Desde hoy rige en Argentina una profunda reforma migratoria que impacta de lleno en los requisitos de ingreso, permanencia y acceso a servicios públicos para extranjeros. Aunque la medida apunta a regularizar y agilizar los procesos de deportación, también introduciría cambios para el turismo receptivo, tanto para los viajeros que arriban al país por turismo y negocios, como otras estadías temporales.
Reforma migratoria: nuevos requisitos de ingreso para extranjeros
Javier Milei endurece los requisitos de ingreso, permanencia y acceso a servicios públicos en Argentina. Qué implican los cambios para el turismo receptivo.
Los nuevos requisitos de ingreso al país impactan en el turismo receptivo.
La medida, formalizada mediante el Decreto 366/2025 pero cuyo capítulo aún no está reglamentado, endurece los criterios para obtener o conservar la residencia en Argentina, y redefine las condiciones de acceso a educación y salud pública según el estatus migratorio, diferenciando entre residentes permanentes, temporarios y personas en situación irregular.
Sin embargo, desde Suipacha le confiaron a este medio que desde Migraciones no apuntan a desalentar el arribos de turistas extranjeros.
Al respecto, indicaron que la esencia de la medida impulsada por el Gobierno es coartar con los inmigrantes "vivos" que arriban al país para usar servicios públicos gratuitos que no disponen en sus países y que no contribuyeron con sus impuestos a financiarlos.
Alertados por la preocupación de los operadores, desde el organismo aclararon que la prioridad es trabajar conjuntamente la Reglamentación para que la iniciativa no afecte al turismo receptivo internacional. En ese sentido, está confirmado que la semana que viene Daniel Scioli y la CAT se reunirán la semana que viene con Migraciones por este motivo.
Salud pública: se exige seguro médico a los residentes temporarios
En el plano sanitario, la reforma establece que los extranjeros con residencia temporaria deberán contar con un seguro de salud para poder ingresar al país o mantener su estatus regularizado. La falta de cobertura médica podrá ser motivo de inadmisión al momento de entrar al territorio nacional.
Pese a esta exigencia, la normativa aclara que en situaciones de emergencia no podrá restringirse el acceso a la atención médica ni a la asistencia social, sin importar la condición migratoria de la persona. La restricción se aplicará exclusivamente a consultas programadas y tratamientos médicos no urgentes.
Requisitos de ingreso y nuevas causales de inadmisión
El ingreso al país quedó limitado exclusivamente a los pasos fronterizos habilitados, y será obligatorio presentar una declaración jurada con los motivos del viaje y la contratación de un seguro de salud.
El decreto suma nuevas causales de rechazo en frontera, como:
- Haber sido condenado (en Argentina o en el exterior) a una pena de prisión de tres años o más, sin importar su cumplimiento efectivo.
- Presentar documentación falsa o adulterada.
- Omitir antecedentes penales o realizar fraude para obtener beneficios migratorios.
- Ingresar por pasos no habilitados o sin pasar por controles migratorios.
- Estar vinculado a delitos de lesa humanidad, terrorismo o genocidio.
En estos casos, la Dirección Nacional de Migraciones podrá imponer una prohibición de ingreso mínima de cinco años, con posibilidad de ampliación según la gravedad del caso.
En el siguiente enlace se puede consultar el Decreto 366/2025.
Régimen de deportación: se podrá perder la residencia permanente
Uno de los aspectos más sensibles de la reforma es la ampliación de las causales de expulsión, incluso para residentes permanentes.
La pérdida de residencia podrá aplicarse a extranjeros que:
- Cometan delitos dolosos (sin importar su modalidad de cumplimiento).
- Permanezcan más de un año fuera del país (permanentes) o más de seis meses (temporarios).
- Ingresen sin control migratorio, carezcan de domicilio declarado o excedan el tiempo de estadía permitido.
- Desnaturalicen los motivos declarados para su ingreso.
Antes de ser deportados, los extranjeros podrán ser retenidos por las autoridades migratorias, mientras se completa el procedimiento.
Un giro en la política migratoria
La reforma migratoria representa un cambio de paradigma en la política migratoria argentina, tradicionalmente basada en el acceso universal a derechos como la salud y la educación.
El nuevo esquema introduce un enfoque más restrictivo, con criterios diferenciados según el estatus migratorio, en línea con la intención del Gobierno de reforzar el control fronterizo y facilitar el proceso de deportación.
Si bien se mantienen garantías básicas -como la atención médica de emergencia y la escolarización obligatoria-, la medida abre el debate sobre el equilibrio entre soberanía migratoria y derechos humanos, especialmente en contextos donde las poblaciones migrantes ocupan roles clave en sectores laborales, educativos y comunitarios.
Educación pública: acceso garantizado hasta el nivel secundario
Según la nueva normativa, los inmigrantes con residencia temporaria podrán continuar accediendo sin restricciones a la educación inicial, primaria y secundaria, tanto en instituciones públicas como privadas, incluso si su situación migratoria no estuviera regularizada.
No obstante, el acceso a la educación superior pública deja de ser completamente gratuito para los extranjeros no permanentes. A partir de ahora, las universidades estatales podrán cobrar aranceles a los estudiantes extranjeros temporarios, aunque estos seguirán siendo elegibles para becas ofrecidas por el Estado argentino, organismos internacionales u otras entidades.
Nuevas condiciones para la naturalización argentina
El decreto también introduce cambios en el régimen de naturalización. Los extranjeros mayores de 18 años que hayan residido al menos dos años de forma continua en el país podrán solicitar la ciudadanía, siempre que acrediten su estatus y manifiesten su voluntad ante la Dirección Nacional de Migraciones.
Además, quienes realicen inversiones "relevantes" para la economía argentina también podrán aspirar a la naturalización, sin necesidad de cumplir con el plazo mínimo de residencia. Será el Ministerio de Economía el encargado de determinar la relevancia de las inversiones.
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