El DNU de Javier Milei condiciona la operatividad en los Parques Nacionales

Entre las alarmas, desde el organismo recalcaron que la medida irrumpió la continuidad laboral de 246 personas que fueron contratadas en 2023, representando alrededor del 10% del total.

Asimismo, repudiaron que la iniciativa vigente limita la validez de otros contratos a tres meses, sujetos a revisión; al tiempo que indicaron que, si bien la mitad de la fuerza laboral tiene empleo permanente, el resto trabaja de manera temporal.

"Del total de 2.317 empleados hay 691 contratados bajo el Sistema Nacional de Empleo Público (Sinep) y 426 brigadistas que deben firmar contrato cada tres meses", detallaron desde APN, para agregar: "Acá, en Parques, todos cumplen función, por eso pudimos justificar la permanencia de todos los trabajadores. Pero quedamos en una situación complicada".

En este orden, enfatizaron los empleados custodian 5,3 millones de ha.de áreas protegidas. Esa superficie aumenta a 18 millones de ha. si se consideran también las áreas marinas.

Al respecto, los trabajadores de Parques Nacionales se movilizaron ante la amenaza de que a casi la mitad del plantel no les renueven los contratos. Se trata de 1.117 empleados y brigadistas que no pertenecen a la planta permanente de la Administración de Parques Nacionales.

Hubo banderas amarillas, pero en lugar de las serpientes libertarias se vieron frases como "Somos combatientes de incendios, no somos la casta" o "En Parques Nacionales no sobra nadie".

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Parques Nacionales en alerta por el futuro de la ley de Manejo del Fuego. Javier Milei apunta la desregularización del control sobre el medio ambiente

argentina.gob.ar.

Despiden Guardaparques y se complejiza la tarea en los Parques Nacionales

"Los profesionales no se limitan a tareas administrativas, ya que incluyen científicos dedicados a la investigación de la biodiversidad, brigadistas que combaten incendios forestales y responden a emergencias en la montaña, así como equipos encargados de señalización y mantenimiento de senderos", comunicaron desde Administración de Parques Nacionales (APN), para agregar que deben monitorear constantemente cada Parque en busca de posibles daños, robos o incendios provocados.

Al respecto, y en conversaciones con Tiempo Argentina, Andrea Torres, brigadista desde hace 10 años y empleada temporal en el Parque Nacional Los Glaciares, declaró que el decreto no permite planificar tareas futuras de investigación o profesionalización; así como indicó que la proporción de trabajadores por hectárea es mínima, especialmente considerando la amenaza de incendios forestales.

A su turno, Alejo Fardjoume, trabajador temporal del Parque Nacional Lanín en Neuquén desde hace 19 años, expresó su preocupación en una carta pública sobre el impacto de las medidas en la APN.

"Programas esenciales, como restauración, reintroducción de especies y monitoreo de aquellas en peligro de extinción, requieren más personal y apoyo técnico, profesional y administrativo para su ejecución eficaz", comunicó, para agregar: "Las medidas anunciadas representan una amenaza para los espacios protegidos y que los recortes propuestos son una puerta abierta al ecocidio".

Preocupación por el futuro de la ley de Manejo del Fuego

En plena temporada alta de incendios, el Gobierno busca modificar la ley 28.815 de Manejo del Fuego, que regula lo referido a los incendios rurales y forestales en el país, abriendo la puerta a la quema intencional de campos.

Si bien el presidente anunció en cadena nacional que alteraría dicha norma, la misma no fue publicada en el DNU, aunque no se descarta que figure en el próximo paquete de reformas que está "craneando" Javier Milei.

Cabe destacar que la ley 26.815 establece los presupuestos mínimos de protección ambiental en materia de incendios forestales y rurales en el ámbito del territorio nacional; al tiempo que creó el Servicio Nacional de Manejo del Fuego, que organiza las tareas de prevención y combate de incendios de Argentina.

Otro de los puntos más importantes de la ley es que los lugares afectados por incendios no podrán cambiar el uso y destino del territorio, para que en el lugar haya una correcta restauración, es decir no se podrán vender ni utilizar para otra actividad antes ya desarrollada, por 60 años en el caso de grandes arias naturales y por 30 años en caso de campos.

Javier Milei apunta la desregularización del control sobre el medio ambiente

El Gobierno de Javier Milei envió al Congreso un paquete de reforma del Estado y de la actividad económica, entre las que se encuentran una serie de desregulaciones que afectan legislaciones vinculadas a la conservación y protección del medio ambiente, como la ley de Glaciares, la ley de Bosques, y la ley de Protección Ambiental para Control de Actividades de Quema.

Los profesionales advierten sobre el extractivismo de recursos naturales y la soberanía de tierras; así como puntualizaron que las medidas abren una puerta a la quema intencional de campos y posibilita la actividad minera en esas zonas de glaciares.

• Ley de Bosques: actualmente la ley 26.331 protege a los bosques, los clasifica por su nivel de conservación, establece límites al desmonte y tiene en cuenta los intereses de las comunidades indígenas. El proyecto de ley enviado al Congreso modifica esta ley para permitir el desmonte en áreas zonificadas como zonas rojas y amarillas, donde actualmente no se permitía el desmonte. Además, en el proyecto desaparece el punto en el que se establece el acceso a la información de los pueblos indígenas, originarios, de las comunidades campesinas y otras relacionadas con respecto a las autorizaciones que se otorguen para los desmontes.
• Ley de Glaciares: cambia los artículos 1 y 2 de la ley N°26.639 a fin de habilitar la actividad económica en la zona periglacial y establece que la protección se extiende: dentro del ambiente glaciar, a los glaciares descubiertos y cubiertos, y dentro del ambiente periglacial, a los glaciares de roca o de escombros activos.
• Ley de Tierras: la derogación da vía libre a la venta indiscriminada de tierras a capitales extranjeros, tanto físicos como jurídicos. Se elimina la norma 26.737, aprobada en 2011 y que establecía el límite de 15% de tierras en manos de extranjeros. De esta manera, queda sin efecto la prohibición de “la venta a extranjeros de tierras que contengan o sean ribereñas de cuerpos de agua de envergadura y permanentes: mares, ríos, arroyos, lagos, humedales, lagunas, esteros glaciares, acuíferos."