mercado cambiario y el sinceramiento de normas claras en materia cambiaria produjeron un nuevo y alentador escenario. Cabe destacar que ese sinceramiento permitió regularizar la actividad y poder operar en un marco normal, integrado a las normas de los países que operan dentro de las reglas de la economía mundial.
Sin perjuicio de ello quedan varias asignaturas pendientes que hoy están afectando en forma muy importante a nuestra actividad.
Más allá de la altísima presión fiscal y previsional a la que se ven sometidas nuestras empresas y que según estudios comparativos están entre los más altos del sistema económico global, se suman en nuestro caso circunstancias específicas que están afectando el accionar por la falta de implementación de normas claras y generales a nivel de dos aspectos tales como: los parámetros de evaluación de las variables que permitan la categorización dentro de la ley de Pequeña y Mediana Empresa, y las graves consecuencias de la aplicación arbitraria de normas en materia de Ingresos Brutos.
En el primero de los casos no podemos lograr desde la gestión de las Instituciones que los organismos de aplicación unifiquen el criterio donde definitivamente establezcan a todos los fines, que la nuestra es una actividad de intermediación y por lo tanto no es posible medir la actividad por los movimientos globales que involucran la comisión más el precio del servicio y que la rentabilidad bruta son las comisiones aplicadas. Son las comisiones el único ingreso genuino sin perjuicio de que por las normas fiscales vigentes debamos efectuar la facturación global de las prestaciones.
Se suma a esa circunstancia la falta de un criterio uniforme de aplicación, lo que origina situaciones por demás inequitativas sujetas al saber y entender de cada organismo de aplicación.
En el segundo de los casos, aun cuando algunas jurisdicciones definitivamente reconocen a la actividad como una intermediación, a la hora de aplicar normativas generales se nos incluye haciendo caso omiso a dicha circunstancia como es el caso de retenciones desmesuradas a través del SIRCREB o el asignarnos funciones de agentes de percepción, lo que origina graves inequidades al momento de facturar los servicios que en todos los casos son por cuenta y orden de terceros.
Más allá de la esencia propia de la actividad, cabe destacar que el mismo proyecto de ley que las entonces autoridades habían enviado al Congreso de la Nación reconoce a nuestra actividad como de intermediación.
Finalmente, cabe mencionar la gravísima inequidad a la que nos encontramos expuestas las empresas que legalmente actuamos en la Argentina respecto de aquellas que comercializan sus productos en "la nube" y que están constituidas fuera de la jurisdicción Argentina, ya que mientras nuestras empresas están sujetas al cumplimiento y pago de todos los impuestos y gravámenes nacionales y municipales, aquellas otras venden a través de Internet sin costos fiscales generando un espacio de inequidad y desventaja competitiva.
Todo ello sin contar con que el hecho de contratar recursos humanos en el país genera también otro factor de diferenciación.
Estos son temas globales que se vienen gestionando desde larga data y que hasta el momento no se han logrado superar, aun cuando desde la descripción teórica de cada uno de ellos se logra la comprensión de las autoridades de aplicación, pero que en la práctica no se han podido resolver en forma uniforme a través de normas claras y generales.
Tampoco resultan compresibles los argumentos que fundamentan la actitud de Aerolíneas Argentinas que en contradicción con su discurso deja de reconocer valor a la gestión profesional y económica de los agentes de viajes, más allá del maltrato que significa competir en forma manifiesta con uno de sus canales de distribución más económicos y flexibles.
Nadie está pretendiendo políticas proteccionistas, sino el mínimo respeto a la actividad empresarial y profesional. No es un tema económico la medida del desacierto, es haber utilizado en forma improcedente un instrumento aparentemente económico con una finalidad política de extrema gravedad, ya que no se trata de la política de una compañía aérea cualquiera, sino de la línea de bandera del país.
Nos preguntamos cómo se compadece esta política de desligitimización a todo un sector de la economía, integrado fundamentalmente por pequeñas y medianas empresas, que forman parte de un empresariado de capitales nacionales que sin subsidios de ninguna naturaleza mantiene sus fuentes de trabajo, que en la mayoría de los casos autofinancia sus propios proyectos y es un importante generador de puestos de trabajo calificado. Cómo se entiende que mientras los sectores más representativos del Gobierno Nacional gestionan para el fortalecimiento de las PYMES, una de sus empresas actúa en abierta colisión con dicha política.
Otro tema que es materia de discusión actual y que afecta en forma determinante a todo el sistema de distribución es la concentración estratégica de canales de financiamiento a través de la decisión de las entidades financieras y marcas de tarjetas de crédito que otorgan financiamiento en forma arbitraria a algunas de las agencias en forma selectiva, lo que se traduce en una clara desventaja para la gran mayoría de las que no acceden, ya que generan una inequidad de oferta.
Es este otro ejemplo donde se está haciendo política general tendiendo a la concentración de la oferta. Es ése el modelo que la Argentina necesita para generar y sostener una red de distribución adecuada y transparente en todo su territorio.
Sería muy beneficioso saber y transparentar cómo es posible financiar con las tasas actuales de más del 25% anual cuotas "sin interés".
También sería muy importante que prosperase la normativa que permita diferenciar en forma clara cuál es el verdadero precio por pago al contado y el precio final con cualquier sistema de financiamiento, sea cual fuere el cargo que pueda incrementar la suma que el consumidor finalmente paga.