Abrir una agencia de viajes ya es más fácil que manejar un Uber

La comparación comenzó a circular dentro del propio sector turístico y expone una contradicción cada vez más visible en la economía argentina: en algunos rubros se endurecen las regulaciones y los controles, pero en otros se avanza hacia modelos cada vez más abiertos y desregulados.

El fenómeno atraviesa mucho más que al turismo o las plataformas de movilidad. También refleja uno de los grandes dilemas del nuevo mercado laboral: cómo sostener actividad económica, profesionalización y protección al consumidor, sin volver inviables industrias apoyadas en el autoempleo, la flexibilidad y las bajas barreras de entrada.

Cuando regular también puede destruir el negocio

Buena parte del crecimiento de plataformas como Uber, DiDi y Cabify se explicó justamente por lo que ahora empieza a ponerse en discusión: la facilidad para ingresar al sistema.

Para miles de personas, manejar algunas horas por día representó, durante los últimos años, una salida laboral rápida, flexible y con costos relativamente bajos en medio del deterioro económico y la caída del empleo formal.

La reciente resolución judicial porteña que endurece las condiciones para operar aplicaciones de transporte, cambia parte de esa lógica.

El nuevo esquema exige licencias profesionales, seguros específicos para transporte de pasajeros, habilitaciones comerciales y mayores controles sobre vehículos y actividad.

La intención detrás de la regulación apunta a equiparar condiciones frente al sistema tradicional de taxis y remises y reforzar estándares de seguridad. Sin embargo, también abre una discusión económica mucho más profunda: cuánto peso regulatorio puede soportar una actividad sostenida por trabajadores independientes, ingresos variables y estructuras mínimas.

Porque buena parte del atractivo de las plataformas estaba precisamente en su flexibilidad. (Gobierno de Javier Milei: Nuevo secretario de Transporte)

Y ahí aparece la paradoja que comenzó a repetirse incluso dentro del turismo: hoy podría resultar burocráticamente más simple abrir una agencia de viajes, que manejar un Uber en la Ciudad de Buenos Aires.

Las agencias de viajes recorrieron el camino opuesto

Mientras las plataformas de movilidad suman controles, el turismo avanzó en los últimos años hacia un esquema mucho más abierto y desregulado.

La eliminación del histórico Registro Nacional de Agencias de Viajes del exMinTur redujo significativamente las barreras de entrada y modificó por completo la lógica tradicional del negocio turístico.

Hoy una agencia puede comenzar a operar con inscripción fiscal, habilitación comercial y acuerdos básicos con proveedores turísticos, sin las licencias nacionales habilitantes y garantías económicas que exigía el sistema anterior.

En la práctica, vender viajes ya no requiere necesariamente una estructura grande, oficinas físicas ni costos operativos elevados. El cambio impulsó el crecimiento de agencias unipersonales, y "blanqueó" el negocio de los freelancers y pequeños emprendimientos digitales.

El fenómeno democratizó el acceso al negocio turístico, pero también abrió nuevas tensiones dentro del sector: hay un mercado donde la competencia aumentó de forma explosiva, convive el intrusismo y los márgenes se redujeron fuertemente. (Faevyt suma un diferencial: sello de calidad para agencias de viajes)

Entre la tolerancia y la regulación: el dilema que ninguna ciudad logró resolver con Uber

La discusión sobre Uber, DiDi yCabify ya atraviesa a buena parte de las grandes ciudades argentinas, aunque todavía no existe un modelo único de regulación. Mientras algunas jurisdicciones avanzaron hacia esquemas más formalizados, otras continúan en una zona gris donde las plataformas funcionan con controles parciales, conflictos judiciales y fuertes tensiones con taxis y remises.

En la Ciudad de Buenos Aires, el reciente fallo judicial endureció significativamente las condiciones para operar. La decisión reabrió una discusión que ya aparece en distintas ciudades del país: cuánto puede exigirse a una actividad que creció justamente gracias a su flexibilidad, baja barrera de entrada y facilidad para generar ingresos rápidos.

Córdoba avanzó durante los últimos meses hacia uno de los modelos regulatorios más completos. Allí, las plataformas deben operar mediante registros municipales y los conductores necesitan licencia profesional, antecedentes penales, seguros especiales, inscripción impositiva y vehículos habilitados bajo determinados límites de antigüedad.

Mendoza, por su parte, desarrolló uno de los esquemas más estrictos del país. Los choferes deben tramitar habilitaciones provinciales, contar con revisión técnica obligatoria, seguros específicos y documentación fiscal al día; al tiempo que las plataformas pueden recibir fuertes multas si asignan viajes a vehículos no autorizados.

En ciudades turísticas como Mar del Plata, Rosario, Paraná y Bariloche, en cambio, las aplicaciones conviven con reclamos recurrentes de taxistas, debates sobre competencia desleal y dificultades de fiscalización, especialmente durante las temporadas altas.

En Salta, la Municipalidad legalizó formalmente las aplicaciones de transporte mediante una ordenanza específica que obliga a choferes y plataformas a cumplir requisitos similares a los del sistema tradicional. Entre las exigencias aparecen licencia profesional, libre deuda, antecedentes penales, seguros obligatorios, habilitación vehicular e inscripción oficial de conductores y unidades. Además, la ciudad realiza controles periódicos sobre autos y motos que trabajan con Uber y DiDi.

Puerto Iguazú muestra un escenario completamente distinto. Allí, el desembarco de Uber abrió fuertes tensiones con taxistas y autoridades locales, mientras el municipio intentó avanzar en restricciones y proyectos para limitar o prohibir las aplicaciones. Sin embargo, distintos fallos judiciales en Misiones comenzaron a cuestionar las sanciones municipales y sostuvieron que las app de transporte funcionan como una actividad privada y no como un servicio público tradicional.

El resultado es un escenario fragmentado, donde cada ciudad intenta encontrar su propio equilibrio entre control, seguridad, empleo y competencia.