En defensa de El Palomar

La cuestión del dinero.

Las empresas estuvieron representadas en la ocasión por sus respectivos máximos responsables, el gerente general de JetSmart, Gonzalo Pérez Corral; y el CEO de Flybondi, Sebastián Pereira. Más allá de las complicaciones de redibujar toda su malla operativa para comprimirse a la limitación de operar entre las 7 de la mañana y las 22 horas, se destruye su ecuación económica porque dejarían de utilizar sus aviones al máximo. “Nuestros aviones no pernoctan en el interior del país, así que el último vuelo de partida desde El Palomar debería realizarse a las cuatro de la tarde para que pueda cumplir con la programación y regresar antes de las 22”, explicó el responsable de rampa de una de las low cost. De entrar en vigencia la medida, Flybondi sería la más afectada porque es la que más vuelos opera desde EPA. Esa afectación podría llegar al 20% del total de su programación. Esto podría traducirse, además, como 12 rutas involucradas y casi 1 millón de usuarios perjudicados.

De hecho, es casi imposible mantener la red actual, ya que algún destino perderá sí o sí su vuelo o alguna frecuencia. Esta cuestión, justamente, viene preocupando a más de un gobernador que lo ha manifestado públicamente. “Los gobiernos provinciales están muy preocupados por esta medida porque tiene impacto directo en la oferta y conectividad que reciben sus provincias”, señaló Pereira.

¿Se sienta un precedente?

“Lo más preocupante de esta medida es que afecta directamente a miles de trabajadores y pone en riesgo la sustentabilidad del negocio de la compañía”, señaló Pereira. Y continuó: “El amparo coloca a toda la industria frente a una vulnerabilidad regulatoria enorme para los demás aeropuertos, como Aeroparque o Ezeiza, que operan en condiciones urbanas y operacionales similares o peores a las de El Palomar”.

El caso tiene una arista diferencial, hasta ahora El Palomar no contaba con operatoria comercial, los otros aeropuertos sí y hace mucho. Es difícil atender hoy el reclamo de un vecino de Ezeiza molesto con el aeropuerto cuando éste existe como tal desde hace décadas. Con El Palomar es distinto, allí había una base aérea militar desde principios del siglo XX, no un aeropuerto comercial. El cambio de estatus también generó un cambio inevitable en las variables, la polución sonora por ejemplo.

Lo atendible del caso de El Palomar, es que queda claro que se necesita mucha más política y menos velocidad. Hacer las cosas de prepo y a las apuradas nunca es aconsejable. Una ronda de audiencias, de reuniones con los vecinos “opositores”, una mesa de diálogo que considere sus planteos podría haber resuelto el tema, sin enervar las posiciones, ni llegar a los extremos, ni darle intervención a la Justicia.

Argumentos políticos.

El intendente de Morón, Ramiro Tagliaferro, fue parte de la presentación y sus argumentos apuntaron a lo histórico: “Nacimos entre aviones”, dijo. El funcionario comunal detalló que su municipio es uno de los pocos en el mundo que tiene dos aeropuertos en su ejido (Morón y El Palomar). Su planteo apuntó a “desconfiar” de la oposición de los vecinos habida cuenta la proyección histórica de la actividad aeronáutica en la región casi desde principios del siglo XX. Pero no comentó si era posible dialogar con los vecinos disidentes, por más minoritarios que sean, y si algún ofrecimiento monetario desde el municipio (exención del ABL, por ejemplo) podría ayudar a mermar la pérdida de valor de las propiedades más afectadas por la polución sonora, producto de la nueva operatoria comercial de El Palomar.

A su turno, el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, encendió la alarma sobre las consecuencias de un achique y hasta un cierre hipotético de El Palomar, y su efecto en la pérdida de casi 1.000 empleos. “Es un puñado de gente que responde a posiciones políticas y no representa a nadie; su propósito es dañar a un espacio político o al presidente de la Nación, pero en realidad afectan a un montón de trabajadores. Porque muchos se benefician del aeropuerto, pilotos auxiliares de abordo, personal de la terminal, pero también comercios de la zona, remiseros y por supuesto los pasajeros. Por eso el 80% de los vecinos está a favor de que el aeropuerto funcione”, comentó Dietrich.

El ministro terminó apelando a un clásico: linkeó la situación a la grieta política porque según el funcionario el denunciante (el abogado Lucas Marisi, de la organización “Stop Flybondi”) está vinculado al kirchnerismo.