Parques Nacionales y guías de turismo: polémica por la desregulación y apoyo judicial al amparo contra el DNU

La decisión, que ahora debe ser analizada por la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, podría frenar la implementación de las medidas previstas para el 15 de septiembre.

De esta manera, el caso se convirtió en un punto de quiebre entre la política de liberalización impulsada por el Gobierno, y las demandas de los sectores que priorizan la conservación ambiental y la calidad del turismo en entornos naturales.

Parques Nacionales: qué cambió con la desregulación

Las resoluciones 61 y 62 publicadas en marzo por la Administración de Parques Nacionales eliminaron la obligatoriedad de contratar guías de turismo en la mayoría de las excursiones, salvo en actividades consideradas de alto riesgo.

También simplificaron trámites y relajaron los requisitos de formación, bajo el argumento de fomentar la competencia, agilizar procesos y democratizar el acceso al turismo en áreas protegidas.

Sin embargo, estas medidas generaron un fuerte rechazo de asociaciones de guías, organizaciones ambientales y profesionales del sector turístico.

Para ellos, la normativa debilita la conservación, precariza el trabajo de los guías y afecta la seguridad de los visitantes en entornos naturales que requieren conocimientos específicos.

Qué dice el dictamen de la Fiscal federal

En su dictamen, la fiscal Ávila sostuvo que el fallo inicial -que había considerado el tema como un conflicto administrativo- debía ser revocado y que el amparo debía ser admitido.

Entre los principales argumentos, la funcionaria destacó que:

• El derecho ambiental es un derecho humano fundamental, base para el ejercicio de otros derechos.
• La desregulación desvaloriza la función de los guías como educadores ambientales, agentes de conservación y responsables de la seguridad de los visitantes.
• Las resoluciones colisionan con normas superiores como la Ley General del Ambiente, el Acuerdo de Escazú y la Convención de Patrimonio Mundial de la Unesco.
• Deben aplicarse principios jurídicos como la precaución, progresividad y el “in dubio pro natura”, que obliga a favorecer la interpretación más protectora del ambiente.

De esta manera, el dictamen refuerza la idea de que la cuestión no se limita a la regulación de un servicio turístico, sino que involucra derechos colectivos y bienes de interés público. (Adiós a los guías de turismo obligatorios)

Lo que viene: definiciones clave

Con el dictamen de la fiscal, la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia deberá resolver si admite el amparo y frena la entrada en vigencia de la desregulación.

El 15 de septiembre es la fecha prevista para la plena aplicación de las resoluciones, por lo que la decisión judicial tendrá un impacto inmediato en el sector.

De prosperar el amparo, se abriría un debate más amplio sobre el rol del Estado en la gestión de los Parques Nacionales, la regulación del turismo en áreas protegidas y la profesionalización de los guías.

Por el contrario, si la Cámara convalida las resoluciones, Argentina avanzaría hacia un modelo de mayor liberalización, en línea con la agenda de desregulación que impulsa el Gobierno nacional.

Guías de turismo: la respuesta del sector turístico y ambiental

Ante esta situación, Aguisac había presentado en abril un amparo ante el Juzgado Federal de Río Gallegos, solicitando la nulidad de las resoluciones. La entidad argumentó que la desregulación vulnera derechos ambientales y laborales, además de contradecir tratados internacionales firmados por la Argentina.

La medida tuvo un amplio respaldo de colegios profesionales, cámaras turísticas y asociaciones de guías de todo el país, que realizaron protestas en ciudades como El Calafate, Bariloche y Ushuaia. También se sumaron organizaciones ambientales que advierten sobre el impacto que la flexibilización podría tener en la conservación de ecosistemas sensibles.

Un debate entre conservación y liberalización

El caso de los Parques Nacionales refleja un choque de visiones: por un lado, la política de desregulación que busca abrir el juego a un turismo más flexible y competitivo; por otro, la defensa de un modelo basado en la conservación, la profesionalización y la sostenibilidad.

La definición judicial no solo impactará en los guías de turismo y en el sector turístico, sino también en la forma en que Argentina concibe el equilibrio entre accesibilidad, desarrollo económico y protección ambiental en los espacios naturales más valiosos del país.