Cuando en agosto adelantamos la caída de Snow Travel, también advertimos que para el segmento estudiantil se avecinaba una tormenta aún peor. La Asociación Civil Usuarios y Consumidores Unidos (UCU) había conseguido que el juez en lo Comercial Javier Cosentino dictara una cautelar para inmovilizar los fondos del fideicomiso estudiantil. Con ello se buscaba frenar las transferencias a las agencias del 60% de las cuotas ceros acumuladas entre abril de 2007 y 2017 en el fideicomiso del Banco Nación. Pero lo más serio -anticipamos entonces- era la intención de la Asociación de que los $ 200 millones que ya habían recibido 75 agencias fueran devueltos a los usuarios, más intereses y costas judiciales.
Crisis del estudiantil: las operaciones dependen de la paciencia de los prestadores
A partir del pedido de la asociación de consumidores UCU, el juez Javier Cosentino embargó las cuentas de medio centenar de agencias de viajes estudiantiles por sumas millonarias. Desde la Faevyt sostienen que las operaciones hoy dependen de la paciencia de los prestadores y que los viajes están en peligro. Para la UCU son meras declaraciones mediáticas, “en vez de buscar soluciones judiciales”.
Y así fue que inició a principios de agosto alrededor de 70 demandas contra los operadores estudiantiles.
La novedad es que en los últimos siete días el juez Javier Cosentino trabó embargos preventivos contra medio centenar de agencias, por montos millonarios. En algunos casos llegó hasta los $ 40 millones. Por ejemplo, a una de las agencias más grandes del país -ligada a una empresa de transporte- le embargaron las cuentas en una docena de bancos por un total de $ 16 millones, más $ 4,9 millones para pagar intereses y abogados.
Como consecuencia, los operadores denuncian que es imposible operar y dependen de hasta dónde llegue la paciencia de los prestadores en destino: “Hoy dependemos de los proveedores. Si no podemos pagar la semana que viene tal vez se corten las prestaciones. Están en riesgo los viajes”, le explicó a este medio Adrián Manzotti, titular de la Comisión de Turismo Estudiantil y vicepresidente 2° de la Faevyt.
UN BY PASS PARA SEGUIR.
El plan acordado por los operadores para salir del freezer bancario y superar la emergencia es presentar al juez pólizas de caución por los montos embargados. Hasta el viernes pasado, ya había tres agencias que esperaban la aprobación del magistrado.
“En el mismo día que lo propusieron, nosotros lo consentimos. Como hicieron las agencias más serias, que empezaron a caucionar, lo que tienen que hacer el resto es ponerse al frente de la situación y salir a buscar soluciones”, señaló Karina Barreiro, representante legal de la Asociación UCU, quien comentó: “Eso de que van a cerrar me parece más una declaración para la prensa, en vez de ponerse a actuar judicialmente”.
El problema es que, según detalló Manzotti, la póliza no es gratuita: implica erogar el 5% del monto por el cual fueron embargadas las agencias, más el aporte de garantías respectivas. “No entiendo como una Asociación que dice defender a los usuarios tome medidas que los perjudican. Desde nuestra Federación hemos presentado un pedido de revocatoria y confiamos en que el juez reverá la medida en beneficio, justamente, de los consumidores, para que todos los viajes puedan realizarse con normalidad, como corresponde”, añadió el directivo de la Faevyt.
CÓMO SIGUE.
Por ahora la Faevyt lo que hizo recién el jueves pasado (casi dos meses después de la medida) es pedir que se levante la cautelar que inmovilizó el Fondo de Turismo Estudiantil, que se cite como tercero al ex Ministerio de Turismo de la Nación, que se declare la incompetencia para cambiar de fuero. La Asociación de consumidores ya contestó al juez pidiendo que se rechacen todas las pretensiones de la Faevyt: “Hasta aquí, queda claramente demostrado que la Federación no ha efectuado una crítica concreta y razonada de la sentencia que pretende sea revocada. En tal sentido, no ha detallado mínimamente cuáles son los agravios que justifican su queja ni tampoco las circunstancias que concurren para disponer la revocación de la resolución impugnada”.
A esta altura queda claro que la semana que viene será clave tanto en el ámbito judicial como en el comercial para ver si se logra desactivar una bomba equiparable a varios Snow Travel juntos.
Un juez veloz
Consultada respecto a la sorprendente velocidad que está teniendo el magistrado en las actuaciones, Karina Barreiro explicó: “La clave es que a cualquiera que le explicás lo que hicieron con la plata de los usuarios lo entiende en seguida. Cómo no lo va entender el juez de la causa”. La letrada de la UCU dijo que las agencias tienen que mostrar voluntad de devolver lo que percibieron indebidamente: “Y si se lo gastaron o invirtieron se puede hacer un acuerdo homologado con el juez, siempre que no perjudique a los usuarios”.
En números
$ 200 millones son los que las agencias recibieron por la devolución del 60% del Fondo y que ahora el juez tiene inmovilizados.
$ 40 millones es hasta donde llegan algunos embargos trabados por el juez Cosentino contra las agencias más grandes.
5% de lo embargado es el costo promedio de la caución que están presentando las agencias para conseguir que el magistrado libere las cuentas.
50 son las empresas embargadas.
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