El MinTur niega el vínculo laboral con su coordinador de estadísticas y asesor económico (y consultor favorito)

Se confundió la Organización Mundial del Turismo (OMT) cuando el 20 de noviembre de 2014 lo invitó a Tarelli como representante del MinTur a disertar en Nara, Japón, en un taller especial sobre estadísticas aplicadas al sector.

Todos los miembros del Directorio del Instituto Nacional de Promoción Turística (incluyendo al ministro Gustavo Santos y su secretario Alejandro Lastra) erraron al firmar el acta pública que refleja que Juan Pablo Tarelli, como parte del “equipo del área de Estudio de Mercados y Estadísticas de la Subsecretaría de Desarrollo” del MinTur, presentó en marzo de 2016 un diagnóstico del turismo receptivo. 

La Secretaría de Asuntos Políticos e Institucionales del Ministerio del Interior tuvo un desliz al inscribir a Juan Pablo Tarelli como asesor del Ministerio de Turismo en la audiencia pública mantenida por el equipo del ministro Santos con el presidente Mauricio Macri el 12 de abril de 2016.

El propio Ministerio de Turismo tuvo un lapsus cuando el 27 de junio de 2016 informó que el asesor económico Juan Pablo Tarelli había participado junto al ministro Gustavo Santos de la presentación del Plan de Metas del Turismo en Córdoba.

Hasta la Jefatura de Gabinete de la Nación tuvo un yerro al invitar a Tarelli a disertar sobre desarrollo regional como representante del Ministerio de Turismo el 27 de abril de 2017 en las Jornadas Reflexión Argentina 2030.

No dejó a nadie sin confundir el Ministerio de Turismo de la Nación (ver imágenes), que -ironías al margen- recién el miércoles pasado (ver recuadro) respondió al pedido de acceso a la información pública para aclarar: “No surge de los registros de la Dirección General de Recursos Humanos que el señor Juan Pablo Tarelli haya estado o esté en la actualidad vinculado laboralmente al Ministerio de Turismo” ni al Inprotur. Es más, la Dirección General de Recursos Humanos especificó que no fue ni es personal de planta permanente, tampoco contratado en forma transitoria por el Artículo 9 de la ley de empleo público, ni siquiera como autónomo para la prestación de servicios profesionales bajo el decreto 1109/17.  O sea, durante años (al menos siete) Tarelli fue una suerte de fantasma, que se entrevistó con ministros y hasta el Presidente de la Nación sin ser parte formalmente del MinTur que decía representar. Sin mencionar la extensa lista de empresarios y cohabitantes de Suipacha 1111 que testimonian haberlo conocido y haberles sido presentado como funcionario del Ministerio.

LO SUSTANCIOSO.

De todos modos, lo grave de esta historia no es la informalidad laboral enquistada en el sector público. Lo sustancial de la investigación realizada por este medio es el hecho de que alguien a quien el ministro Santos presenta como su asesor económico y que viene representando a la Dirección de Estadísticas hace años sea al mismo tiempo apoderado y cara visible (además de ex presidente) de una consultora, Macroconsulting, que recibió del organismo en la última docena de años un total de 17 contratos de consultorías por un valor estimado en US$ 3,6 millones (sin incluir los que recibió de las carteras de turismo provinciales, entre otros), de los cuales US$ 1,1 millones fueron otorgados por la actual gestión.

La información ya no corre solamente por cuenta de una investigación de La Agencia de Viajes Argentina, sino que a raíz del reclamo para hacer cumplir la ley de Acceso a la Información Pública ahora sí el Ministerio de Turismo debió -intimación mediante- detallar las contrataciones realizadas a Macroconsulting.

Tal como habíamos informado en la edición del 28 de mayo pasado, la primera orden de compra data de 2006 para la realización de un “Observatorio de Precios en el Sector Turismo”, por la cual se abonaron US$ 76 mil y cuyos resultados son absolutamente desconocidos en la actividad.

Pero es a partir 2009 -hasta la actualidad- cuando Macroconsulting empezó a recibir importantes consultorías. La más jugosa es la realización de la encuesta de viajes y turismo de los hogares (EVyTH), por la cual todos los años el MinTur desde 2010 desembolsa cerca de US$ 400 mil. Recordemos que a partir de 2009 y hasta mediados de 2012 Tarelli fue presidente del Directorio de la Sociedad que actúa como proveedor del Ministerio al menos desde 2006. En todos los casos, el asesor económico del MinTur aparece en las presentaciones de propuestas como Director General del Proyecto por Macroconsulting.

Al mismo tiempo, Tarelli, ya sea como coordinador del GAET de la Subsecretaría de Desarrollo Turístico o como asesor económico del ministro Santos, empezó a tomar vuelo propio dentro del organismo, aunque siempre junto al director de Estadísticas, Rodrigo Oliver. Juntos construyeron el recordado diagnóstico de la actividad que se presentó en la última reunión del Consejo Federal de Turismo en la gestión de Enrique Meyer, donde el análisis de los números de 2015 mostraba la solidez del crecimiento del turismo en esos años. Pero con diferencia de días (y de ministro en funciones) esa presentación se tiñó de amarillo para mostrar la herencia de “una demanda estancada” en el receptivo, la falta de diversidad de productos y mercados y el amesetamiento del interno.

Por eso no llama la atención que sea durante la gestión de Santos donde se lo haya visto más activo públicamente, acompañándolo a dos reuniones con el presidente Macri, diseñando el Plan Nacional de Turismo o siendo presentado como el responsable por parte del organismo de la implementación de la devolución del IVA a los extranjeros.

Situaciones que no fueron impedimento alguno para que Macroconsulting, con Tarelli como apoderado y cara visible, siguiera siendo contratada para la realización de la EVyTH -por $ 7,4 millones para 2018- o para un plan de capacitación realizado semanas atrás en la provincia de Corrientes por $ 641 mil.  

Recordemos que no sólo el MinTur desconoce cualquier tipo de vínculo laboral con Tarelli. El propio consultor le dijo a este medio (la única vez que nos atendió el teléfono) que no tenía nada que ver con el Ministerio, ni colaboraba con ellos. Luego aclaró que había asesorado y ayudado ad honorem, pero sin ningún tipo de relación laboral: “Mi relación contractual es con la Unsam (Universidad de San Martín) y si ellos me lo piden hago algunas cosas con el MinTur”. Respecto de Macroconsulting, dijo que sólo asesoraba y coordinaba algunos proyectos, pero sin relación legal (recordemos que fue su presidente durante años).

Son tan obscenas las irregularidades que los propios organismos de control del Estado están interesados en la investigación y abrieron sus propios expedientes.  Allí el silencio de los funcionarios ante este medio de nada debería servir.  

El silencio y otra mancha más al fantasma

Cuando este medio a fines de mayo se comunicó con las autoridades del Ministerio para que explicaran la situación nos topamos con una pared de silencio. A la semana siguiente de publicada la primera parte de la investigación el secretario de Desarrollo y Promoción Turística, Alejandro Lastra, dijo que “no hay nada que explicar” y se limitó a sugerir que recurriéramos a la Agencia de Información Pública. Eso hicimos el 6 de junio, cuando se inició un expediente para conocer el vínculo de Tarelli con el Ministerio y corroborar los contratos celebrados entre el organismo y Macroconsulting.

El artículo 11 de la ley de acceso a la información pública establece un plazo de 15 días hábiles para dar cumplimiento a la solicitud. El 2 de julio el Ministerio de Turismo seguía sin dar respuestas, con lo cual se inició un nuevo expediente de reclamo ante la Agencia de Información Pública, la cual decidió intervenir para intimar al MinTur a dar cumplimiento a la ley 27.275 en el plazo de cinco días.

Recién el 11 de julio (35 días después del pedido original) el Ministerio decidió dar respuesta al reclamo. El organismo adujo que “motivos externos relacionados con las modificaciones estructurales acaecidas en marzo” les habían impedido recibir a tiempo la derivación del expediente, por lo cual consideraban haber dado respuesta al pedido en tiempo y forma.

El titular del organismo de Acceso a la Información Pública decidió el viernes pasado archivar las actuaciones, no sin antes aclarar que “esta Agencia toma debida nota que la solicitud de acceso a la información fue contestada fuera de los plazos establecidos en el artículo 11 de la ley”.