El diputado nacional por el Frente para la Victoria de Formosa y vicepresidente de la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados de la Nación, Ramiro Fernández Patri, presentó un proyecto de ley para que se sancione la Emergencia Turística, cuya letra chica ya está siendo analizada por los abogados de las diferentes asociaciones de Turismo.
El oficialismo busca declarar la Emergencia Turística
El documento, que antes de conocer la luz fue observado por el ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens -aunque éste no se pronunció al respecto-, tiene por objeto brindar un marco de protección y auxilio a las pymes turísticas en el contexto de la crisis generada por la pandemia; así como brega por la conservación del empleo.
CONSIDERANDOS DE LA EMERGENCIA.
Respecto a los alivios fiscales, el proyecto insta por la suspensión del inicio de las ejecuciones fiscales y el trámite de las que se encuentren en curso, hasta el 31 de diciembre de 2020; busca el diferimiento de los impuestos nacionales que operen hasta el último día del año; quiere dejar sin efecto la caducidad de los planes de pago de los impuestos nacionales, que pudieran producirse o haberse producido durante el plazo comprendido entre el 12 de marzo de 2020 y el 31 de octubre de 2020 inclusive; y plantea que las pymes turísticas estén exentas del pago del impuesto a los débitos y a los créditos.
Por otra parte y tras exhortar por créditos a tasa cero para la adquisición de equipamiento y tecnología que permitan garantizar la seguridad sanitaria de los trabajadores, el texto presentado por el diputado Fernández Patri busca también incentivar el turismo interno. Para ello, propone la reducción del 50% del IVA a la hotelería y el otorgamiento de un subsidio mensual equivalente a un salario mínimo vital y móvil, a favor de los guías de turismo que se encuentren inscriptos en los Registros Provinciales.
PROYECTO DE LEY BAJO ANÁLISIS.
Entre las disposiciones que encendieron particularmente las alarmas de las gremiales empresariales, la iniciativa contempla un capítulo aparte para la protección de los usuarios de los servicios turísticos en el contexto de la pandemia.
Al respecto, el proyecto dispone que los turistas con viajes cancelados tendrán derecho a la devolución de lo abonado tanto en vuelos como en cruceros, y que las compañías podrán ofrecer otras opciones de compensación, como vouchers para servicios similares, transferibles, sin cargo hasta septiembre de 2022, condicionados a la aceptación por parte del pasajero.
Sin embargo y en rigor de bajarle algunos tonos al debate, desde Suipacha 1111 advirtieron que el tema de las devoluciones se resolverá por otra vía.