En cuestión de semanas varios funcionarios vinculados a Turismo tuvieron una exposición mediática inédita para la actividad, aunque esta vez por motivos que los haría desear seguir en el ostracismo.
El caso Díaz Gilligan, otra denuncia que pone en primera plana a funcionarios vinculados al turismo
El coordinador del Gabinete Interministerial del Turismo fue señalado por el diario El País por “ocultar” US$ 1,2 millones en un banco de Andorra, en una cuenta que se cerró a fines de 2014 al asumir como director en el Ente de Turismo porteño. Gilligan dijo que todo fue legal y que figuró en la firma para “hacerle un favor” a su amigo Paco Casal. La OA señaló que investigará el caso. El Gobierno salió a respaldar al funcionario.
Primero estuvo el impacto del decreto contra el nepotismo, que obligó al ministro Gustavo Santos a pedir la renuncia de su hijo y jefe de Gabinete de Asesores, Matías Santos. Además, se le impuso la tarea de recortar otros cargos jerárquicos. En el medio, renunció silenciosamente el subsecretario de Inversiones, Ramiro Alem, quien inmediatamente volvió a la consultora (también de inversiones) que había creado antes de asumir.
Pocos días después, ya entrado febrero, la ONG de Margarita Stolbitzer publicó un informe donde se denunciaban contratos de cuatro ministerios con consultoras, los cuales –señalaba- podrían implicar “conflictos de intereses y la supuesta sustitución de las tareas del personal estatal”. Dos de los casos apuntaban al Ministerio de Turismo, por contrataciones de un total de $ 10 millones.
Pero la denuncia donde Turismo no debió compartir marquesina mediática es la que involucra al subsecretario general de la Presidencia y coordinador de Gabinete Interministerial del Turismo, Valentín Díaz Gilligan.
LA DENUNCIA.
La investigación del diario español El País reveló que Díaz Gilligan “ocultó” US$ 1,2 millones en un banco de Andorra, donde hasta el pasado año regía el secreto bancario. La cuenta abierta en 2012 estuvo a nombre de la empresa británica de intermediación de jugadores de fútbol Line Action, de la cual Díaz Gilligan era representante y accionista hasta noviembre de 2014.
En su descargo al medio español (el funcionario no atendió los llamados de La Agencia de Viajes) el coordinador del Gabinete Interministerial de Turismo sostuvo que el dinero no era suyo y que aceptó ser accionista y director de Line Action para darle una mano a su amigo Francisco Casal, titular de GolTV y empresa donde Gilligan era asesor. “Tenía problemas en su país y me pidió el favor. Tenía un juicio con el fisco que ganó y no podía figurar. Confiaba en él. La plata nunca fue mía. Además, yo no ejercía entonces cargo público. Era asesor y facturaba como autónomo”, explicó. Efectivamente, Díaz Gilligan, que es máster en Economía y Finanzas, era en ese periodo asesor del Ministerio de Modernización.
Según su versión, pidió que lo sacaran de la cuenta apenas asumió a fines de 2014 como director de Promoción Turística del Ente porteño (donde era titular el actual secretario general de la Presidencia, Fernando de Andreis). “No me parecía bien continuar, ya ocupaba un cargo político. Tenía una exposición pública, no quería estar en una sociedad donde no tenía ningún control. No había incompatibilidad, no era ilegal, pero era una actividad que, además, no me generaba ningún ingreso”, explicó Díaz Gilligan.
Ya en su descargo en la agencia pública Télam, cuando el tema había estallado en todos los medios, el funcionario –cuya mujer también ocupa un cargo en el Ministerio de Turismo- dijo directamente que “la información en la que se me acusa de haber ocultado un millón de dólares es falsa, ya que no obtuve compensación alguna por parte de la empresa mencionada. Ni sueldo, ni honorarios, ni dividendos. Ni durante ese período, ni tampoco posteriormente. Por esta razón es que no tuve ingresos que declarar en Argentina”, afirmó Díaz Gilligan.
LA INVESTIGACIÓN.
Al mismo tiempo que el Gobierno salía a respaldar a su funcionario, la Oficina Anticorrupción (OA) hizo público que investigará la denuncia y solicitará aclaraciones al subsecretario. Según la ley vigente, explicó el organismo, los funcionarios deben declarar el patrimonio y sus antecedentes laborales de los últimos tres años al momento de asumir el cargo.
Por eso, la OA solicitará autorización para proceder a la apertura de los anexos reservados de sus declaraciones juradas, pedirá información a la Unidad de Información Financiera, requerirá que el Gobierno de la Ciudad informe si el funcionario estaba obligado a presentar declaraciones juradas y envíe copias de las mismas, y buscará ampliación de los datos a la Banca Privada d´Andorra (BPA, donde estaba la cuenta).
“ESTAMOS TRANQUILOS.”
El jefe de Gilligan en el Ente de Turismo porteño y ahora también en Balcarce 50, Fernando de Andreis, fue el encargado de salir a respaldarlo: “Estamos tranquilos con las explicaciones que viene dando”. Según el alto funcionario, el coordinador del Gabinete Interministerial de Turismo “no tiene una empresa offshore ni nada que se le parezca. Fue asesor de varias empresas. Recordemos que es una situación previa a que asumiera como funcionario”. Cumpliendo con el rictus que se ha utilizado en casos similares en otros carteras, De Andreis dijo que está todo a disposición de la Justicia y de la OA para que se realicen las investigaciones necesarias.
Temas relacionados