Santa Fe: impulsan incorporar al turismo como derecho social y económico en su Constitución

La propuesta, ingresada formalmente en la Legislatura provincial el 26 de julio, busca que el turismo deje de ser entendido solo como una actividad económica o recreativa, y sea reconocido como un derecho fundamental vinculado al bienestar integral, la inclusión social y el desarrollo equilibrado de los territorios.

El documento, elaborado por los académicos y abogados de dicho instituto, lleva la firma de Cecilia Ines Molinari (presidenta), Christian Leandro Gauna Gómez (vicepresidente) y Gustavo N. Fernández (presidente Honorario).

Una visión amplia del turismo: herramienta de integración y ciudadanía

Según el documento técnico que acompaña el proyecto, el turismo no solo representa una fuente de empleo, divisas e inversiones, sino que también es un espacio de socialización, descanso, preservación del patrimonio y fortalecimiento de la identidad.

En esa línea, el equipo redactor –integrado por profesionales del derecho público, turismo, economía y ciencias sociales– propone que el texto constitucional incluya al turismo como derecho social, económico y cultural, en tanto actividad humana esencial para el desarrollo integral de las personas y de los pueblos.

Turismo como derecho: un enfoque anclado en la equidad

Uno de los ejes centrales del informe es el acceso equitativo. "El ejercicio del turismo está condicionado por factores estructurales: económicos, geográficos, físicos y culturales”, señala, para sostener que el Estado debe garantizar “las condiciones materiales para su realización, promoviendo políticas públicas que eliminen las barreras de acceso”.

En este punto, el documento destaca que el derecho al turismo se vincula con el derecho al descanso, a la recreación, a la cultura y a la movilidad territorial, todos ellos ya reconocidos en diversos instrumentos de derechos humanos. (Cierre del aeropuerto de Rosario: ¿qué pasará con los vuelos?)

Santa Fe promueve una reforma con impacto en políticas públicas

El reconocimiento del turismo como derecho social abriría la puerta a una batería de medidas concretas por parte del Estado provincial:

• Inversiones en infraestructura accesible e inclusiva.
• Promoción del turismo interno con enfoque de arraigo y desarrollo local.
• Fortalecimiento de la conectividad y las rutas culturales.
• Apoyo financiero a emprendedores y destinos emergentes.

Además, el proyecto prevé la creación del Consejo Provincial de Turismo, como órgano consultivo multisectorial para coordinar políticas interministeriales, evaluar impactos y promover la innovación, accesibilidad, sostenibilidad y calidad del sector.

Por su parte, desde el punto de vista jurídico, elevar el turismo al rango constitucional brindaría mayor seguridad normativa a políticas de largo plazo, al tiempo que posicionaría al sector como prioridad estratégica en términos sociales y económicos.

Una mirada estructural sobre el rol de la industria

El informe técnico remarca que el turismo debe entenderse como un fenómeno humano complejo, cuya garantía estatal excede el marco de la industria.

En ese sentido, advierte que relegarlo al plano económico invisibiliza su rol en la redistribución territorial, el arraigo poblacional y la democratización del ocio.

Al igual que el acceso a la educación, la vivienda o la salud, el derecho al turismo debe ser promovido activamente por el Estado, como condición para el desarrollo humano integral, expone el texto. (Santa Fe creó la Cámara de Turismo provincial)

Más argumentos de por qué el turismo debe ser parte de la Constitución de Santa Fe

La inclusión del turismo en la Constitución provincial no es una concesión simbólica ni una formalidad decorativa.

Los académicos explican que se trata de una decisión estratégica con fuerte anclaje en la realidad productiva, social, cultural y ambiental del territorio santafesino.

Tal como lo plantea el documento, el turismo ya cumple un rol central en la generación de empleo, arraigo territorial, identidad y oportunidades económicas, pero carece de un respaldo institucional que garantice su continuidad como política de Estado.

El turismo no es una actividad menor ni meramente recreativa, señala el texto, que advierte que su consolidación como motor de desarrollo se ve limitada por su falta de reconocimiento constitucional.

En este sentido, dotar al turismo de una base jurídica sólida permitiría planificar a largo plazo, blindar las políticas sectoriales ante cambios coyunturales, articular derechos y consolidar una gobernanza colaborativa entre el Estado, la sociedad civil y el sector privado.

La reforma, argumentan, no busca replicar normas ya existentes, sino consagrar el turismo como una dimensión estructural del desarrollo sostenible, inclusivo y participativo.

Desde una perspectiva integral, se trata de garantizar a ciudadanos, trabajadores y comunidades receptoras un acceso justo, equitativo y seguro al turismo, como expresión de ciudadanía plena y herramienta para el fortalecimiento territorial.

Desde el Instituto de Derecho del Turismo adelantaron que buscarán el respaldo de sectores académicos, asociaciones civiles y cámaras empresarias del sector turístico. El turismo como derecho es también una oportunidad para pensar políticas más justas, integrales y sostenibles.