Despidos en Parques Nacionales de Córdoba: alarmas por impacto en las áreas protegidas

En la provincia hay tres parques nacionales que dependen de APN: Parque Nacional Quebrada del Condorito, Parque Nacional Traslasierra-Pinas y Parque Nacional Ansenuza, los que se verían afectados por los despidos del personal.

María Llorens, delegada de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) de la Dirección Regional Centro de APN, confirmó a La Voz que en Córdoba son cinco los trabajadores despedidos: tres de la regional Centro, uno del Centro de Capacitación de Embalse, donde funciona la escuela de guardaparques, y otro de Ansenuza.

"Todos desarrollaban distintos proyectos y sus despidos tienen un gran impacto en los parques. Una trabajadora era guardaparque provincial de la Reserva Natural de la Defensa de Ascochinga y la única con la que contábamos en ese sector", afirmó.

Luego de los cinco despidos, en Córdoba queda un total de 90 empleados, pero ese número podría reducirse en junio.

¿Cómo es la situación en Córdoba?

"La gran mayoría de los trabajadores son precarizados. Hay compañeros con contratos desde hace 15 o 20 años. Y sería muy injusto que se quedaran afuera por una revisión trimestral", expresó.

A su vez, aseguró que es insostenible proyectar más allá de este lapso de tiempo, que es lo que requieren los planes de manejo de los parques.

Para la delegada esta situación es mucho más peligrosa para aquellos parques que cuentan con brigadistas, quienes realizan tareas fundamentales para su funcionamiento, tanto en el plan del manejo del fuego como en las tareas de mantenimiento.

Y más aún si se tiene en cuenta que cada año se pierden miles de hectáreas por incendios forestales.

Por último, resaltó la importancia de los trabajadores para sostener los tres parques cordobeses, por los recursos naturales con los que cuentan: grandes reservorios de agua, y flora y fauna autóctonas.

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Parques Nacionales: conflicto a nivel nacional

Las alertas por despidos surgieron en diciembre de 2023 cuando el Gobierno nacional, mediante el decreto 84, informó que darían de baja a los contratados firmados por el Ejecutivo en 2023, aunque, luego, los trabajadores manifestaron que no se respetó esa fecha.

En el organismo, de los 2.200 trabajadores, 1.194 eran contratados. Algunos, pese a tener 10, 15 o 20 años de trabajo, renovaban con frecuencia, y ahora estarían en la lista de las bajas.

Sumado a ello, durante al menos tres meses el organismo quedó paralizado, no se designaron autoridades. Y recientemente, fue nombrado en ese cargo, Cristian Larsen.

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Ahora, los trabajadores temen perder sus fuentes laborales ante la revisión de sus contratos, que sucederá cada tres meses.