Una ciudad de Salta le pone precio al rescate: el debate entre prevención y el derecho a la asistencia

El municipio plantea que quienes se extravíen o exijan un operativo tras haber eludido señalización, ingresar por pasos no habilitados o incumplir protocolos deberán afrontar el costo del rescate, que se calculará según la magnitud del operativo y recursos movilizados. La iniciativa excluye a quienes respetaron las normas o sufrieron accidentes fortuitos.

En diálogo con el portal Aries, el concejal Juan Pablo Dávalos explicó que el proyecto tiene como finalidad la prevención y busca reasignar costos evitables para mantener operativas las brigadas de rescate.

Por su parte, para los críticos, la medida podría atentar contra la posibilidad de pedir ayuda de inmediato y generar un problema de acceso a la asistencia en situaciones límite. (Parques Nacionales aprobó el nuevo reglamento de guías de turismo: categorías, requisitos y trámites)

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La iniciativa establece que:

• Se podrá imputar el costo del operativo a la persona rescatada cuando la investigación municipal determine incumplimiento de normas (ingreso por sectores vedados, evasión de señalética, ausencia de registro obligatorio, etc.).
• No se cobrará cuando el extravío o accidente ocurra dentro de senderos habilitados o en circunstancias claramente fortuitas.
• El monto será proporcional al tamaño y complejidad del operativo: horas de personal, medios técnicos y materiales utilizados.

Motivos y argumentos oficiales

Desde la comuna se aduce que los operativos de búsqueda y rescate demandan recursos humanos y logísticos significativos que, en muchos casos, derivan de decisiones imprudentes evitables.

El objetivo declarado es desalentar conductas de riesgo, mejorar el cumplimiento de protocolos, promover la seguridad, y canalizar recursos hacia prevención, señalética y guardaparques.

Críticas y riesgos planteados

• Efecto disuasorio: personas en peligro podrían retrasar o evitar pedir ayuda por miedo al costo.
• Ambigüedad jurídica: definir cuándo hubo “negligencia” o “incumplimiento” puede ser subjetivo y dar lugar a controversias.
• Acceso desigual: turistas con menor información o recursos podrían verse más afectados.
• Percepción del destino: si se interpreta como sanción excesiva, puede impactar en la demanda del turismo de naturaleza.